Comercio interior. El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, arremetió hoy contra el anteproyecto de ley de reforma de la ordenación del comercio minorista, que prepara el Gobierno, porque supondrá “la liberalización del sector comercial” y desaparecerán las autorizaciones administrativas para la instalación de grandes establecimientos. Así, Villanueva criticó que el Gobierno haya modificado “radicalmente” el texto que había sido elaborado por un grupo de trabajo en el que estaban presentes las comunidades autónomas. Por ello, se mostró “francamente preocupado” por las consecuencias que tendrá sobre el comercio esta libertad de establecimiento comercial previsto en el anteproyecto para adaptar la directiva europea de servicios.

Esta directiva, explicó, permitía a los estados miembros un “juego legal” para acomodar a sus necesidades la instalación de establecimientos, mientras que en este anteproyecto se establece la libre instalación de equipamientos y deja a las comunidades autónomas, como administraciones competentes en comercio interior, sin contenido. Pueden iniciar expedientes, en todo caso, siempre por razones de interés general (ordenación de medio ambiente, territorial y respeto al patrimonio).

En este sentido, aseguró que estas tres protecciones están ya reguladas en el derecho español y en Castilla y León “no hay ni un solo proyecto de equipamiento comercial que infrinja la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente o patrimonio”. “Las comunidades autónomas no vamos a tener posibilidad de intervenir en la política comercial a los efectos de mantener un equilibrio entre los distintos formatos de equipamientos comerciales”, recalcó. Esto supondrá, añadió Villanueva, que los comercios pequeños tendrán que competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies.

Precisamente fruto de esta modificación normativa, el expediente que tramita la Consejería para la instalación de Ikea en Arroyo de la Encomienda podría sufrir modificaciones, si bien Villanueva dijo que “hoy por hoy estamos sujetos a la legislación vigente y hasta que no exista una norma que cambie la regulación actual, aplicaremos la actual pero lo que está claro es que antes del 29 de diciembre el derecho español tiene que tener transpuesta esta directiva europea y Castilla y León la adaptará”.

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