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Castilla y León: NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Silencio administrativo de la Junta

Más sentencias contra la EpC

Peatóm | 7·12·2009 | 00:00 |
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La Junta de Castilla y León, en un camino muerto, impracticable, ha optado por el silencio administrativo y por dejar indefensos a los que les asiste la ley

Educación para la Ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León exime a 20 niños de León y Zamora de cursar Educación para la Ciudadanía. Con estas nuevas sentencias, ya son 424 los alumnos de la Comunidad que no recibirán EpC, por orden judicial, incluidos ahora un alumno de León y 19 de Zamora. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó las primeras sentencias en las que exime a 20 niños de León y Zamora de cursar Educación para la Ciudadanía por considerar que, cuando las creencias religiosas o morales de los padres difieren de las que pretende inculcar el Estado, la participación de los alumnos en esta asignatura supone un “riesgo exorbitante de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad” a la que se refiere la Constitución Española en el artículo 27.3 en relación a la formación religiosa y moral de los menores.

Para las plataformas León Educa Libertad y Zamora Educa Libertad, se trata de “una buena noticia”, además “esperada” en las provincias de León y Zamora, después de que comenzaran a aparecer sentencias similares en otras provincias de la Comunidad. Por ello, a través de un comunicado lanzaron un mensaje de felicitación “a todos los padres objetores” de ambas provincias que “con tanta tenacidad y valentía han luchado por defender la educación moral de sus hijos”.

Estas plataformas recomendaron al presidente de la Junta y a los profesores de esta enseñanza la lectura de estas sentencias, al tiempo que denunciaron la situación de “indefensión” en la que, a su juicio, la Junta de Castilla y León ha dejado a muchos padres leoneses “al no contestar nuestras demandas de objeción de conciencia”

Aunque las sentencias atañen a 20 niños en concreto, la realidad es que, lo que se dice en ellas, influye en todos aquellos que consideren como opción personal la objeción a causa de su moral. Las sentencias desgranan cada punto del desarrollo de esta asignatura y cómo esta manera de llevarla a cabo supone “injerencia en el ámbito moral” que los padres no están obligados a soportar. “Si no lo aplicamos a todos los objetores, se estaría marcando una diferencia entre alumnos en idéntica situación”, recogía el comunicado, algo que sería “inconstitucional”.

Estas plataformas recomendaron al presidente de la Junta y a los profesores de esta enseñanza la lectura de estas sentencias, al tiempo que denunciaron la situación de “indefensión” en la que, a su juicio, la Junta de Castilla y León ha dejado a muchos padres leoneses “al no contestar nuestras demandas de objeción de conciencia” a la asignatura. Ya son 424 los alumnos de Castilla y León que no recibirán EpC, por orden judicial, en los que ya están incluidos un alumno de León y 19 de Zamora.

Ante la “nefasta actitud” de la Consejería de Educación, los padres objetores presentaron sus demandas al presidente Herrera el 11 de noviembre de 2009 en Valladolid, mediante una carta que entregaron en la sede de la Junta de Castilla y León. A pesar de todo entienden que el Gobierno regional les ignora e ignora también “el contenido de las sentencias emitidas por nuestro más alto tribunal que dicen, de forma rotunda, que estas asignaturas suponen un riesgo exorbitante”, recordaron.

Por si fuera poco, “las propias sentencias ponen de manifiesto la dejación de funciones de la Junta, que podía haber evitado a las familias acudir a los Tribunales”, puesto que, según el TSJCyL, en el uso de sus competencias “las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto”.

Para estas asociaciones, lo más “escandaloso” es que “siguen defendiendo la EpC del Gobierno nacional”, incluso después de que el Tribunal competente en Castilla y León se haya pronunciado claramente, y la Consejería “sigue despreciando” a las familias al negarse a extender el fallo de las sentencias al resto de los alumnos objetores, los que aún esperan su sentencia, los que no han podido aún acudir al Tribunal a defender su derecho “puesto que la Junta de CyL les ha impedido hacerlo al no contestar siquiera a sus escritos de objeción de conciencia, y los que quieran, a partir de ahora, acogerse al derecho a la objeción de conciencia”.

Ante la “pasividad” del consejero y el viceconsejero de Educación de la Junta, las asociaciones reclamaron al presidente de la Junta que dirija personalmente este asunto” y que “cese” a los responsables de la Consejería de Educación. Por otro lado, reclamaron que reciba a los padres para escuchar sus demandas y resolver “esta lamentable situación”. Ante el silencio recibido por respuesta, los padres han remitido una nueva carta al presidente del Ejecutivo autonómico, en la que exponen de nuevo esta situación.

Por último, las asociaciones entienden que el Gobierno autonómico “no puede permanecer callado” después de más de 200 sentencias “y las que aún faltan” como “si no pasara nada”, al tratarse de sentencias que reconocen la existencia de una vulneración de derechos fundamentales “al imponer una moral de estado obligatoria”, y añadieron que si la actitud de la Junta no cambia y no se rectifica “inmediatamente”, será señal de que los responsables de la Consejería y el propio presidente “defienden Educación para la ciudadanía tal y como está diseñada”.

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