Por Alberto Benegas Lynch. Los gobiernos imponen sistemas llamados “de seguridad social” pero no se necesita ser un experto en finanzas ni en interés compuesto para percibir que se traducen en monumentales estafas a los supuestos beneficiarios, es decir, en verdad sistemas de inseguridad antisocial. Personas que han aportado durante toda su vida activa reciben cifras que no tiene la menor relación con lo que hubieran obtenido si hubieran podido realizar colocaciones corrientes en los mercados. Además, como es sabido, los sistemas compulsivos se basan en el sistema de reparto que naturalmente depende de nuevos aportes, lo cual, a diferencia de los métodos de capitalización, en la medida en que la vida se prolonga y las tasas de natalidad decrecen, hacen imposible el mantenimiento del esquema que, de facto, se encuentra quebrado en todas partes del mundo.

Y no se resuelve el problema obligando a la gente a pasar sus ahorros a instituciones privadas. Ahorros que en el caso argentino, fueron luego confiscados por el gobierno. Se trata de que las personas puedan disponer del fruto de su trabajo como lo consideren pertinente. Ese fue el caso, por ejemplo, de los inmigrantes en la Argentina que preveían su futuro a través de inversiones inmobiliarias, lo cual fue arruinado por las mal llamadas “conquistas sociales” concretadas en las leyes control de alquileres y desalojos.

Aquellas inversiones mostraron un vez más lo incorrecto y arrogante de la premisa según la cual, en libertad, las personas no preverán para su vejez. Lo que, por otra parte, siguiendo con dicha línea argumental, requeriría destinar un policía a cada persona cuando recibe su pensión. Es imprescindible evitar que se emborrache en el bar de la esquina. De ese modo cerramos el círculo del Gran Hermano orwelliano.

:: La falsa Banca Central

También los gobiernos insisten en el mantenimiento de la banca central “para preservar el valor de la moneda” sin percatarse que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el dólar de 1913 (año en que se creó la Reserva Federal) equivale a cuatro centavos de hoy. Solamente durante los 18 años de la administración de Greenspan al frente de la Fed, según el índice oficial, los precios al consumidor se elevaron en un 74%. Esto debería convencer a los tecnócratas partidarios del tragicómico “fine tuning”.

Por esto es que, entre muchos otros, los premios Nobel en Economía Milton Friedman y F.A. Hayek se oponen a la creación y al mantenimiento de la banca central. Friedman escribe en Moneda y Desarrollo Económico, que recopila algunas de sus conferencias, que “Llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación”. Hayek llega a la misma conclusión en múltiples ensayos y libros.

Es que la banca central solo puede canalizar sus decisiones clave en una de tres direcciones: expandir la masa monetaria, contraerla o dejarla inalterada. En cualquiera de los casos estará alterando los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber mediado la intervención, y al distorsionar precios relativos se trasmite información falseada a los operadores en el mercado con lo que se asignan equivocadamente los siempre escasos factores productivos, es decir, se desperdicia capital y, consecuentemente, se reducen salarios e ingresos en términos reales.

El decimonónico Frederic Bastiat denominaba “estafas institucionalizadas” a las realizadas por los gobiernos con el apoyo de la ley y Alberdi sostenía que “El ladrón privado es el mas débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”.

Resulta desproporcionada las alarmas que suscitan estafas como las perpetradas por mafiosos como Bernard Madoff si tomamos en cuenta los asaltos organizados y establecidos institucionalmente por los aparatos estatales. Al fin y al cabo el fraude piramidal “a la Carlo Ponzi” esta vez ejecutado por Madoff significó 65 mil millones de dólares en perjuicio de cuatro mil ochocientos clientes, una cifra muy módica si se la compara con la succión ilegítima e inmisericorde de recursos a millones y millones de personas que llevan a cabo quines debieran velar, precisamente, por sus derechos y proteger sus propiedades.

Es de desear que se ubiquen las cosas en su debido lugar y se pueda poner en brete a los gobiernos para que abandonen las estafas institucionalizadas si lo que se pretende es que su misión específica tenga sentido y la puedan cumplir para diferenciarse de los grandes ladrones de nuestra época.

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