Por Oscar Elía Mañú · GEES. Desde el punto de vista de los regímenes políticos, hay dos características de la sociedad democrática contemporánea que la hacen especialmente débil. La primera es un escaso apego a la memoria. Cuenta el presente, el corto plazo, la venta inminente, la próxima encuesta, la siguiente elección. La historia desaparece, como no sea como instrumento para el apaño diario. La segunda es la superficialidad en el juicio. Las sutilezas intelectuales están fuera de lugar en la época de los grandes titulares y la encarnizada lucha política, mediática y cultural, donde los hechos y los argumentos se supeditan a la munición política, ideológica o económica.

Por ambas cosas, se olvida una enseñanza histórica no por desagradable menos cierta: ni la democracia está garantizada para siempre, ni su derrumbe es fruto de una conspiración o un pacto malicioso y brutal. Los golpes de Estado y las revoluciones que acaban con una democracia raras veces son espontáneos. Casi siempre vienen precedidas de un colapso institucional irreversible, que abre las puertas a los sangrientos demagogos y a las dictaduras de izquierdas o derechas. Otras veces, la democracia y la libertad mueren lánguidamente, sin exabruptos, sin tanques, manifestaciones ni disparos.

España no es una excepción. Los españoles disfrutan de una democracia constitucional equiparable a las de Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Pero, ¡cuidado!, las democracias nacen y mueren. Nos parece que la democracia es el estado natural del ser humano, pero no lo es en absoluto. La gran falacia progresista ha hecho creer que el discurrir de la historia trae consigo prosperidad y libertad. Nada más lejos de la evidencia histórica. El régimen constitucional es posible porque los hombres, aquí y ahora, han decidido dotarse de unas instituciones determinadas, caracterizadas por unos valores cívicos y morales determinados. ni unos ni otros están garantizados y son indestructibles. Y la clave está en el aquí y ahora.

Los hombres han creado estas instituciones, pueden fortalecerlas, pero también destruirlas. Por irresponsabilidad o por sectarismo, el gobierno de Rodríguez Zapatero se dedica a esto último; a la ruptura constitucional y al cambio de régimen, cambio de sus instituciones y de los valores morales que las sustentan. Hoy, un Gobierno que no cree en la democracia constitucional-parlamentaria actúa contra el Estado, usa la Constitución contra la Constitución, y usa las instituciones contra sí mismas, desgastándolas y deteriorándolas progresivamente. En nombre de la democracia se pacta con sus enemigos, se miente a los ciudadanos, se manipulan datos o se ocultan rupturas legales. Institucionalmente, nada de esto sale gratis.

Además, la osadía del ignorante, el descaro del golfo y el triunfo del oportunista corroen hoy las instituciones democráticas. El poder judicial es una extensión del poder ejecutivo y legislativo, a su vez extensiones de los partidos políticos, reinos de banderías y ambiciones. La progresiva deslegitimación de las instituciones va a la par de la deslegitimación de la élite política. En la calle, el sano escepticismo respecto a ella da paso al desprecio, la aprehensión, la desconfianza enfermiza ante los políticos, a su vez, entremezclados obscenamente con los poderes económicos o con los medios de comunicación. Hoy en España una fractura se abre entre el ciudadano de a pie y lo que Aron llamaba las categorías dirigentes; la sensación de fraude, de gran teatro, de escamoteo escenificado sin pudor ni vergüenza alguna ante la elite política, económica, mediática.

:: Apatía cívica y resentimiento

Cuando esto se agudiza, aparecen dos actitudes sociales; la apatía cívica o el resentimiento y la frustración. Las dos dejan la democracia sentenciada a muerte. O se convierte en una suerte de dictadura populista-burocrática, donde el ciudadano es súbdito de fuerzas técnicas e ideológicas ciegas, o aparece la figura del demagogo, aquel que promete todo a cambio de todo, y que arrastra hacia el caos a masas enfurecidas. Desde Platón a Tocqueville o Marx, esta alternancia histórico-política aparece entre irreversible y temible. Ningún país, y mucho menos España, escapa a esta ley histórico-sociológica.

Pero pesimismo, el justo. El régimen constitucional no tiene garantizada su supervivencia; tampoco su destrucción. España no está condenada a caminar mansamente hacia la servidumbre burocrática o las garras de demagogos. El liberalismo es precisamente aquel capaz de lograr un equilibrio inestable pero duradero en la historia. Ni estamos obligados a asistir silenciosos a la agonía constitucional, ni estamos obligados a esperar acontecimientos críticos. Que los valores constitucional-liberales no quedaran bien encarnados en la Constitución de 1978 y que el Gobierno los combata abiertamente no significa que más allá de ellos no exista el abismo. Con el descrédito de la política, la sociedad civil liberal que ha eclosionado en nuestro país desde 2004 tiene ahora su momento. Debe empezar por resistirse intelectual y moralmente al vendaval progresista que está derribando las instituciones constitucionales. Y tiene la obligación de proponer reformas siguiendo su propia tradición política. Ante el desmorone institucional esconderse no es ya una opción, porque más allá nos espera el abismo. Cada vez más cerca.

Compártelo