Dear Mr. President. Quisiera aprovechar esta oportunidad para plantear las crecientes preocupaciones acerca de la evolución los derechos humanos y de los principios democráticos en los Estados Unidos y más particularmente, para plantear el papel de su administración en la crisis constitucional de Honduras y el papel que Estados Unidos está jugando en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas en defensa del imperio de la Ley y de las instituciones constitucionales.

Yo esperaba que su Administración la adopción de medidas responsables y reflexivas respecto a los acontecimientos en Honduras. Sin embargo, la postura de los EE.UU. desde el principio parece que se han centrado en el apoyo a una persona, el Presidente José Manuel Zelaya Rosales, independientemente del papel que el mismo Manuel Zelaya asumió respecto a su propia constitución, al estado de derecho y las instituciones democráticas. Su reacción ha tenido en consideración, exclusivamente, las últimas 72 horas de Manuel Zelaya y su episodio de expatriación forzosa por los militares.

A pesar de los numerosos informes que se han ido conociendo y publicando en los últimos tiempos sobre los antecedentes de la actual crisis en Honduras y de los hechos en litigio no se ha producido, en apariencia, ningún esfuerzo por parte de Estados Unidos, a favor de discernir la verdad acerca de la situación democrática y el orden constitucional en el país centroamericano. Lo que hubiera sido muy deseable antes de precipitarse en la emisión de conclusiones y la publicación de condenas en base a información incompleta.

Sin embargo, Sr. Presidente, la crisis constitucional en Honduras no comenzó el domingo, 28 de junio. Comenzó, al menos, tres meses antes, cuando el Sr. Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo, el 23 de marzo de este año, pidiendo un referéndum para extender su mandato. A pesar de las claras limitaciones establecidas en el artículo 5, artículo 374, y otros artículos de la Constitución de Honduras en relación con el período presidencial y los parámetros para un referéndum, los Estados Unidos prefirió abrazar, incondicionalmente, los planes del Sr. Zelaya.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras, los tribunales administrativos, el Fiscal General, el Comisionado para los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral, y el Congreso Nacional declararon todos, sucesivamente, que el referéndum era ilegal. Otras medidas legislativas, a mayores, fueron adoptadas por el Congreso Nacional de Honduras el 23 de junio para evitar que el Sr. Zelaya violara el imperio de la ley y los preceptos constitucionales.

Los EE UU no ha adoptado medidas efectivas, bilaterales o a través de la Organización de Estados Americanos, para apoyar los esfuerzos legítimos, de las distintas instituciones de Honduras para hacer cumplir la legislación hondureña. El viernes, 26 de junio, el Sr. Zelaya, empecinado en sus propósitos, emitió un decreto ordenando a los empleados públicos, al ejército, organizar el “referendo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente”. Lo que implicaba hacer entrar en funcionamiento el artículo 239 de la Constitución hondureña que exige relevar al presidente de sus funciones y apartarlo de la sede presidencial. Los EE UU no reaccionaron. Y su no reacción supuso una falta grave en la diplomacia de EE UU a favor de la defensa de la causa de la democracia. Como muchos sostienen EE UU se ha convertido en cómplice activo en la escalada de la crisis constitucional de Honduras.

Esta semana, en la OEA y la Asamblea General de la ONU, EE UU aceptó los textos de resolución redactados por el Sr. Zelaya y sus asesores en concordancia con las propuestas presentadas por los dirigentes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, todo en aras del consenso. Unirse a “una carrera cuesta abajo” o actuar como cámara de resonancia de tales propósitos no es útil a nuestros intereses políticos, económicos ni para la seguridad en la región.

Mirando hacia adelante, espero, señor Presidente, que su administración no reaccione en función de informes y acusaciones no confirmadas que pueden perjudicar los intereses generales y de los Estados Unidos. Por el contrario, debemos trabajar juntos para promover los principios básicos EE UU y alcanzar el objetivo de consolidar y fortalecer el imperio de la ley y las instituciones democráticas en nuestro hemisferio.