ASÍ SOMOS
ESTADOS DEMOCRÁTICOS
Los minaretes y la libertad individual
Instituto Juan de Mariana | Peatóm | 26·12·2009 | 06:00

Por [1] Albert Esplugas Boter. A propósito del referéndum suizo pidiendo la prohibición de alzar minaretes en las mezquitas vuelve a escucharse el argumento de la reciprocidad: “Si en Arabia Saudita no permiten construir una sinagoga libremente, o que las mujeres vayan sin velo, en Occidente deberíamos pagarles con la misma moneda, impidiendo que erijan su minarete o lleven velo”. Cuando ellos toleren la libertad religiosa, prosigue el argumento, nosotros toleraremos la suya.

Nótese el fondo colectivista: “ellos” y “nosotros”, confundiendo el Estado con la sociedad. Confundiendo, además, a la gente que emigra con el mismo Estado que dejan atrás. Como si todos los saudíes fueran responsables de lo que hace el Estado y no hubiera muchos, incluyendo una importante proporción de los que emigran, que en realidad son sus primeras víctimas. De hecho es razonable pensar que los musulmanes que emigran tienden a ser más pro-occidentales que los que se quedan. Una muestra de la incoherencia de no pocos occidentales: tan pronto defienden la “liberación” de Irak o Irán, arguyendo que el pueblo es víctima de un tirano, como apelan a la “reciprocidad” para restringir la libertad de los que emigran, tratándolos ahora de fundamentalistas. ¿En qué quedamos, son los musulmanes víctimas que merecen una liberación o son fundamentalistas que merecen ser reprimidos?

Podría argumentarse que aquellos Estados que conculcan la libertad religiosa en su territorio y a menudo promueven un fundamentalismo hostil hacia los derechos de las personas, con buen criterio, no debieran poder financiar templos o escuelas confesionales en suelo occidental

La exigencia de reciprocidad implica que los Estados islámicos marquen los estándares de lo que debe tolerarse en Occidente. Ya no es la “libertad de culto” o la “libertad de expresión” propia del liberalismo el principio rector, sino el grado de represión que se practica en esos países. Si Arabia Saudita castiga la conversión de un musulmán al cristianismo, recíprocamente Occidente debe castigar la conversión al islam o, mejor, obligar a los musulmanes inmigrantes a convertirse al cristianismo.

La reciprocidad tiene implicaciones incómodas: si Arabia Saudita o Irán castiga el adulterio, ¿debe Occidente castigarlo también para los inmigrantes musulmanes? Si encarcela a homosexuales, ¿debe Occidente condenar a los inmigrantes musulmanes que sean homosexuales? De hecho, el argumento de la reciprocidad es aplicable a cualquier otro Estado, por ejemplo Cuba. El régimen comunista niega el derecho de propiedad privada y la libertad de expresión. ¿Debe el Gobierno español, de forma recíproca, negar el derecho de propiedad y limitar la libertad de expresión a todos los cubanos que inmigren a España?

El principio de la reciprocidad, no obstante, puede tener cabida a nivel de Estados, como apuntaba Angel Mas: no es lo mismo prohibir la construcción de una mezquita por parte de una organización privada que impedir que el Estado saudí la financie. Los ciudadanos privados tienen derechos individuales, los Estados no. El Estado español no puede sufragar la construcción de iglesias o sinagogas. Podría argumentarse que aquellos Estados que conculcan la libertad religiosa en su territorio y a menudo promueven un fundamentalismo hostil hacia los derechos de las personas, con buen criterio, no debieran poder financiar templos o escuelas confesionales en suelo occidental.

En lo que respecta a los inmigrantes, ya sean árabes o cubanos, sus derechos individuales deben ser defendidos unilateralmente. Los Estados occidentales deben predicar con el ejemplo y ser lo menos represivos posible con independencia de cómo se comporten los demás Estados. Eso no debería ser motivo de lamento sino de orgullo. Los inmigrantes, que muchas veces huyen de la opresión en sus países, no deben pagar por los crímenes de su Gobierno.


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