Crisis del carbón. El vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, reiteró hoy que el carbón es “para quemarlo y no para almacenarlo” y criticó la política de “miopía” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Consideró “absurdo” que la empresa pública Hunosa absorba la producción del mineral negro autóctono ya que “pone en riesgo al sector” minero de Castilla y León y genera un “problema mayor”.
“La minería vive una situación “dramática” —advirtió Joaquín Otero— y 4.000 mineros de León y Palencia pueden ir al paro al igual que los empleados de las centrales térmicas”
Así lo aseguró Villanueva que respondió una pregunta parlamentaria que planteó el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, en la primera sesión del pleno que se celebró en las Cortes de Castilla y León. El consejero de Economía lamentó que el Instituto del Carbón tenga pendiente destinar una partida de 100 millones de euros a las cuencas mineras aunque sus mayores críticas fueron para la propuesta del jefe del Ejecutivo nacional de almacenar carbón ante la decisión de algunas eléctricas de no comprar carbón autóctono.
Villanueva aseguró que el hecho singular de que Hunosa comience a operar en el ámbito comercial del sector carbón amenaza el futuro de Hunosa y el del sector y recordó que en agosto el máximo responsable de esta compañía pública estaba “in albis” ya que desconocía esta medida. También exigió una vez más al Gobierno de España que mantenga los incentivos para garantizar la compra de mineral español, una cuestión que recoge el Plan del Carbón (2006-2012).
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, afirmó que la minería vive una situación “dramática” y advirtió que unos 4.000 mineros de León y Palencia pueden ir al paro al igual que los empleados de las centrales térmicas. Indicó que el almacenamiento de carbón por la empresa pública Hunosa es “chapucera” y “pan para hoy y hambre para mañana”. Apoyó la medida de incentivar la utilización de carbón autóctono aunque recordó que el Gobierno de la nación asegura que esta medida entra en conflicto con la legislación europea.
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