Entrevista. El presidente de la Junta se refiere, en respuesta a unas preguntas planteadas por la Agencia Ical con motivo del Día de Castilla y León a la necesidad de reforzar el sentimiento autonómico desde “las políticas integradoras, la convergencia entre provincias, los proyectos de interés general y los grandes servicios públicos autonómicos. El jefe del Ejecutivo autonómico considera que el Estatuto constituye “un poderoso instrumento” para reforzar “nuestra identidad histórica, nuestra estima como pueblo y nuestra confianza en el futuro”. Sin embargo, en referencia al desarrollo estatutario, se queja de que, después de dos años de la aprobación del texto, el Gobierno central “titubea y parece dudar, ahora, sobre la transferencia de la gestión de la Cuenca del Duero y asegura que aceptar la financiación autonómica que propone el Ejecutivo supone “dar un paso atrás”. En un 23 de abril marcado por la crisis económica, Herrera rechaza que el Estado Autonómico sea el problema y sostiene que es parte de la solución, pero echa en falta un liderazgo político del Gobierno de la Nación capaz de llegar a acuerdos en una triple dirección: social, política y territorial. Y junto a ello, envía a los castellanos y leoneses un mensaje de “cercanía” con quienes están padeciendo la crisis y reafirma su voluntad de un mayor esfuerzo desde las administraciones y la sociedad civil para encontrar soluciones.

—Un 23 de abril marcado por la crisis económica. ¿Cuál es el mensaje que desde las instituciones autonómicas puede enviarse a miles de personas que viven con preocupación esta situación o están en el paro? ¿Qué capacidad tienen las instituciones autonómicas para hacer frente a una crisis como ésta?
En primer lugar, un mensaje de cercanía a las personas que, en nuestra Comunidad, están pasando por momentos difíciles, de pérdida de empleo, de destrucción de su proyecto empresarial, de graves problemas para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, quiero trasladar un mensaje de esfuerzo intenso, de esfuerzo en términos de trabajo, en términos presupuestarios y de apoyo a las empresas y a las familias, especialmente a las que tienen más dificultades. Un esfuerzo que debemos realizar, que estamos realizando, las administraciones públicas, los agentes económicos y sociales y, también, el conjunto de la sociedad civil. Trabajamos con el máximo empeño para aportar soluciones eficaces en ejercicio de nuestra capacidad de autogobierno. Una capacidad limitada pero no desdeñable, pues incluye un volumen considerable de recursos públicos orientados en las cuatro líneas estratégicas que ya desarrollamos: acelerando la inversión pública productiva, con 1.050 millones de euros licitados entre enero y marzo de 2009; incrementando nuestro apoyo a las empresas con especial énfasis en la innovación productiva y en la internacionalización como elementos clave para nuestra competitividad en una economía global; en tercer lugar, mejorando las políticas de empleo; y, finalmente, simplificando trabas burocráticas y reduciendo cargas administrativas para facilitar la implantación de proyectos empresariales. Así vamos a seguir haciéndolo hasta que Castilla y León recupere la senda del crecimiento y la generación de empleo. Necesitamos complementar estas iniciativas con otras cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de España y que sólo el Gobierno puede y debe ejercer: política fiscal, marco de relaciones laborales, sector financiero, política energética, unidad de mercado, etc.

—Recientemente, los dirigentes sindicales coincidían en que el Estado Autonómico puede complicar la salida de la crisis por las dificultades para la coordinación de las políticas y el riesgo de que se busquen 17 salidas distintas al problema. ¿Comparte esta afirmación? ¿Sería necesario que en el paquete de reformas estructurales para afrontar la crisis se introduzcan también reformas institucionales o legislativas para reforzar las capacidades del Estado?
Creo que el problema no es el Estado Autonómico, sino la ausencia de liderazgo por parte del Gobierno de la nación, quizá condicionada por su interesada resistencia a reconocer la difícil situación económica durante muchos meses. Profundizando en nuestra capacidad de autogobierno, Castilla y León ha progresado en riqueza: en el período 2000-2006 hemos convergido con la UE 11,1 puntos hasta situarnos en 2006 en el 99,2 por ciento del PIB per cápita; en el ejercicio de nuestras competencias hemos consolidado y ampliado nuestros sistemas de protección social, que tienen una elevada valoración por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado Autonómico no es el problema, sino parte la solución. La situación que algunos describen obedece, más bien, a la inanición del Gobierno y a su falta de liderazgo. ¿Cómo es posible que no hayamos recibido ninguna indicación sobre las bases de la política económica general?; ¿que, en materia de automoción, el Gobierno apruebe sus planes y permita que cada comunidad oriente los suyos desde la exclusiva perspectiva autonómica?; ¿por qué aún no se ha convocado la Conferencia de Presidentes que venimos reclamando desde hace meses para coordinar las medidas frente a la crisis? Creo que la solución no es el cuestionamiento del Estado Autonómico sino un mayor liderazgo y capacidad de pacto en una triple vertiente: social, político y territorial, como estamos practicando en Castilla y León a través del Diálogo Social, la Mesa entre los principales partidos políticos y la cooperación con las entidades locales.

—Dos años después de la aprobación del Estatuto, su desarrollo debe afrontar ahora grandes acuerdos con el Gobierno central en cuestiones como la Cuenca del Duero, Plan de Convergencia Interior o la Financiación Autonómica. ¿Considera que el ritmo y el interés para este desarrollo es el adecuado?
Tras la aprobación del Estatuto, conseguimos constituir con rapidez la Comisión de Cooperación prevista en el mismo. Pero a partir de ahí, apenas se han producido avances reseñables: el Gobierno de la nación titubea y parece dudar, ahora, sobre la transferencia de la gestión de la cuenca del Duero; no está teniendo en cuenta las prioridades de la Junta a la hora de decidir sus actuaciones en Castilla y León, y, respecto a la financiación autonómica, tras diversos incumplimientos del los plazos anunciados por el propio Gobierno, aún no conocemos aspectos fundamentales de la arquitectura del modelo: cuantía global, tipos de fondos, evolución dinámica, peso de los distintos factores, etc.

