Por Carlos Echevarría Jesús · GEES. Diversos acontecimientos que se han superpuesto en el último mes muestran la vitalidad del terrorismo yihadista salafista en lo que a nuestro país respecta. Se trata por un lado de una referencia a España en uno de los análisis anuales que más impacto tienen a escala mundial como es el Análisis de Tendencias por Países sobre el Terrorismo 2009 —con datos referidos a 2008, durante el que destaca que fueron detenidos en España hasta 65 sospechosos pertenecientes a Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI) y al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM)— del Departamento de Estado de los EEUU, en el que España aparece señalada no sólo como zona de paso así como de actuación esporádica para las células y redes terroristas, algo que nadie ni dentro ni fuera de nuestro país podría cuestionar, sino como un “cruce de caminos estratégico para los grupos terroristas internacionales” y objetivo principal “del terrorismo interno y del extremismo islámico”. Siempre de interés, e inquietud, para España es el hecho adicional de que tras destacar la gravedad de la amenaza en la denominada por el Departamento de Estado región del “Trans-Sáhara” en la que sucesivamente los EEUU han aplicado la Iniciativa Pan-Sahel y ahora la Iniciativa Trans-Sahariana Contraterrorista (TSCTI, en sus siglas en inglés), en la actualidad el peligro se vería incrementado por los efectos de la crisis económica global, que en el Magreb afectará a la mano de obra nacional de los diversos países y en España a la población inmigrada, incluyéndose aquí a la muy nutrida población musulmana con los marroquíes a la cabeza pero con números importantes de paquistaníes si nos referimos a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Cabe además destacarse que este Informe fue presentado por Ronald Schlicher, Coordinador interino de Contraterrorismo del Departamento de Estado, el 30 de abril en Washington DC, algunos días después de que la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) presentara ante el Parlamento Europeo su Informe Anual sobre la Situación del Terrorismo en la UE en el que se especifica cómo crece en España la amenaza de un ataque del terrorismo yihadista salafista así como las actividades de reclutamiento y de financiación.

En segundo lugar, la Sentencia nº 31/09 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 30 de abril ponía de nuevo de manifiesto las dificultades que el Estado de derecho tiene para confirmar las acusaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Fiscalía tienen a la hora de demostrar con sentencias sólidas sus acusaciones contra células yihadistas que son detenidas y sus componentes procesados por nuestro sistema judicial.

Finalmente, una operación antiterrorista desarrollada el día 20 de mayo en Bilbao por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en el que una presunta célula de apoyo al terrorismo yihadista salafista desde el oscuro mundo de la delincuencia común era detenida con visibilidad de la operación a través de los medios de comunicación, producía a los pocos días desaliento al ser liberados prácticamente todos los arrestados.

Los pilares de este análisis podrán recordarnos a otros parecidos y con contenidos bastante similares realizados en el pasado, pero hay dos elementos importantes que hacen imprescindible su realización y que, a nuestro modo de ver, son inquietantes: por un lado, que son de actualidad, obligándonos por tanto a reflejar una realidad que lamentablemente se sigue manteniendo; y, por otro lado, que demuestran de nuevo que la amenaza perdura y que algunas de nuestras debilidades a la hora de combatir a este terrorismo, otrora también denunciadas, siguen manteniéndose aún hasta el momento actual.

:: La Sentencia nº 31/09 de la Audiencia Nacional: una decepcionante sentencia más

