Garoña. Después de que el Consejo de Seguridad Nuclear entregara ayer al Ministerio de Industria el informe en el que se aconseja renovar la autorización de explotación de la central de Santa María de Garoña durante diez años más, con 15 condicionantes, la polémica sobre el incierto futuro de la planta sigue tanto en el ámbito político como en la calle. Sin embargo, son los vecinos de los pueblos de los alrededores de la central los verdaderos protagonistas de la vida diaria de la misma.Es el ejemplo de Pilar López, encargada del bar ‘Casino’ en la localidad de Quintana Martín Galíndez, donde se ubica la planta. Aunque ahora dentro de su familia sólo trabaja en la central su cuñada, tanto su hijo como su cuñado estuvieron empleados allí varios años. Sin embargo, se muestra confiada y afirma que “con más seguridad que está ahora al tener dentro gente trabajando, no va a estar después, cuando se termine de desmantelar”. Considera que si se cierra la central muchos de los vecinos irían al paro, y espera que el Gobierno “lo deje estar”, aunque, “los políticos utilizan el tema de la central como un arma de doble fuego”.

Algo más alejado, aunque no por ello menos concienciado, se encuetra el alcalde pedáneo de Cornudilla, Julián Calvo, que se muestra en contra del cierre, ya que “produciría mucho paro en la zona, tanto en puestos directos como indirectos”. Además, apunta que la producción de energía en una central “no es comparable con otro tipo” de instalación, por lo que apuesta por mantener la “poca industria existente en la zona”.

Sin embargo, Félix Ángel Martín, vecino de Oña, considera que se trata de “una cuestión política”. Es consciente de que mientras no se elabore un plan alternativo “su cierre sería una hecatombe para toda la zona”. Para este oniense, “el problema es que no se ha planteado una alternativa, lo que ofrece una muestra de que a los políticos les da exactamente igual si se cierra o no”. “La central no se ha plateado nunca desde un punto de vista medioambiental, sólo económico”, señala, y hace constar que no se cuestiona la seguridad de la central “porque si no debería marcharse de la zona”.

Los ecos de la planta atómica llegan incluso al centro geriátrico de Oña, donde la madre superiora, Sor Sabina, confiesa que aunque desconozca en que medida puede llegar a ser insegura la central, “lo que si está claro es que con su cierre peligran los puestos de trabajo”.

La cuestión de la seguridad es otro de los comentarios en la zona. En el corazón de la zona del Valle de Tobalina, el alcalde, Rafael González, que está al frente de las 32 pedanías, afirma que “la central lleva muchos años funcionando en la zona y no ha habido nunca ningún aviso para emergencias, por lo que se llega a convivir como si fuera una factoría más”. “La mayoría de los que aquí vivimos somos conscientes de que no estamos sufriendo ningún tipo de anomalía ni ningún riesgo, porque si no, nos hubiéramos marchado fuera”.

:: Plan rescate

Con una población en el valle que pasa de los 1.100 habitantes en los meses de invierno a los 7.000 en la época estival, el alcalde estima que una cuarentena trabaja en la planta atómica, y señala la actividad agrícola como la “más importante” puesto que existe una “buena tierra para el cultivo sobre todo de cereal”.

Para González, el hecho de que la central continué es la “normalidad, a lo que están acostumbrados”, por lo que prefiere evitar cualquier cambio en el modo de vida. En esta línea asegura que en el caso de que se produzca el cierre, “la pérdida de esos puestos de trabajo tendrían un efecto negativo, ya que es la única empresa que se dedica a la transformación en la zona”.

El único vínculo con el sector secundario es un polígono industrial ubicado en Quintana Martín Galíndez, en el que el Ayuntamiento del Valle de Tobalina tiene puesta la ilusión para la transformación de productos como el trigo o la cebada. Así, aunque González reconoce que ahora es una época bastante complicada, anuncia que se construirán unas naves destinadas a la propia administración y otras a algunos empresarios de la zona.

A juicio del alcalde, “tener suelo industrial es imprescindible, sobre todo en una zona en el que el sector primario es básico”. Por ello, instó al Gobierno a que elabore un plan de desarrollo en la zona tanto si decide la continuidad como el cese de la planta, “algo que ya debería estar ahí”.

En este sentido y después de casi 40 años de la existencia de Santa María de Garoña, González asegura que “nadie se ha acordado de elaborar un plan de desarrollo, que debería ser obligatorio cuando hay una instalación de estas características, que en su día produjo el 80 por ciento de energía de la provincia de Burgos”. “Estoy esperando que alguien de las administraciones aparezca por la zona y que nos ayude para que el día que la central deje de funcionar no sea un trauma para los trabajadores y para los ingresos de esta zona rural”, subraya.

:: Plan de emergencia nuclear

Esta posición se repite desde la Asociación de Municipios de Centrales Nucleares (Amac), de la que González es además representante en la zona. En el caso de Burgos, esta asociación está compuesta por 14 municipios ubicados en un radio de diez kilómetros de la central y que disponen en buena medida de los impuestos generados de esta actividad. “Lo que pedimos es el desarrollo económico de las zonas que tienen centrales nucleares”, indica.

Además, desde Amac luchan por paliar todas las carencias que puedan existir en el Plan Director en caso de Emergencia Nuclear en la provincia. Este es el motivo por el que en las instalaciones del Ayuntamiento se encuentra uno de los muchos medidores de radiación que hay por la zona y una emisora que permite la comunicación directa con Protección Civil.

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