Justicia. El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, confió en que la Junta de Castilla y León pueda asumir las competencias en materia de Justicia esta legislatura porque “la esperanza es lo último que se pierde”, dijo. Sin embargo, consideró que si no se implanta la Oficina Judicial será “un freno al avance en las transferencias de Justicia”. Fernández Mañueco señaló que cuando se fijó como plazo para la asunción de estas competencias antes de que finalizase la presente legislatura “siempre había puesto encima de la mesa una serie de cuestiones fundamentales”, como la implantación de la Oficina Judicial, la modernización desde un punto de vista tecnológico de la administración de justicia en Castilla y León y conectar los sistemas de gestión procesal con otros sistemas informáticos de otras comunidades.

En este sentido, aseguró que al Gobierno regional le consta que el Ministerio de Justicia está trabajando sobre ello con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, creyó necesario que se le de “una respuesta clara” a la dotación de plantillas de los órganos judiciales que, según expuso, “en estos momentos están infradotadas”. También consideró necesario afrontar, al menos, las grandes infraestructuras judiciales que, según apuntó, algunas de ellas ya se han resuelto, como Palencia o el TSJCyL pero quedan otras pendientes, como Segovia, el nuevo edificio de Ponferrada o Valladolid. “Son algunas de las cuestiones, al menos previas, que deben abordarse, resolverse y planificarse en la Comisión Mixta de Transferencias”, afirmó el consejero.

Fernández Mañueco indicó que los proyectos como la implantación de la Oficina Judicial que va a llevar a cabo el Ministerio de Justicia tiene “una incidencia fundamental y esencial” en que el traspaso de las competencias en esta materia se retrasen o no. “Cuando hemos hablado siempre del por qué las trasferencias no se asumían por parte de la Comunidad hay una serie de cuestiones que, al final, tiene contenido económico”. “Simplemente es saber cómo se va a llevar a efecto la Oficina Judicial que lleva cinco años de retraso aunque parece que el actual equipo del Ministerio de Justicia lo ha cogido con fuerza y con ganas y tiene intención de desarrollarlo”.

Así, precisó que “hay que saber cómo se va a orientar el trabajo en los órganos judiciales y eso no sólo es por la implicación, organización y funcionamiento de los propios trabajadores y de los secretarios judiciales sino también las repercusiones económicas que puedan tener, el incremento de la dotación de plantillas o si es necesario o no el incrementar nuevas plazas”. El responsable regional en materia de Justicia destacó que se trata de “uno de los elementos fundamentales que tiene que aclarar el Ministerio de Justicia y que tiene que iniciar al menos algunas provincias de Castilla y León y saber cuál es la repercusión de personal, organizativa y presupuestaria para la implantación de la Oficina Judicial”.

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