—El resultado de la financiación autonómica será la piedra de bóveda del debate territorial para los próximos años, ¿considera que el Estatuto de Castilla y León se está teniendo en cuenta por los interlocutores en pie de igualdad con otros estatutos también reformados?
Es, efectivamente, una cuestión fundamental, pues hablar de financiación autonómica es hablar del mantenimiento y la mejora de los grandes servicios públicos que justifican y legitiman el Estado autonómico: sanidad, educación, servicios sociales o políticas activas de empleo. Pero aún hoy, desconocemos el peso de los factores establecidos en nuestro Estatuto: extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento. Nos preocupa la forma en que se está abordando esta cuestión y no sólo por los reiterados retrasos del gobierno. Sí conocemos que ha acordado con dos comunidades autónomas la aplicación de criterios estatutarios: una inversión adicional de 800 millones de euros en Cataluña y el pago de la denominada ‘deuda histórica’ en Andalucía por un importe de 1.200 millones de euros. Nosotros seremos exigentes con el cumplimiento de los criterios de nuestro Estatuto, con la exigencia de lealtad institucional y de acuerdo multilateral, de todas las comunidades, como se hizo en 2001 con el modelo aún vigente. Las últimas informaciones no nos satisfacen ni nos permiten ser optimistas: nos proponen como mejora 300 millones de euros, el 3,3 por ciento de los nuevos fondos, la mitad de lo que nos correspondería aplicando los criterios del actual modelo. Sería un paso atrás que no podemos aceptar pensando en el futuro de Castilla y León. Desde luego, no es un traje a la medida de la Comunidad.

—¿Con qué expectativas recibe el presidente de la Junta la creación de una Vicepresidencia de Coordinación Territorial en el Gobierno central y que su responsable sea un presidente autonómico?, ¿considera que se inicia una nueva etapa en la participación de las comunidades en la gobernanza general y de mayor coordinación?
Yo recibo esa decisión con prudente optimismo. Quiero creer que con ello mejorará la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pues todos somos Estado. Pero en esto hay que aplicar el antiguo principio: obras son amores.

—El 23 de abril es ya una fiesta normalizada, con su reconocimiento estatutario, pero ¿serían deseables mayores esfuerzos para consolidar la fiesta y, con ella, la cohesión de las nueve provincias?, ¿en qué dirección?
Efectivamente, la fiesta está normalizada, tanto en su vertiente popular, en la campa de Villalar, como en los actos institucionales y de reconocimiento a los Premios Castilla y León. Creo que es la fiesta para los representantes institucionales convocados este año en Ávila, para las miles de familias que la celebrarán en Villalar, y, especialmente, para los cientos de miles de castellanos y leoneses que día a día contribuyen con su trabajo, con su iniciativa, y con su tesón, a conseguir una Castilla y León más moderna, más abierta y, también, más cohesionada.

—La reforma estatutaria, la normalización del 23 de abril y la fiesta de Villalar, la apuesta por los grandes proyectos de Comunidad han marcado la actuación del Gobierno regional en los últimos años, ¿la debilidad del sentimiento autonómico puede dificultar también la eficacia en el desarrollo de algunas políticas que inciden en el ‘interés general’ de Castilla y León?
Desde luego, el Estatuto constituye un poderoso instrumento para reforzar nuestra identidad histórica, nuestra estima como pueblo y nuestra confianza en el futuro. Juega, en definitiva, un importantísimo papel para seguir construyendo Comunidad. Castilla y León ha contribuido aportando algunos de sus valores a la identidad común, a la identidad de España y eso ha hecho, probablemente, que su identidad se diluya en un todo más amplio, ha ocurrido lo mismo que con su lengua. Pero no tenemos que olvidar que la identidad no es estática, está en permanente construcción, y de nosotros depende, en última instancia, la visión que queremos proyectar de Castilla y León. Las políticas integradoras, la convergencia entre provincias, los proyectos de interés general, los grandes servicios públicos autonómicos, contribuyen, y lo seguirán haciendo, a reforzar el sentimiento autonómico. Por otra parte, no debemos olvidar que determinados egoísmos, visiones localistas o el tamaño de algunos proyectos no contribuyen a generar dimensiones adecuadas y pierden eficiencia en términos económicos, políticos y sociales. Lo que algunos comienzan a denominar ‘los costes de la no comunidad’.

—¿Cómo analiza la resistencia de algunas provincias a proyectos de fuerte trascendencia autonómica, como por ejemplo, la integración de las cajas?, ¿debe analizarse como una resistencia a perder cuota de poder provincial o más bien al mantenimiento de recelos sobre las instituciones autonómicas?
En todos los procesos de cambio se generan tensiones, resistencias e incomodidades. Más aún, como en el caso del proceso de integración de las cajas, cuando la situación de partida es diversa, heterogénea y con vínculos locales e históricos de peso. El proceso de integración obedece tanto a razones de eficiencia relacionadas con la función que deben desempeñar las cajas, como a las necesidades de la Comunidad, de sus empresas, de sus autónomos, de las familias y los ahorradores de Castilla y León. Por eso decimos que precisamos un sistema financiero más eficiente, más potente y más comprometido con Castilla y León. Estoy seguro que vamos a conseguirlo y espero que pronto comiencen a tomarse decisiones en esa dirección.

Compártelo