
Por Oscar Elía. La historia del Playa de Bakio es bien conocida, y de hecho ha sido rememorada con ocasión del ataque al Alakrana. El atunero de Bermeo fue abordado en la tarde del 20 de abril de 2008: los asaltantes utilizaron fusiles de asalto y lanzagranadas, dañando parte de la estructura de la nave. El pesquero estuvo incomunicado hasta que los piratas permitieron al capitán hablar con su familia, el día 21 y con el barco alejado de la costa. El capitán informa entonces de que está en buen estado y de que los terroristas exigen un rescate. En parecidos términos se expresará, tiempo después, otro marino.
La conversión de un hecho desgraciado y vergonzoso —el pago a unos extorsionadores— se ha convertido en una opción política y moral
Así las cosas, y por lo menos en el plano ideal, había dos alternativas: tratar de liberar el barco secuestrado o rendirse a los terroristas y pagar el rescate. En el plano real, puede pasarse de la primera a la segunda opción en función de las circunstancias, o incluso incluir el pago en una estrategia consciente de caza de los terroristas: Francia hizo algo parecido. Con un futuro siempre imprevisible y azaroso, nada permite afirmar que la intención de plantar cara a los piratas no vaya a resultar en su apaciguamiento, si todo se tuerce antes del logro del objetivo.
Sea como fuere, la cuestión, ayer y hoy, es la misma: ¿buscó el Gobierno una solución que no supusiese el pago de dinero a los piratas? ¿Cuál fue su voluntad inicial? ¿Podemos sacar alguna consecuencia para el secuestro del Alakrana… y de los que vengan después?
En 2008, a las pocas horas del secuestro del Playa de Bakio, la embajada de España en Kenia se puso en contacto con las autoridades de la zona. La reacción de éstas fue oficialmente airada: el ministro de Seguridad somalí afirmó públicamente que liberarían el barco y ejecutarían a los piratas. Al mismo tiempo, la Armada enviaba la fragata Méndez Núñez tras la pista del pesquero, al que subirían después varios piratas más. El día 23 se sumaba al operativo el P-3 Orion, y un grupo Infantería de Marina se ponía en estado de alerta. Carmen Chacón y el Gobierno mostraron a los españoles este despliegue modesto, pero que al menos transmitía cierta sensación de determinación ante los secuestradores.
Era una ilusión. Moratinos hablaba de prudencia y de no poner en riesgo la vida de los secuestrados, al tiempo que desautorizaba al ministro de Seguridad somalí, lo que equivalía a una renuncia expresa al uso de la fuerza. Por su parte, el embajador español en Kenia estaba ya en Somalia, donde se reunía con el Gobierno local. Estaba claro que el diplomático —con el refuerzo de varios agentes del CNI— se había desplazado allí para iniciar la negociación del pago del rescate. Desde un principio se dieron los pasos necesarios para contactar con los secuestradores, negociar con ellos y darles lo que se conviniera. Tanto El Mundo como El País hablaron de 1,2 millones de dólares, 766.188 euros.
Las Fuerzas Armadas sufren una reconversión de la que tardarán en recuperarse y que les dificulta cumplir con un juramento en el que el Gobierno no cree: morir y matar en defensa de la Nación
El día 26, los secuestradores tenían el dinero y el barco era liberado. El Gobierno mostró explícitamente su alegría: tanto Moratinos como Zapatero se felicitaron del éxito de la operación. Y subrayo lo de explícitamente y lo de éxito de la operación. Lo cierto es que los terroristas habían asaltado un barco español y exigido para su liberación el pago de un dinero. El Gobierno no había intentado liberar la nave ni tratado de detener a los piratas, y había pagado un rescate millonario. ¿Dónde estaba exactamente el éxito de la operación? Bajo ningún punto de vista —estratégico, militar, económico— podía hablarse de éxito. Pero el Gobierno —y no dudaré de su sinceridad— sí lo hizo.
Tras el pago, el Gobierno no sólo no ocultó el desarrollo de los acontecimientos, sino que convirtió la cesión en un éxito, y como tal lo comunicó a los españoles. Los medios de comunicación hicieron el resto, y celebraron como una victoria el hecho de que los marineros fuesen liberados tras haber pagado una alta cantidad de dinero: no es la primera vez —pero sí la más descarada— en que una víctima se felicita de ser una víctima y convierte su rendición y el éxito de sus chantajistas en una victoria propia.
:: Ni intereses ni españoles
Bajo ningún concepto podrían las Fuerzas Armadas usar la violencia en nombre de una nación discutida y discutible (España), y menos contra los desharrapados piratas somalíes
Conviene tener bien presente a la hora de reflexionar sobre este asunto el marcado antiliberalismo de Rodríguez Zapatero, Carmen Chacón y Miguel Ángel Moratinos, así como su reluctancia a defender los intereses económicos en el exterior. Inmersos en una sociedad global, toscamente conscientes del autoodio occidental, los piratas —en 2008 como en 2009— justifican sus asaltos con el supuesto expolio de que son objeto sus aguas territoriales, y no pocos en la izquierda española les siguen en ello. Entonces, ¿cómo combatir la piratería, si, a fin de cuentas, está causada por la acción depredadora de las compañías —en este caso pesqueras— occidentales? Si la causa de los problemas del mundo está en el carácter depredador de la economía occidental, ¿no sería atacar y destruir a los piratas ahondar criminalmente en la injusticia, sumar a una injusticia histórica una contemporánea?
