Valladolid. El Tribunal Supremo ha anulado los convenios que el Gobierno Vasco firmó en 2002 con los Ayuntamientos de Treviño y La Puebla de Arganzón (entonces gobernados por partidos que apoyaban su anexión a Álava) sobre educación, cultura y desarrollo rural, tal y como afirma ABC en su edición digital.

De esta forma, el Supremo da la razón a la Junta de Castilla y León que emprendió la vía judicial contra estos convenios y que supuso la ruptura de las relaciones institucionales entre ambos gobiernos.

El Supremo ratifica, según ABC, la última sentencia dictada al respecto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que fue recurrida por el Gobierno de Ibarretxe. Dichos convenios de colaboración suponían un inversión total de 306.516 euros y entre los proyectos destaca la puesta en marcha de un aula infantil en euskera para niños de 0 a 3 años.

El TSJ de Castilla y León consideró en su sentencia de 2005 que todos suponían una extralimitación de los ayuntamiento en sus competencias “pues viene a encaminar su actuación en materia de educación y cultura y de promoción económica y desarrollo rural de acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno Vasco, cuando éstas sólo puede marcarlas la Comunidad Autónoma de Castilla y León”.

A pesar de la sentencia de 2005, los convenios han seguido desarrollándose. El portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, mostró ayer su satisfacción y explicó que “era algo esperado”. En declaraciones a El Correo, el consejero de la Presidencia acusó al Gobierno Vasco de “hacer oídos sordos” a sus peticiones de colaboración en el lugar. “Nos dirigimos por carta en marzo y a fecha de hoy, sólo hemos recibido la callada por respuesta”, concluyó

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