Valladolid. Castilla y León tiene desde hoy una nueva Ley de Carreteras que adapta la anterior, que data de hace dieciocho años, a las nuevas exigencias técnicas y a las necesidades de los usuarios, además regula la financiación privada en régimen de concesión para las obras públicas. La normativa sale de las Cortes con los votos a favor de PP y UPL, mientras que el PSOE votó en contra por entender que no resolverá los problemas que hay en la red viaria de la Comunidad Autónoma.

En el debate en pleno, la oposición socialista no consiguió ‘colar’ ninguna de las 47 enmiendas vivas, de 72 presentadas, que defendió la procuradora Ana Muñoz de la Peña, entre ellas la de un fondo especial de carreteras, dotado con los recursos de la explotación y dominio público, para la mejora y conservación de la red viaria de Castilla y León.

También, reclamó que todos los proyectos de carreteras se acompañen de planes de restauración paisajística y del entorno y que se pida un aval a empresas que utilizan una carretera de manera excepcional y temporal por si se produce un deterioro que no produciría el tráfico ordinario en la vía.

“El mejor favor que han hecho a la ley es la retirada de 13 enmiendas”, aseguró el popular Rubén Rodríguez Lucas, que rechazó que su grupo no haya tenido en cuenta las propuestas de los socialistas cuando han aceptado 25 de las 72, casi el 40% de las presentadas.

Para Rodríguez Lucas, si su grupo no ha aceptado más enmiendas es o bien porque no aportaban nada o porque se remitían a medidas ya recogidas, mientras que calificó la ley que sale de las Cortes como “la del Siglo XXI” y destacó su objetivo de vertebración del territorio y de crear un sistema viario moderno.

Planificación y construcción

La normativa establece, además de la financiación tradicional, los mecanismos en régimen de concesión para la construcción y explotación de carreteras por particulares, así como las aportaciones de recursos públicos para reducir o suprimir las tarifas que constituyen la contraprestación de los servicios a prestar por las sociedades concesionarias.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, destacó del proyecto, durante una breve presentación ante el plenario, la clasificación de la red viaria —27.000 kilómetros de carreteras autonómicas y provinciales y 5.000 estatales—, la planificación y la construcción, en la que se regula la financiación privada, a la que ya ha acudido la Junta para la ejecución de la Autovía Segovia-Valladolid.

El proyecto de Ley de Carreteras, aprobado el pasado 22 de mayo por la Junta, revisa la normativa de 1990 para adecuarla a las nuevas exigencias técnicas y a las demandas de los usuarios. En cinco títulos, 41 artículos y cuatro disposiciones, se recoge el objeto de la ley, el régimen de carreteras, el uso y defensa de las carreteras, las travesías y tramos urbanos y las infracciones y sanciones, que pueden ir desde una multa de 100 a 30.000 euros, según sean leves o muy graves.

En una de las disposiciones, se establece que la Junta aprobará, a propuesta de la Consejería de Fomento, un catálogo de las carreteras de titularidad autonómica con su clasificación

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