Dependencia. El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, propuso hoy a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que Castilla y León, teniendo en cuenta el grado de implantación de la Ley de Dependencia en su territorio, pilote un proyecto para la formación y respiro de cuidadores que, después, sirva para aplicar en el conjunto del Estado. En principio, la región fijaría, en colaboración con el Ministerio, las bases del contenido formativo; sus diferencias y formas de impartir la formación, además de los instrumentos necesarios, para, después, adaptar el modelo al conjunto de Sistema Nacional de Autonomía y Atención a la Dependencia.

La ministra del ramo consideró que esta propuesta podría ser factible y se comprometió a estudiarla, según explicó el consejero a Ical al término de la reunión, un encuentro que calificó de cordial y de toma de contacto, ya que fue la primera vez que ambos dirigentes se entrevistaron. Junto a esta propuesta, Antón también pidió, ante la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2010, que se garantice una financiación “suficiente y asegurada en el tiempo” por parte de la Administración que asegure “las sostenibilidad financiera del sistema nacional de la dependencia”. En este contexto, consideró necesario que se mantengan los criterios de distribución de créditos entre las comunidades para el nivel acordado que se fijaron en el Consejo Territorial en 2008, con las ponderaciones establecidas que también recoge el esfuerzo en la aplicación y desarrollo de la Ley.

En aquel momento, la Comunidad tenía un peso del 8,35 por ciento, que se ha rebajado hasta el 7,88 por ciento, cuando cuenta con el 8,12 por ciento de la población dependiente que hay que atender. “Además, si hay que tener en cuenta el esfuerzo en el desarrollo de la Ley, está claro que se nos tiene que corresponder con el hecho de ser la primera comunidad autónoma en este aspecto”, a tenor del III Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que otorgó un notable alto a la región -un 8,5 sobre diez-, la nota más alta del conjunto de las autonomías.

Además, indicó que si se platean otros criterios que puedan reflejar el esfuerzo en el desarrollo y aplicación de la norma, el mayor es el conceder prestaciones, “totalmente identificadas” a quien corresponden; y consideró que una vez que se acuerden en el Consejo Territorial se ratifiquen por el Consejo de Ministros los criterios y créditos de reparto a las comunidades autónomas, sin que “se establezcan otros acuerdos bilaterales” con las autonomías fuera de estas partidas.

Del mismo modo, Antón solicitó “transparencia y sensibilidad” en la información sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, teniendo en cuenta sus efectos en las personas y las familias; así como que se agilice la revisión de la aplicación de la norma para mejorar el procedimiento y agilizar los trámites que permitan dar una mejor respuesta a los ciudadanos. Para ello, el consejero estimó necesario dotar a todo el proceso de un sistema informático que dé respuesta a las necesidades actuales. A estas propuestas, el consejero sumó que se fijen mecanismo e instrumentos “reales de coordinación” entre el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Sistema Nacional de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Antón añadió que para lograr la “total transparencia del sistema”, se debe informar en el seno del Consejo Territorial de la cuantía global de los pagos al conjunto del sistema en concepto de nivel mínimo, desde el inicio de la aplicación hasta el momento actual; y que en este órgano de participación es donde debería acordarse la estructura y criterios. El consejero sumó que en el Consejo se debería hacer un análisis y valoración de los costes de gestión del procedimiento para el cumplimento de la Ley, con el fin de buscar “formas, créditos y criterios para financiar estos gastos tan importantes”.

:: Atención integral

En la reunión, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades puso sobre la mesa la necesidad de ofrecer una atención integral a la población ante situaciones que requieren una coordinación de la atención sanitaria y la social. A su juicio, en estos momentos, cuando por primera vez confluyen estas dos áreas en un mismo ministerio, sería oportuno crear, con criterios homogéneos para todo el Estado, centros de atención sanitaria y social para la dependencia. En este aspecto, Jiménez indicó que el Ministerio trabaja ya en este sentido y acogió con agrado la propuesta del consejero.

:: Otras áreas

El primer encuentro que mantuvo Antón con la ministra de Sanidad y Política Social estuvo cargado de contenido. Además de la Ley de Dependencia, ambos dirigentes abordaron la colaboración y cofinanciación en otros programas y planes para los servicios sociales básicos, personas mayores, con discapacidad y protección a la infancia. Así, como mínimo, el consejero exigió que se repongan los créditos que en 2008 y 2009 “recortó o suprimió” el Gobierno de la nación para programas estatales “tan necesarios” como el Plan Gerontológico Nacional; el Plan Estatal del Voluntariado; el de Acción para Personas con Discapacidad; los programas de apoyo a las familias para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como el Plan Nacional Gitano.

Además, Antón consideró que el Gobierno debería garantizar la financiación del programa de atención a menores no acompañados procedentes de Canarias, e incrementar las aportaciones a la atención a menores infractores que, en la actualidad, se sitúa en el 1,5 por ciento del gasto anual y “cada año disminuye porcentualmente”, por la aplicación de las nuevas medidas incluidas en la actualización de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.

:: Teleasistencia

Finalmente, Antón pidió a Jiménez el traspaso a la Comunidad Autónoma del programa de viajes y termalismo para personas mayores y del programa de teleasistencia con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en estos momentos desarrolla el Imserso. “Desde Castilla y León desarrollamos estas dos actuaciones y debiera ser la Comunidad quien agrupase y realizase estos programas y esta atención de forma conjunta y única”. “Hay una distorsión. Lo lógico es que exista una imagen global y de conjunto, al menos con información y colaboración, aunque lo lógico es que los créditos para estos fines llegarán para la Comunidad”, algo que la ministra dijo entender y se comprometió a estudiar.

:: Centros de referencia

El consejero mostró la voluntad de la Junta de Castilla y León de colaborar con el Ministerio en la puesta en marcha de centros de referencia como el de Atención a Personas con Discapacidad Grave, en San Andrés del Rabanedo (León), y el Centro de Referencia Estatal a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, en Salamanca, ambos ya en marcha. En concreto, Antón solicitó a la ministra un encuentro entre responsables ministeriales y de la Gerencia de Servicios Sociales para intercambiar información, procedimientos y programas, con el fin de “cooperar en la atención a las personas y familias que puedan beneficiarse” de estos proyectos.

La ministra se mostró partidaria de esta colaboración y reconoció, en palabras del consejero, que la fórmula de colaboración en los dos centros que están operativos “no ha sido la más adecuada”, y se comprometió a mantener una colaboración más estrecha en la puesta en funcionamiento de otros proyectos similares. Además de los dos anteriores, también están en marcha el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria a Personas con Enfermedades Raras, en Burgos; el de Buenas Prácticas para Personas Dependientes ‘Ciudad del Mayor’, en León, y el de Centro de Día de Referencia Estatal ‘Ciudad de Soria’.

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