Guarderías. El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, quien se reunió hoy con representantes de Ampas de Centros de Educación Infantil, trasladó a los padres “la sensibilidad de la Junta de Castilla y León ante su inquietud por el proyecto de Ley de Transferencias que se encuentra en trámite parlamentario en las Cortes y que posibilitará el traspaso de estos centros a los ayuntamientos”. En este sentido, Fernández Mañueco aseguró que esta ley es un marco jurídico que mantiene la titularidad pública y que abre puertas “pero no impone nada a los ayuntamientos ni a los padres ni a los profesores”.En la reunión, participaron representantes de Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de Centros de Educación Infantil de León, Ponferrada, Tordesillas y Zamora, a quienes el consejero de Interior y Justicia, acompañado del director general de Administración Territorial, Clemente Pita Garrido, tendió una mano para mantener el contacto durante el desarrollo reglamentario de la Ley de Transferencias, informaron fuentes de la Junta.

Además, el consejero, quien calificó la reunión de “cordial”, insistió en que los centros de educación infantil mantendrán la titularidad pública y la calidad de su funcionamiento en los ayuntamientos que decidan asumir su gestión tras la negociación correspondiente. También, subrayó que los centros que se traspasen seguirán estando bajo la supervisión de la Junta de Castilla y León, que se reservará determinadas funciones, como el desarrollo curricular, la ordenación académica y la evaluación de las enseñanzas o el desarrollo de las directrices de orientación educativa y psicopedagógica o las propias de la inspección educativa.

El consejero explicó que esta Ley de Transferencias se puso en marcha tras el Acuerdo del Pacto Local, que fue consensuado con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León y ratificado después por todos los ayuntamientos de la Comunidad y las diputaciones provinciales. En esta línea, el consejero apuntó que esta Ley será un instrumento jurídico que permitirá a los ayuntamientos que lo deseen asumir esos centros de educación infantil con todas las garantías. Contarán con medios adecuados y suficientes para realizar una prestación eficaz de este servicio público, con la aportación económica anual necesaria por parte de la Junta para su gestión.

La Consejería de Interior y Justicia sostiene que las transferencias de competencias no implican mayor carga económica para las entidades locales. El traspaso se negociará en comisiones mixtas, que contarán con representantes de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento concreto, que deberán acordar por unanimidad los medios personales, materiales y financieros que acompañan al traspaso. Si no hay acuerdo, no se realizará el traspaso.

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