Violencia contra las mujeres. Una de cada cinco mujeres que ha sufrido violencia de género en Castilla y León desconfía de las medidas institucionales de protección y el 26,09 por ciento afirma que sufrió maltrato más de diez años. Además, el 81,5 por ciento indica que solicitó una orden de protección tras denunciar los hechos, medida que recibió el 96 por ciento del colectivo. Estas son las principales conclusiones de un trabajo sobre la ‘Influencia de las medidas de protección en las mujeres víctimas de violencia de género’, elaborado por Miguel Pérez Fernández y Luisa Velasco Riego, en el seno de la Comisión Regional contra la Violencia de Género, adscrita a la Consejería de Familia.
Una de cada cinco mujeres víctima de violencia de género en Castilla y León desconfía de las medidas de protección y una cuarta parte sufre maltrato más de diez años
El estudio, consultado por Ical, se centra conocer cómo afectan a estas mujeres las medidas de protección acordadas por los órganos judiciales, es decir, las órdenes de protección, las medidas de alejamiento cautelares adoptadas, y cualquier otra acción de seguridad acordada para evitar nuevas agresiones a la víctima, como la protección policial personalizada o el servicio de tele-asistencia.
Por lo que respecta al contacto mantenido con el sistema judicial, policial, sanitario y servicios sociales, todas las mujeres encuestadas lo tuvieron en alguna ocasión con la Policía. En el caso de aquellas mujeres que residían en ámbito urbano, un 63,04 por ciento acudió al Cuerpo Nacional de Policía y un 54,35 por ciento, a la Policía Local. El 21,74 por ciento al residir en núcleos rurales acudió a la Guardia Civil.
Los datos del informe reseñan que el 90,22 por ciento de las mujeres encuestadas acudió al juzgado y, aunque todas disponen de alguna medida judicial, algunas no contactaron de forma personal, sino por medio de un abogado. Del 77,17 por ciento de las mujeres que solicitaron asistencia sanitaria, la menor parte lo hizo al médico de familia, el 33,8 por ciento. El 69,01 por ciento restante acudió a urgencias. Además, se comprobó que un porcentaje elevado de mujeres acude a los servicios sociales (76,09 por ciento) y un 7,61 por ciento a otras instituciones, entre las que se incluyen el psicólogo del Juzgado, asociaciones, oficina de asistencia a la mujer, unidades de salud mental y psicólogos particulares.
Además, se observó que un 40,22 por ciento de las mujeres denunció sólo en una ocasión; mientras que el 47,83 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces. Sin embargo, un porcentaje importante de mujeres retiró la denuncia en alguna ocasión (36,96 por ciento). Entre los motivos alegados, arrepentimiento por parte del agresor, cariño, pena, pensar que puede cambiar, sentimientos hacia los hijos, miedo a que el agresor cumpla las amenazas y presión social y familiar, indica el estudio consultado por Ical.
:: Secuelas
Pese a que aproximadamente el 90% denuncia las situaciones de agresión, una de cada tres retira la denuncia por pena, cariño, presión social o amenazas, entre otros motivos
Según las respuestas recibidas por las mujeres sobre su percepción de las secuelas, el 79,35 por ciento afirmó que sufre secuelas en general, de las que el 83,56 por ciento son de carácter psicológico (ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, pesadillas, miedo, llanto, tristeza, sobresaltos, angustia, baja autoestima, trastornos alimenticios, inseguridad, inquietud, irritabilidad, desconfianza, pérdida de memoria, aislamiento, etc.), mientras que el 8,22 por ciento son físicas: dolor crónico de extremidades, costillas, cervicales, espalda, cabeza, fracturas, pérdida de fuerza en brazos, perforación de tímpano, lesión en el tabique nasal, funcionamiento anormal de los riñones, anemia, contracturas, heridas y cicatrices.
El 6,85 por ciento de las mujeres manifestó sufrir secuelas tanto físicas como psicológicas, mientras que en algunas mujeres (17,39 por ciento) los malos tratos parecen no haber dejado secuelas, aunque el estudio no puede concluir que las sufran, y el 3,26 por ciento no saben si realmente sufren secuelas o no.