A lo largo de 145 páginas la susodicha sentencia dictada el pasado 30 de abril por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa seguida por delitos de pertenencia a organización terrorista, colaboración con organización terrorista y falsificación de documentos y delito contra la salud pública contra 14 procesados de orígenes variados: cuatro de ellos son españoles de Ceuta; siete son marroquíes, la mayoría del norte del país aunque también hay uno originario de la localidad meridional de Agadir; y tres son argelinos, uno de Tissemsilt, otro de Hussein Dey y el tercero de Tizi Ouzu, la capital de la Wilaya (provincia) de la Gran Cabilia, y una de las regiones del territorio argelino donde más está costando eliminar esta amenaza. A lo largo de doce sesiones —la primera el 23 de febrero de 2008 y la última el 13 de marzo de 2009, cuando quedó visto para sentencia— los servicios de la Fiscalía con su titular y veterana en estas lides Dolores Delgado García al frente, han tratado de demostrar que estos detenidos en el marco de la Operación Tigris, desarrollada en una primera fase en 2005 y luego en la localidad catalana de Santa Coloma de Gramanet en enero de 2008, eran terroristas yihadistas salafistas comprometidos con su causa en el Magreb y en España y Europa, aunque la mayor visibilidad achacada por las Fuerzas de Seguridad del Estado a su activismo estaba en la canalización de terroristas hacia Irak, incluyéndose el haber facilitado la huída a algunos de los presuntos implicados en los sangrientos atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La parte más visible de todo este proceso, y la que ha creado cierta alarma social, ha sido el conocimiento de la decisión judicial, conocida ahora por quienes no realizan un seguimiento de estos procesos y/o desconocen los contenidos básicos de nuestra legislación, de la puesta en libertad de nueve de los catorce procesados, incluyéndose entre ellos al que se consideraba como máximo líder del grupo y para el que se pedía la pena máxima (14 años), Khaled Abidi (alias ‘Abbas’), realizada hace algunas semanas. De hecho, tras terminar la deliberación de la sentencia el 1 de abril se había decidido dicha puesta en libertad de parte de los procesados, decisión que nada tenía que ver con la futura sentencia, absolutoria o condenatoria de los mismos, pero que se hacía obligada dado que algunos de los componentes del grupo de catorce habían cumplido en prisión preventiva más de la mitad de la pena que para ellos pedía la Fiscal Delgado García.

Cabe recordar también que en torno a la canalización de terroristas a Irak, incluyendo el apoyo a terroristas del 11-M, ya se había producido otra vistosa operación policial, la denominada Operación Amat, que era continuación de la Operación Tigris, que también tuvo su epicentro en Cataluña aunque también se realizaron detenciones en Madrid y Algeciras e incluso en algunas prisiones, y que también produjo algunos resultados decepcionantes en forma de rápida liberación, aunque con medidas cautelares, de todos los detenidos. En efecto, el 20 de octubre de 2008, el Juez Baltasar Garzón dejaba en libertad a todos los detenidos la semana anterior en el marco de la Operación Amat fijándoles a tres de los diez detenidos comparecencias semanales y quincenales a otros dos.

La sentencia sobre la Operación Tigris puede sorprender aún más a quienes hayan profundizado en la lectura de los detalles presentados por la Fiscalía que mayor eco han tenido en los medios de comunicación. Desde su piso en Santa Coloma de Gramanet conocido como “Al Kalaa” o “La Fortaleza de los Guerreros” los ahora en su mayoría absueltos habrían canalizado terroristas suicidas hacia Irak, animándoles con sanguinarias arengas a través de mensajes electrónicos a lo largo del peregrinaje hasta el país árabe para incorporarse a las activísimas redes entonces lideradas por el lugarteniente jordano de Osma Bin Laden en el atribulado país árabe: Abu Musab Al Zarqaui.

Indudablemente el que sólo cuatro hayan recibido condenas y que estas no sean ejemplares inquieta, como también lo hace que el Tribunal haya considerado que las pruebas aportadas no hayan sido sólidas, tratándose en muchas ocasiones de meras afirmaciones apoyadas únicamente en la información o inteligencia policial, y de igual modo que el Tribunal considere que parte de las pruebas presentadas —intervenciones de correos electrónicos de los sospechosos, varias de cuyas cuentas estaban alojadas en servidores extranjeros— se habrían obtenido ilegalmente al no contar la Policía con la autorización del Juez instructor del caso, Baltasar Garzón. Es destacable que el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el CNP, reaccionara de inmediato ante la sentencia y en especial ante las debilidades destacadas en la misma, insistiendo en que los funcionarios policiales sí actuaron correctamente pues solicitaron al Juez —tanto al susodicho Baltasar Garzón como a Fernando Grande-Marlaska— las intervenciones de los correos pero que este no razonó la medida en un auto sino que se limitó a dictar una providencia. Al final, y tras tanto ruido, Kamal Ahbar y Samir Tahtah recibían condenas de nueve años de prisión por pertenencia a banda armada cuando se pedían catorce para cada uno de ellos; Mohamed El Idrissi recibía una de cinco años por colaboración; y Hammed Hamu otra de dos años por falsificación.

Aunque es cierto que la UE aprobó, a través de una Decisión Marco del Consejo de la Unión de 28 de diciembre de 2008, que las distintas legislaciones nacionales de los Estados miembros deberán incorporar lo antes posible a sus respectivos ordenamientos internos los delitos de captación, invitación al delito terrorista y adiestramiento o entrenamiento, estos aún no están aún bien asentados en lo que al terrorismo yihadista respecta y dicha carencia se acusa y mucho en la práctica.