Otro elemento crucial es el antipatriotismo de la política del Gobierno: quien no cree en España no puede creer en sus intereses ni en la defensa de los mismos. La diplomacia de Moratinos tiene una acentuada tendencia al abandono de los intereses españoles. Insultar a España en el exterior es garantía de un trato preferencial por parte de nuestro Gobierno; atacar a turistas españoles en Yemen, a tropas españolas en Afganistán, a pesqueros españoles en Somalia no tiene consecuencias negativas para los atacantes.
Por otra parte, la acción de Carmen Chacón al frente del Ministerio de Defensa tiene en la erosión moral de las Fuerzas Armadas su primer propósito. Se busca la progresiva desmilitarización de los ejércitos, reconvertidos para un uso cada vez más civil, tanto en lo material como en lo legal e institucional, tanto en el exterior (misiones humanitarias) como en el interior (UME). Pacifista y apaciguador, el Gobierno ni entiende ni cree necesario que las Fuerzas Armadas empleen la fuerza y la violencia, sea en Afganistán, en el Líbano o en Somalia. A despojarlas de esta capacidad se dirigen los esfuerzos de Chacón. Igualmente se pretende la destrucción del ethos militar, de sus valores y principios, mediante el cambio de ordenanzas, juramentos, costumbres y tradiciones, a veces sutilmente, a veces de la manera más zafia.
El patriotismo de las Fuerzas Armadas ha estado en la mira de Bono, Alonso y Chacón. Doblemente sospechosas, por militares y por españolas, las Fuerzas Armadas sufren una reconversión de la que tardarán en recuperarse y que les dificulta cumplir con un juramento en el que el Gobierno no cree: morir y matar en defensa de la Nación.
Volviendo al asunto de la piratería: los intereses españoles no estaban garantizados en 2008. En primer lugar, porque era el propio Gobierno español el que excusaba a los piratas incluso antes de que éstos abordaran el Playa de Bakio, al considerarles más víctimas que verdugos; en segundo, porque Zapatero y su gente consideraban que no merecía la pena la defensa de los intereses españoles; y tercero, porque bajo ningún concepto podrían las Fuerzas Armadas usar la violencia en nombre de una nación discutida y discutible, y menos contra los desharrapados piratas somalíes.
:: “Alakrana” y el huevo de la serpiente
La conversión de un hecho desgraciado y vergonzoso —el pago a unos extorsionadores— se ha convertido en una opción política y moral
Así pues, la suerte del Alakrana ya está echada. ¿Ha cambiado algo desde el secuestro del Playa de Bakio? Algunas circunstancias sí, pero el peligro es prácticamente el mismo. Y el Gobierno se mantiene en la renuncia a defender los intereses españoles y a recurrir a la fuerza para defender a sus ciudadanos.
Más allá del envío de barcos y aviones, el desenlace del secuestro del Playa de Bakio tuvo un efecto demoledor que entonces pasó inadvertido pero que, como el huevo de la serpiente, ha eclosionado ahora, con el secuestro del Alakrana: la conversión de un hecho desgraciado y vergonzoso —el pago a unos extorsionadores— en una normalidad política y moral. Si en 2008 el Gobierno en un principio movilizó tropas e hizo como que hacía mientras negociaba con los secuestradores, ahora se ha ahorrado la mascarada, que por lo demás la sociedad no le ha exigido. El Gobierno ha anunciado impúdicamente que negociaría, que pagaría, que accedería a las pretensiones de los terroristas somalíes. Incluso vende como meritorio lo que se hizo en 2008. “Aquello duró seis días, pero tememos que esto tarde algo más”, anuncia Carmen Chacón sin inmutarse. “Aquello” hace referencia al pago a los terroristas; incluso la demora en satisfacer a los secuestradores pasa a ser considerado un problema.
No sólo se trata de hacer normal lo anormal, de considerar lógico y deseable la cesión ante los piratas. Yendo aún más lejos, al pago del chantaje se le reviste de una aureola épica. “La fragata Canarias alcanzará al Alakrana en unas horas”, celebran los medios de comunicación, como si aquélla fuese a protagonizar un asalto heroico. Otros hilan más fino: “La fragata Canarias dirigirá las labores de rescate”; como si lanzar millones sobre los secuestradores fuese una “labor de rescate”. El Gobierno afirma que su prioridad es rescatar a los ciudadanos españoles, cuando lo que está haciendo es reunir el dinero para pagar a los únicos que pueden soltarlos, los secuestradores.
Lo de ahora es la versión más abierta y refinada de lo sucedido en 2008. Quienes entonces pensaban que no se podía ir más lejos en materia de apaciguamiento se equivocaban. El episodio del Alakrana está convirtiendo la rendición ante los terroristas en algo épico, en algo comparable a una victoria militar. Que tiene toda la pinta de completarse.
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