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Castilla y León: NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN

Necesitamos un Poder Judicial autónomo

Peatóm | 27·07·2009 | 00:00 |
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José Luis Concepción. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Entrevista. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, se muestra satisfecho por el trabajo que se ha desarrollado en los cuatro años que lleva al frente de la institución. Natural de Segovia, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, hasta regresar a su Comunidad desempeñó sus funciones en la Audiencia Provincial de Barcelona. Destaca el alto nivel de los jueces de la región, en la que compagina su vida profesional y laboral. Se muestra dispuesto a continuar otros cinco años más, una vez que en el 2010 finalice su primer quinquenio, con el objetivo de consolidar el trabajo desarrollado y avanzar en retos que aún le quedan pendientes como las nuevas infraestructuras y edificios judiciales que todavía hacen falta en muchas ciudades como Valladolid, Segovia y en Palencia. Confía en que la crisis acabe pronto, y como medida coyuntural, propone reforzar los juzgados para poder hacer frente a la actual sobrecarga de trabajo. Preguntado por el traspaso de las competencias de justicia a Castilla y León, considera que el nuevo modelo de financiación lo hará “poco menos que imposible”.

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, aboga por crear una cultura entre la clase política que apueste por un poder judicial autónomo

—Acaba de cumplir cuatro años al frente de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ¿qué balance hace de esta etapa?
Estoy tremendamente satisfecho. Me encontré con un Tribunal apuntalado para el día de mi toma de posesión, lo que es un símil muy certero de cómo estaba la administración de justicia en el territorio, y no hablo del poder judicial y de los funcionarios que trabajan auxiliándole. Siempre he dicho que en Castilla y León hay unos magníficos jueces y esta justicia es de las más valoradas dentro del país. Hablo de todos los medios materiales que la administración de justicia disponía, era una administración decimonónica. Las nuevas tecnologías eran absolutamente desconocidas y los edificios judiciales estaban prácticamente todos como el Palacio de Justicia de Burgos. Me hubiera gustado que se hubieran mejorado las infraestructuras mucho antes, pero la administración es muy lenta trabajando y el hecho de que el poder judicial tenga que depender del poder ejecutivo, sea el central o el autonómico, dificulta y ralentiza este proceso de modernización. Sin embargo, hoy podemos decir que las infraestructuras han mejorado y que las nuevas tecnologías son algo cotidiano en Castilla y León. En todas las capitales de provincia se están notificando por vía telemática las resoluciones judiciales que dictan los juzgados, un sistema pionero en España. Además, contamos con una página web, que un periodo breve de tiempo será de verdadera utilidad; un sistema de videoconferencias, que se utiliza en la mayor parte de los juzgados del territorio; y un sistema de grabación de juicios, que antes no existía y hoy es algo cotidiano. Sin embargo, aún quedan cosas por hacer.

—¿Qué falta, cuáles son esos retos?
Consolidar lo que hemos empezado. Trabajar por que las nuevas infraestructuras y edificios judiciales que todavía hacen falta en muchas ciudades como Valladolid, Segovia y en Palencia, sean realidad.

—Concretamente en Valladolid, ¿en qué momento se encuentra la llamada Ciudad de la Justicia?
En punto muerto, absolutamente. El 21 de octubre convoqué a una reunión en la propia Audiencia de Valladolid al delegado del Gobierno, al alcalde de la ciudad, al presidente de la Diputación, y al consejero de Justicia e Interior, para tratar de desbloquear la situación y dado lo angustioso de la capital vallisoletana, donde existen a día de hoy diez sedes judiciales. La pelota quedó en el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que decidir cuál de los solares entre los que se está discutiendo va a acoger definitivamente la sede judicial de Valladolid. Llevamos nueve meses de silencio por parte del Ministerio, y creo que ya es hora de que el nuevo Ministerio de Justicia tome cartas en el asunto y decida de una vez por todas avivar un proyecto que el ciudadano necesita.

—¿Cuáles son los objetivos que se plantea para este último años antes de las elecciones?
Fundamentalmente, desbloquear la situación de Valladolid en cuanto a edificios judiciales se refiere. Además, que el nuevo edificio judicial de Segovia comience a dar sus frutos, que se oferte el proyecto por parte de la subdirección de obras del Ministerio, de manera que a principios del año 2010 pueda estar adjudicado el proyecto. El objetivo, que en un plazo máximo de dos años y medio Segovia, que es otra de las ciudades de la región donde la dispersión judicial es más grande, pueda tener un edificio judicial moderno y funcional.

—¿Estaría dispuesto a continuar otros cinco años al frente del TSJ?
Los 365 días que quedan para mi renovación son muchos días, aunque creo que un quinquenio es muy poco tiempo para tratar de cambiar todo lo que era necesario. Si las circunstancias son idénticas a las que ahora vivimos, probablemente opte por presentarme a la reelección.

—¿Cree que la justicia en Castilla y León está al nivel de otras comunidades?
Creo que está a un nivel superior. He trabajado en varias comunidades autónomas antes de venir a esta Comunidad, por lo que hablo con conocimiento de causa. Quizás en otras regiones se disfrute de medios más modernos, y es por lo que lucho aquí, pero la calidad de la justicia es quizás superior a la que se vive en otros territorios. Hay una razón elemental, así como hay otros territorios donde los jueces optamos por un traslado forzoso cuando ascendemos de categoría, Castilla y León tiene una gran cantera motivada por una gran vocación judicial. De esta manera, los jueces, en cuanto pueden volver, regresan ya con vocación, por lo que aquí se asientan y consolidan como jueces. Su formación es mucho mejor en ese estadio medio o final de la carrera que en el inicio. La calidad jurídica de los jueces de la Comunidad es extraordinaria.

