Valencia. Los consejeros responsables de la atención a las personas en situación de dependencia de las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Canarias, La Rioja, Madrid y Castilla y León denunciaron hoy en el II Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas el incumplimiento del Gobierno central en la aplicación de la Ley y exigieron el pago de los “más de 100 millones de euros que el Estado debe a las comunidades autónomas”.

Tras la celebración de I Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas, el Ministerio “no sólo no ha avanzado en el desarrollo de la aplicación de la Ley sino que ha dejado de cumplir sus compromisos”. En este sentido, el consejero de Familia de Castilla y León, César Antón, recordó que aunque las comunidades reunidas representaban al 40% de la población del país, lo acordado en este encuentro “está parado”.

Antón añadió que la financiación presupuestaria fue una de las cuestiones abordadas hoy en Valencia, una materia sobre la que denunció que a día de hoy los usuarios y las comunidades autónomas asumen el 80% de los costes derivados de la Ley de la Dependencia, mientras que la Administración del Estado contribuye con entre el 15 y el 20%, “menos de lo que aportan los usuarios”, señaló. En este sentido, denunció que “por congelación, supresión o reducción” más de 115 millones de euros para la atención a la dependencia no han llegado a las comunidades autónomas.

Según las comunidades reunidas hoy en Valencia, “no han recibido las cuantías comprometidas por el Gobierno central ni del mínimo ni del nivel acordado, incumpliendo tanto la Ley y el Real Decreto que regula el pago de las prestaciones, como la resolución de 8 de agosto donde se establecía el pago a las comunidades autónomas del 75% del nivel acordado en el mes de septiembre”.

Entre las reclamaciones que hoy plantearon los consejeros se encuentra la de exigir al Gobierno central que dote al Sistema de Atención a la Dependencia de una financiación suficiente y asegurada en el tiempo, que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y su futuro desarrollo. Asimismo, reclamaron el pago inmediato de los más de 100 millones de euros que el Estado debe a las comunidades autónomas reunidas hoy.

Además, abogaron por dotar al Sistema de Atención a la Dependencia de un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia y por establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes Administraciones.

Al mismo tiempo, pidieron anticipar la revisión prevista en la Ley sobre su aplicación. El objetivo de ésta sería mejorar el procedimiento y agilizar los trámites que permitan dar una mejor respuesta a los ciudadanos. También solicitan que se consideren las características de algunas discapacidades y enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la enfermedad mental, con el fin de garantizar que estos colectivos tengan un acceso efectivo al sistema de dependencia.

Además, apostaron por trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades financieras del Sistema de Atención a la Dependencia para dotar a las comunidades autónomas de fondos suficientes para el desarrollo de la Ley.

Compártelo