Ante esta situación sí sería interesante, ahora que el Juez Instructor del Tribunal antiterrorista marroquí de Salé acaba de ordenar el pasado 20 de mayo el ingreso en prisión del presunto implicado en el 11-Mohamed Belhadj, y que será juzgado por los atentados de Madrid, indagar en la vinculación de este individuo con la célula de Santa Coloma de Gramanet. La sentencia por el caso Tigris no es aún firme y se impone un recurso de casación que permitirá entre otras cosas afinar más las investigaciones y profundizar en la tupida telaraña de los terroristas yihadistas salafistas del grupo aquí analizado y es destacable que Mohamed Belhadj huyó de Madrid junto con Mohamed Afalah y ambos recibieron apoyo de la susodicha célula de Santa Coloma de Gramanet.

Mohamed Belhadj, a quien se daba por muerto en Irak como se le da por muerto en un atentado suicida a Mohamed Afalah, fue detenido en Siria y entregado/expulsado por las autoridades de Damasco a Marruecos a principios del presente mes de mayo. Ahora que desde España se ha tenido conocimiento de su detención, realizada además por las autoridades marroquíes en virtud de una orden de busca y captura dictada por nuestro país, será buen momento no sólo para profundizar en los vericuetos del 11-M o de la canalización de terroristas hacia Irak a través de varios países europeos, de Turquía y de Siria, sino también, y para lo que aquí más nos interesa, de lo que la célula de la Operación Tigris hacía en términos delictivos.

Indudablemente lo dicho en términos de sentencia emitida por la Audiencia Nacional decepciona, sobre todo tras la expectativas creadas, pero tampoco debemos de olvidar que es en buena medida, más de lo mismo, dentro y fuera de España, en lo que a la lucha contra el terrorismo yihadista salafista desde el frente judicial respecta. Semanas antes de que se dictara en Madrid la sentencia que aquí analizamos había decepcionado en Londres la absolución de tres acusados de colaboración en los sangrientos atentados del 7 de julio de 2005 contra medios de transporte público en Londres, aunque en esta ocasión al menos se pudo de condenar a dos de ellos por otro delito pues fueron considerados culpables de haber intentado acudir a un campo de entrenamiento terrorista en Pakistán.

Por otro lado, esta Sentencia aquí analizada sobre el caso Tigris supone un preaviso de cara a otro proceso importante que va a celebrarse ya y también en la Audiencia Nacional: la Fiscalía acaba de pedir entre nueve y dieciocho años de prisión para once presuntos implicados en la preparación de un atentado suicida contra el Metro de Barcelona que hubiera debido de producirse a principios de 2008. Nueve de los acusados son paquistaníes y dos indios. Ante este juicio, en el que las pruebas presentadas son en algunos casos débiles pero en el que también se cuenta con un testigo protegido y con el resbaladizo mundo del yihadismo salafista paquistaní, bueno sería que no se reprodujeran debilidades y lagunas como las inventariadas hasta ahora, tanto en lo referente al caso Tigris como en otros anteriores, y ello además por la enjundia que tiene un proyecto de atentado ideado desde las lejanas tierras paquistaníes en las que actualmente se está viviendo una muy visible y muy necesaria ofensiva antiterrorista por parte de las autoridades de Islamabad.

:: Operación antiterrorista en Bilbao

El 20 de mayo eran detenidos en Bilbao doce súbditos argelinos, originarios todos ellos de la región occidental del Oranesado, y uno iraquí, acusados de conformar una banda organizada dedicada a la delincuencia común (robos y narcotráfico) pero cuya finalidad podría ser, al menos en parte, la de apoyar a grupos yihadistas salafistas en el Magreb y en particular en Argelia. Tal posibilidad ya se ha confirmado en diversas ocasiones en el pasado, destacándose la detención en tres localidades onubenses (Islantilla, Huelva y Lepe) y en la guipuzcoana de Azcoitia el 1 de julio de 2008 de otra banda, también formada mayoritariamente por argelinos y que operaban en el ámbito de la delincuencia común, en número de cuatro y en una operación —la Operación Emir— dirigida por el Juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco de la continuación de arduas investigaciones que se venían arrastrando desde el año 2001 centrándose en la pista de la financiación terrorista a partir de 2005.

