Valladolid. La Junta y los empresarios del sector fotovoltaico de la Comunidad mostraron su preocupación por la nueva regulación aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros debido a que este decreto supondrá descensos de actividad en la región con la creación de cupos de capacidad, y perderá nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo.

Tras una reunión mantenida hoy entre el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y los empresarios, la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, reconoció que la ordenación del sector era necesaria, así como las consideraciones en relación a la tarifa eléctrica, si bien consideró que, “en un momento de crisis económica, no se debe desperdiciar ninguna oportunidad en un sector productivo importante como este, incipiente en estos momentos en el desarrollo industrial”.

Hernández recordó que el sector fotovoltaico genera 40.000 empleos en España y alrededor de 4.000 en la Comunidad y este nuevo reglamento “daña, posiblemente, las nuevas posibilidades de inversiones”. Como ejemplo, la viceconsejera recordó que con la nueva regulación, las instalaciones podrán alcanzar 400 megavatios por año en el conjunto del país, mientras que en los últimos nueve meses la potencia instalada en España fue de 1.500 megavatios, “por lo que es evidente que supondrá un brusco frenazo”.

En este sentido, la viceconsejera de Economía destacó que la Junta, dentro del nuevo marco, trabajará para luchar por un sector “más competitivo”, con una apuesta “clara” de abordar nuevos mercados, la internacionalización del sector y la posibilidad del desarrollo tecnológico. Por ello y puesto que las capacidades a nivel regional estarán “más limitadas” por la fijación de esos cupos, “habrá que mirar a otros mercados y aprovechar esas capacidades de venta en el exterior para que al menos pueda seguir habiendo desarrollo industrial en la región”.

Entre las demandas de los empresarios, Hernández manifestó que han solicitado que el Gobierno regional traslade la situación de preocupación al Ministerio de Industria. De este modo, se abre una nueva etapa, ya que con regulación nueva sobre la mesa, “habrá que continuar el trabajo de diálogo con el Ministerio para que entienda las necesidades del sector, porque será muy difícil que los nuevos proyectos empresariales que estaban planificados continúen teniendo viabilidad en el futuro”.

Propuesta al Ministerio

La viceconsejera de Economía abogó por un sector “más equilibrado” que no suponga “frenazos con esta brusquedad”. “Hay modelos en Europa que se pueden barajar y se pueden ver como referencia, con mayor orden del crecimiento del sector”, señaló Hernández, quien aconsejó el sistema alemán, el cual no establece cupos ni limitaciones de capacidad de megavatios que se puedan instalar en el territorio.

Además, añadió que el modelo bávaro incluye una “disminución gradual” de la prima en el tiempo, “en la medida en que la demanda se adecue a la oferta en el sector”. Por ello, consideró que este modelo podría ser “interesante” para España, “que fruto de esa anterior regulación ha tenido un desarrollo expansivo en el sector y que en este momento no se puede frenar en seco”.

Nueva potencia

Asimismo, la viceconsejera recordó que en la actualidad la Comunidad ronda los 300 megavatios instalados, aunque habría cartera para autorizar 600 en total. La regulación sólo incluye 300 megavatios objetivo para el conjunto nacional, de los que sólo 28 corresponden a Castilla y León. Al respecto, declaró que pasar de esa posible cifra de 600 megavatios a los que ofrece la modificación “representaría un desfase real entre la demanda y la oferta”.

Begoña Hernández sostuvo que en la Comunidad hasta 600 megavatios “podrían tener todas las autorizaciones resueltas, pero ya no se podrán beneficiar de la prima del Gobierno en la medida en que no entran en las capacidades transitorias que ha dado el Ministerio, que básicamente son 100 megavatios extras para toda España para 2009 y 60 nuevos para 2010″.

Esta regulación “dista mucho” de los objetivos de regiones como Castilla y León o Castilla-La Mancha, que están a la cabeza del desarrollo del sector. Por ello, pidió al Ministerio que atienda estas peticiones y las políticas territoriales de algunas comunidades.

Otro de los aspectos que critica la Junta en relación al reglamento es que no incluye reservas autonómicas, “se trata de cupos nacionales en el que el primero que llega será el que primero pille. Esa será la realidad”, aseguró Hernández.

Las comunidades, de lado

Por otro lado y en relación a la implantación de esta nueva regulación, Begoña Hernández se quejó de que, “una vez más”, el Gobierno ha dejado “de lado” las competencias y a las comunidades autónomas, “en el oficio responsable de su actividad en el territorio”. La viceconsejera critica que el Estado se olvide de los gobiernos autonómicos “al disponer que las nuevas potencias e instalaciones se van a regular a través de un registro nacional que controlará el Ministerio y dejará a las comunidades sin posibilidad de ordenar en su territorio este tipo de actividades”.

A juicio de la viceconsejera,este sector es “muy importante” para Castilla y León, porque el territorio es extenso y con amplias zonas rurales que tienen en este sector “una oportunidad de desarrollo, de rentas futuras, actividad económica y que en estos momentos no podremos ordenar de forma coordinada con el Ministerio”. “Estas instalaciones consumen recursos de evacuación, que no será posible que las comunidades organicen compatibilizándolos con otros usos industriales en los entornos rurales”, concluyó la viceconsejera de Economía

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