—Aunque esa formación sea buena, ¿cree que en algunas ocasiones la justicia está politizada?
Creo que hay que distinguir dos aspectos. Por un lado, el juez cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado, es decir, cuado ejercita la función jurisdiccional que le atribuye la Constitución, es plenamente independiente, no solamente del ciudadano y del litigante, sino también del poder político. Por otro lado, está el juez que entra a formar parte de algún órgano de gobierno del poder judicial, donde puede haber alguna apariencia de vinculación política, pero debido exclusivamente al mecanismo de cobertura de estos puestos judiciales. La Constitución establecía que los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial serían nombrados por los jueces y de entre los jueces en elección directa. Esto se cambió en la Ley Orgánica de 1985, donde a través de una enmienda de última hora se determinó que los vocales serían elegidos por el Congreso y por el Senado. Se privó a los jueces de elegir a sus representantes y se añadió un cierto tinte y una cierta apariencia de contaminación política, lo que lleva a decir en algunas ocasiones al ciudadano que la justicia está politizada.

—Por tanto, ¿considera que el poder judicial debería ser autónomo?
Tremendamente autónomo, y también desde el punto de vista presupuestario. He dicho hasta la saciedad que no puede haber una plena independencia si los medios materiales y personales cada año los tiene que proporcionar el poder ejecutivo. Una plena independencia pasa también por una autonomía presupuestaria. Debe ser el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano constitucional del gobierno de los jueces, el que administre, con los controles parlamentarios correspondientes, ese presupuesto del que tiene que vivir el poder judicial.

—¿Es una utopía?
A día de hoy probablemente sea una utopía, ya que posiblemente las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias en materia de justicia no estén por la labor de desvincularse de ellas y devolverlas al Estado central. Además, posiblemente al poder ejecutivo le seguirá siendo muy goloso que este mecanismo de provisión de medios al poder judicial se mantenga. Hay que crear la cultura necesaria entre nuestra clase política para hacer ver que un poder judicial plenamente independiente necesita también una plena autonomía para poder administrarse y organizarse.

—La situación de crisis económica, ¿cómo afecta a la administración de justicia en Castilla y León?
De manera negativa. Los órganos judiciales, fundamentalmente los civiles, los mercantiles y los laborales han sufrido una importantísima sobrecarga de trabajo a consecuencia del crecimiento de las ejecuciones de los concursos de acreedores y de los despidos. Por tanto, estamos viendo cada vez que salimos a hacer una inspección de un órgano judicial de esta naturaleza, que al final del 2009 el volumen de registro va a duplicar o incluso triplicar el de años anteriores.

—¿Cómo se pueden paliar esas consecuencias?
Estamos ante una necesidad coyuntural, ya que esperemos que la crisis económica acabe por pasar. Por tanto, se debe de afrontar con medidas coyunturales. No debemos ir a la creación indiscrimada de órganos judiciales porque probablemente a la vuelta de tres o cuatro años, éstos sean innecesarios. Pero sí se debe de hacer frente a estas necesidades con refuerzos coyunturales como la creación de ‘juzgados bis’, es decir, el nombramiento de figuras de refuerzo que vayan en ayuda de los juzgados que verdaderamente lo necesiten.

—¿Cómo ve el proceso de la transferencia de las competencias en materia de justicia, en qué fase se encuentra?
Desconozco cómo está ese proceso porque el poder judicial no forma parte ni interviene en la negociación de las competencias, ya que éstas se producen entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico. Creo que están absolutamente paralizadas y que con el modelo de financiación que ha aprobado el Gobierno, esta asunción de competencias resultará poco menos que imposible. Lo verdaderamente importante es que quien actualmente ostenta las competencias en materia de justicia, que es el Ministerio de Justicia, las administre adecuadamente, de manera que proporcione al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y a todos los órganos judiciales del territorio, los medios necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo.

—¿Considera que en algún momento los menores están excesivamente protegidos por la Ley?
Soy consciente de que existe un debate en la sociedad acerca de la Ley del Menor y de la conveniencia de rebajar la edad penal para solucionar ciertos sucesos. Ahora bien, yo no sé si el problema de los menores se pueda resolver con medidas legislativas. A lo mejor es un problema de educación el que late por debajo, y un problema educacional se debe de corregir con medidas educativas y no con medidas legislativas ni penales.

—Para solucionar el problema del ‘atasco’ judicial en la región, ¿sería necesario la creación de nuevos juzgados?
El atasco en Castilla y León es anecdótico porque pocos son los órganos judiciales de la Comunidad a los que podamos calificar de ‘atascados’. Existen muy pocas excepciones a la regla general de buen funcionamiento, y además éstas se están corrigiendo desde hace algún tiempo. Lo que sí debe corregirse con la creación de nuevos juzgados es el aumento de trabajo que cada año tienen que afrontar los órganos judiciales. El registro en todos los juzgados, civiles, penales, mercantiles, laborales o contencioso-administrativos crece cada año porque que se está judicializando cada vez más la vida española. Para paliar esa situación y procurar que los jueces y los funcionarios de justicia trabajen con mayor calidad, la sala de gobierno del TSJ ha pedido la creación de 39 unidades judiciales, aunque teniendo en cuenta que el Ministerio satisface nuestras peticiones en un orden de cinco o seis unidades judiciales cada año, queda mucho para que entendamos satisfecha la planta judicial en el territorio.

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