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CIUDADANOS, LEGITIMIDAD Y ESTADO

La seguridad, el gran monopolio estatal

Instituto Juan de Mariana | Peatóm | 5·06·2010 | 06:00 |
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Seguridad. ¿En régimen de monopolio o de libre competencia?

Por Manuel Llamas. La producción de seguridad es, sin duda, el monopolio estatal por excelencia que está aún vigente tras la gradual, aunque incompleta, apertura a la libre competencia de numerosas actividades económicas que han sido ejercidas en exclusiva por el sector público a lo largo del siglo XX en los países desarrollados. La privatización de este servicio tan sólo se ha producido de forma parcial y muy limitada, y siempre bajo la estricta regulación sectorial impuesta por los poderes públicos. La razón a tales límites estriba en que la principal característica funcional del Estado consiste en el ejercicio monopolístico de la fuerza sobre un territorio determinado. Por ello, el poder político carece de incentivo alguno a la hora de posibilitar la existencia de cuerpos de seguridad privados que escapen a su control y dominio ya que, en esencia, constituirían una amenaza directa a la naturaleza estatal.En este sentido, el Estado actúa a modo de pura mafia monopolística. La única diferencia entre un grupo criminal y el ente estatal radica, precisamente, en que el poder público actúa a modo de monopolio (ausencia de competencia) en su particular área de influencia, delimitada ésta por fronteras que separan y distinguen unos estados de otros. El Estado es el único ente legitimado para ejercer la fuerza contra sus ciudadanos.

A mediados del siglo XIX, Gustave de Molinari, en su artículo Sobre la Producción de Seguridad, ya desmontó los débiles cimientos sobre los que se sustenta el monopolio de la fuerza por parte del Estado

¿Pero está justificada dicha legitimidad? A mediados del siglo XIX, Gustave de Molinari, en su artículo Sobre la Producción de Seguridad, ya desmontó los débiles cimientos sobre los que se sustenta el monopolio de la fuerza por parte del Estado.

1. En primer lugar, Molinari —perteneciente a la corriente del laissez-faire—, al igual que los autores de la Escuela Austríaca, partía de la premisa básica de que la sociedad, concebida como un orden espontáneo, se regía por una serie de leyes inmutables, esto es, un Derecho Natural universalmente válido. Esta visión contrasta de forma radical con el constructivismo social, que ignora por completo la teoría evolutiva de las instituciones, de modo que el científico —a modo de ingeniero social— se cree capacitado para reorganizar a su antojo órdenes espontáneos muy complejos cuya formación y desarrollo deriva de la interacción de millones de seres humanos a lo largo de períodos de tiempo muy prolongados. Es decir, la sociedad y sus instituciones básicas (como el mercado, el derecho o el dinero), al no estar regidas por leyes naturales, son campo abierto para la intervención arbitraria de los gobiernos.

2. El hombre es un ser social por naturaleza, y la interacción con el resto de individuos le permite satisfacer sus necesidades (fines) gracias al libre intercambio y la división del trabajo (medios). Dentro de dichas necesidades, la seguridad, es decir, su vida y su integridad física y material (propiedad privada), ocupa un lugar preponderante dentro de su escala de valores subjetivos. “Los hombres están interesados, ante todo, en preservar su existencia y los frutos de su trabajo”, señala Molinari. De ahí, precisamente, la necesidad natural de que surjan organismos (ya sean públicos o privados) que tengan por objeto garantizar a cada cual “la posesión pacífica de su persona y de sus bienes”.

3. Sin embargo, el Estado ha ejercido a lo largo de la historia el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Esto ha sido así, entre otros motivos, porque la producción de seguridad es una necesidad indispensable y, por lo tanto, altamente valorada por los individuos, con lo que constituye un bien susceptible de soportar una tasa de monopolio más alta (un precio más elevado). Por ello, pocos bienes, como es el caso de la seguridad, pueden caer “con tanta facilidad en el monopolio”. En segundo lugar, la característica esencial del monopolio reside en que se ampara necesariamente en la fuerza. Y, en este sentido, pocos entes gozan de mayor poder que los propios gobiernos. Así, tal y como señala Molinari:

“¿Cuál es, en realidad, la situación de la persona que necesita seguridad? La debilidad. ¿Cuál es la situación de aquellos que se comprometen a proveerles la seguridad necesaria? La fuerza. Si fuese de otra forma, si los consumidores de seguridad fueran más fuertes que los productores, es evidente que prescindirían de su auxilio. Pero, si los productores de seguridad son, en su origen, más fuertes que los consumidores, ¿no sería sencillo para aquellos imponer un régimen de monopolio a estos últimos?”