Aquel grupo se dedicaba, como este, a la falsificación de documentos —además de al tráfico de vehículos robados y a la falsificación de ropa—, y realizaba pequeños envíos de dinero a Argelia a través de empresas conocidas de envíos de fondos para no levantar sospechas. La operación actual desarrollada en Bilbao, dirigida desde la Audiencia Nacional por el Juez Eloy Velasco y ejecutada por el Cuerpo Nacional de Policía con apoyo de la Ertzaintza, ha culminado de momento con el ingreso en prisión del considerado cabecilla del grupo, Abdallah Boukra Djelloul, y con la puesta en libertad bajo fianza de entre 3.000 y 6.000 euros de los otros doce detenidos. Ahora sólo queda profundizar en la investigación para ver si el tráfico de drogas, los robos y el blanqueo de dinero que estos individuos sin duda realizaban tenían como finalidad, en todo o en parte, financiar el activismo de AQMI, algo que anteriormente sí se ha conseguido demostrar para el caso de otros grupos y células delincuenciales formadas por argelinos y actuando en nuestro suelo.

No debemos de olvidar que, más allá de las ideas más o menos confusas que detenciones aparentemente masivas y de liberaciones también masivas puedan transmitir a la ciudadanía, cuando hablamos de AQMI estamos refiriéndonos a una organización terrorista transfronteriza que ha derramado demasiada sangre en el Magreb y el Sahel, que ha coadyuvado a derramarla en otros lugares más lejanos como diversos países europeos, Irak o Afganistán, y que actualmente se permite desafiar al Gobierno británico amenazando con asesinar a Edwyn Dyer, un turista de esa nacionalidad que junto a otro turista suizo siguen siendo rehenes del grupo en tierras del Sahel.

Es significativo además que las detenciones de Bilbao casi coincidieran en el tiempo con una importante cumbre antiterrorista euro-africana celebrada pocos días antes en la capital de Níger, Niamey, y que era continuación de otra celebrada anteriormente en Marsella. En aquella ciudad saheliana se reunieron responsables antiterroristas de varios países europeos (Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido) con homólogos magrebíes y sahelianos.

Uno de los temas explorados en la reunión de Niamey, hecho público por el periódico argelino en lengua árabe Al Khabar, un diario que constituye una fuente cada vez más útil para adentrarse en la información sobre la evolución del terrorismo en Argelia y en otros países norteafricanos, aunque sin desmerecer a medios francófonos que no cejan en su esfuerzo por mostrar tal realidad como son El Watan, Liberté, Le Matin, Le Quotidien d’Oran y otros, habría sido la posibilidad de que ante la ofensiva de los secuestros de ciudadanos occidentales por parte de AQMI se adopten medidas más coercitivas por parte de las autoridades de los países de Europa.

La sensación de impunidad que ha ido creciendo en el Magreb y en el Sahel con los secuestros terroristas es comparable a la que en aguas adyacentes a Somalia está llevando a un compromiso militar cada vez mayor para hacer frente a los piratas, y en lo que al Sahel respecta podría reflejarse —siempre según dicha fuente— en el despliegue de fuerzas especiales sobre el terreno preparadas para intervenir. Sea o no cierta tal reflexión y llegándose o no a tal posibilidad —que algunos países como Francia podrían estimular pero no así otros socios de la UE—, lo cierto es que la evolución de los acontecimientos está llevando a los europeos a avanzar por el camino que desde aquí llevamos largo tiempo defendiendo en el contexto del creciente compromiso estadounidense con la región, a través de la TSCTI (Iniciativa Transahariana de Lucha contra el Terrorismo - Trans-Sahara Counterterrorism Initiative) primero, y de la creación del USAFRICOM después: a jugar un papel mayor en la lucha contra el terrorismo yihadista salafista en una región vecina de España y de Europa que en ningún caso nos puede ser ajena.

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Carlos Echeverría Jesús. (Madrid, 26 de marzo de 1963) es Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y responsable de la Sección Observatorio del Islam de la revista mensual War Heat Internacional. Ha trabajado en diversas organizaciones internacionales (UEO, UE y OTAN) y entre 2003 y 2004 fue Coordinador en España del Proyecto “Undestanding Terrorism” financiado por el Departamento de Defensa de los EEUU a través del Institute for Defense Analysis (IDA). Como Analista del Grupo asume la dirección del área de Terrorismo Yihadista Salafista.

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