Debate de los Presupuestos del Estado. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, confía en que impere “el sentido común del Partido Socialista y del Partido Popular” en el Congreso de los Diputados para que no se apoye “el blindaje del concierto vasco”. Éste permitiría, según el presidente regional, que unas determinadas normas —las tributarias— de unas concretas administraciones —las diputaciones forales—, “estuvieran excluidas del control jurisdiccional ordinario al que se encuentran sometidas el resto de administraciones locales españolas, y eso sería ya una excepcionalidad”.

Por ello, consideró este proyecto “profundamente injusto”, al tiempo que “oportunista”, al coincidir con la realización de un presupuesto “donde van a ser necesarios los votos de los nacionalistas”. Aunque señaló que “concierto vasco sí”, recalcó que perjudica a las comunidades vecinas que no tienen “esa capacidad fiscal” y acaba con la garantía que hasta este momento ha supuesto la posibilidad de acudir a las jurisdicción ordinaria, no al Tribunal Constitucional, “algo que sólo se podría hacer con determinadas mayorías parlamentarias”.

Según Herrera, se trata de una posición “ponderada” y “no contraria al concierto vasco”, puesto que desde la Junta se considera que forma parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, recalcó que junto a este concierto, “hay otras principios que deben observarse, como son el principio de igualdad, solidaridad, libre competencia, libre circulación de personas y de bienes, o el principio de no privilegio por las diferencias de los Estatutos”.

A su juicio, “es extraordinariamente sospechoso que esta cuestión, que se ha planteado y rechazado posteriormente en tantas ocasiones, se plantee de nuevo y tengas visos de prosperar”. En este sentido, el presidente de la administración regional confió en que no salga adelante y no se convierta “en un precio a pagar” en vísperas de un debate presupuestario. El Gobierno regional considera que “cuanto tenía de ventaja para las diputaciones vascas —algo que no se puede hacer en las comunidades vecinas como Cantabria, La Rioja o Castilla y León— se compensaba cuando se entendía que los intereses eran lesionados y se podía acudir a la jurisdicción ordinaria”.

Tal y como indicó Herrera, el denominado “blindaje” trata de evitar este aspecto, que a su juicio, concede a las administraciones locales y provinciales “una doble ventaja” y a las comunidades colindantes “una doble desventaja”. “Esto es profundamente injusto”, sentenció. “El que no entienda que de un hipotético ejercicio abusivo de esa capacidad se derivan lesiones para Castilla y León, no entiende de esta cuestión”.

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