:: Incumplimientos
El 31,75 por ciento de los agresores incumplieron en algún momento la medida de protección establecida por la autoridad judicial, mientras que el 42,86 por ciento lo hizo en más de cuatro ocasiones, siempre según el estudio. Mientras, el 12,7 por ciento los hizo dos veces y el 4,76 por ciento, tres. Respecto a los medios que el agresor utilizó para el quebrantamiento de la medida impuesta, en un 39,13 por ciento de los casos acudió al domicilio de la víctima; cuando la mujer había decidido cambiar el domicilio con el objeto de estar más segura, descubrió su paradero en el 39,22 por ciento de las ocasiones, y en un 5,88 por ciento de las situaciones el agresor intentó localizarla a través de familia o amigos, pero no lo consiguió. En aquellos casos en los que entre la medida de protección impuesta se encontraba la prohibición de aproximarse al centro de trabajo de la víctima (78,69 por ciento), el agresor incumplió la medida en un 33,33 por ciento de los casos.
La medida de prohibición de comunicación fue impuesta en un 96,74 por ciento de los casos, siendo violada por parte del agresor en el 69,66 por ciento de las situaciones. La forma más significativa de incumplir la medida referida fue la comunicación telefónica (70,97 por ciento), seguida de otros medios como a través de familiares de la mujer (33,87 por ciento), familiares del agresor que contactaban con la víctima (25,81 por ciento), amigos de la víctima (25,81 por ciento), amigos comunes de ambos víctima-agresor (20,97 por ciento), mensajes telefónicos SMS (20,97 por ciento), amigos del agresor (19,35 por ciento) y a través del correo electrónico (6,45 por ciento).
:: Contacto con el agresor
A pesar de haber obtenido una medida de protección como es la de prohibición de aproximación y comunicación, en el 15,22 por ciento de los casos fue la propia víctima la que contactó con el agresor, a través de comunicación telefónica (85,71 por ciento), de sus propios familiares (14,29 por ciento) o familiares del agresor (14,29 por ciento), mensajes telefónicos (7,14 por ciento) y por medio del correo electrónico (7,14 por ciento). En un 6,52 por ciento de las ocasiones fueron las mujeres las que se aproximaron al agresor, la mayoría (83,33 por ciento) presentándose en su domicilio, acercándose a lugares por él frecuentados (33,33 por ciento) y/o al lugar de trabajo del agresor (16,67 por ciento).
En cuanto a la seguridad de las mujeres, el 71,74 por ciento de las entrevistadas se encuentra integrada en algún sistema de protección, ya sea servicio de tele asistencia (21,21 por ciento), permaneciendo en servicios de atención policial específica un 57,5 por ciento y en un 42,42 por ciento recibiendo protección individualizada a través de las unidades de prevención, atención y protección del Cuerpo Nacional de Policía.
:: Perfiles
Los resultados arrojan que la violencia de género afecta a las mujeres independientemente de la edad, profesión y nivel sociocultural. Así, el 31,52 por ciento de las mujeres maltratadas finalizó estudios primarios y el 29,35 por ciento, los secundarios. El 6,52 por ciento realizó una diplomatura y el 5,43, una licenciatura. Además, trabajan en ámbitos muy distintos, aunque existe un importante grupo, el 18,87 por ciento, que trabajan en el sector de hostelería y empresas de limpieza.
Por lo que respecta al perfil del agresor y su ocupación, el 35,87 por ciento había finalizado estudios primarios; el 15,22 por ciento realizó estudios secundarios; el 4,35 por ciento, estudios universitarios superiores, frente al 3,26 por ciento que cursó estudios universitarios medios. En cuanto a la ocupación, se observó que el mayor porcentaje se correspondió con la profesión de albañil (16,67 por ciento) y operario de fábrica (8,33 por ciento).
En la investigación, realizada en Castilla y León, se utilizó una muestra de 113 mujeres maltratadas, de las que se seleccionó a 92 que cumplían los requisitos para realizar el estudio, con una media de edad de 37 años. Procedían de diferentes localidades y se accedió a ellas a través del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, casas de acogida, centros de emergencia, centros de acción social, Cruz Roja y Cáritas.
Para mejorar el análisis de la muestra, los datos obtenidos fueron comparados en los casos necesarios con un grupo control compuesto por mujeres que en ningún momento de su vida habían sufrido maltrato. Para ello se seleccionó un grupo de mujeres similares en características sociodemográficas a las del grupo de mujeres maltratadas.
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