En la práctica, el origen y perfeccionamiento del Estado, guarda sorprendentes similitudes con la violencia que ejerce cualquier mafia o grupo de vándalos bien organizado. Así, bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a supuestas amenazas externas e internas, el poder gubernamental se erige como la única fuente de legitimidad para legislar e imponer tributos dentro de los límites de un determinado territorio gobernado a modo de dominio exclusivo, tal y como expone el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta.

Según Molinari, el Gobierno ha garantizado —supuestamente— la seguridad a lo largo de los últimos siglos bajo la forma de “monopolio” o “comunismo”. El primer sistema se corresponde con el modelo del Antiguo Régimen, en donde el monarca o la clase aristocrática ejercía de un modo despótico el uso exclusivo de la fuerza, bajo la legitimidad que les otorgada una supuesta designación divina. Sin embargo, con el paso del tiempo, “los consumidores, habiendo adquirido conciencia de su número y de su fuerza, se sublevaron contra el régimen de la pura arbitrariedad”. Los procesos revolucionarios experimentados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia supusieron la caída del Antiguo Régimen y la instauración de un nuevo modelo en el que el citado monopolio fue sustituido por el “comunismo” de la seguridad.

Los consumidores emprendieron entonces “por su cuenta la gestión de esta industria y eligieron para este fin a un director de explotación asistido por un consejo (Gobierno representativo). Así fue como el comunismo sustituyó al monopolio”, explica Molinari. El monopolio de la seguridad fue, finalmente, sustituido por la “producción en común”, en referencia a la soberanía popular y los gobiernos de corte democrático. Pese a todo, la clave es que, tanto uno como otro sistema político, siguen manteniendo el uso exclusivo de la fuerza, impidiendo así la libre competencia (privatización total).

“Los gobiernos monopolistas [monarquías] afirman haber obtenido esa autoridad [por la gracia divina], que les otorga el derecho de modificar o de rehacer la sociedad a su antojo, y de disponer como bien les parezca de las personas y de las propiedades, de Dios mismo; los gobiernos comunistas [democracias] afirman haber obtenido esa misma autoridad de la razón humana, tal y como se manifiesta a través de la mayoría del pueblo soberano.”

4. Todo ello, sin embargo, viola directamente el Derecho Natural. Molinari articula su razonamiento contra el monopolio y el comunismo en la producción de seguridad en base a la siguiente secuencia lógica de carácter axiomático:

a. Que en todos los casos, y para todos los bienes que sirven para satisfacer las necesidades materiales o inmateriales del consumidor, el interés del consumidor consiste en que el trabajo y el intercambio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y de intercambio tienen como resultado necesario y permanente la máxima reducción del precio de las cosas.
b. Que el interés del consumidor de cualquier bien debe prevalecer siempre sobre el interés del productor.
c. Que la producción de la seguridad debe, por el interés de los consumidores de este bien inmaterial, permanecer sometido a la ley de la libre competencia.
d. Que ningún gobierno debe tener el derecho de impedir a otro gobierno entrar en competencia con él, o de obligar a los consumidores de seguridad a dirigirse exclusivamente a él para obtener este servicio.

El Derecho Natural establece la libre competencia como prerrequisito fundamental para el desarrollo económico y social, y como ley natural ha de ser válida para todo momento y lugar, sin excepción, de modo que afecta igualmente al ámbito de la seguridad, con lo que la potestad monopolística carece de justificación ética y moral.

Asimismo, cabe preguntarse si la producción comunista es superior o no a la producción privada. Tal y como demostró décadas después Ludwig von Mises, el fracaso del comunismo reside en la imposibilidad del cálculo económico. Pero, curiosamente, Molinari, a mediados del siglo XIX, ya advertía sin ambages la superioridad del libre mercado con estas palabras: «O bien la producción comunista es superior a la producción libre, o no lo es. Si lo es, no lo es sólo para la seguridad, sino para todas las cosas. Si no lo es, el progreso consistirá inevitablemente en reemplazarlo por la producción libre. Comunismo total o libertad total, ¡he ahí la alternativa!»

5. Así pues, ¿debe ser la seguridad un servicio privado? La respuesta inequívoca es sí. No existe justificación teórica ni práctica para que el Estado mantenga bajo su dominio absoluto la producción de un bien tan esencial para el individuo como la provisión de seguridad, por lo que debe abrirse a la libre competencia y regirse por sus leyes.

La visión de Molinari en este ámbito resulta sorprendente, no sólo por su solidez teórica sino también por el acierto y concreción de sus propuestas e, incluso, por su capacidad de prever un debate que, en la actualidad, goza de plena vigencia en la esfera política, social y académica. De este modo, la “organización natural” de la industria de la seguridad no se diferenciaría del resto de actividades económicas, con el consiguiente beneficio y ventajas para los consumidores.

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