Dependencia. La implantación de la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León, cuyo anteproyecto está previsto que llegue a las Cortes en el primer trimestre de este año, incrementará en un 40 por ciento la inversión actual que se dedica a estas prestaciones hasta 2015, al pasar de los 810 millones actuales a los más de 1.130 millones que alcanzará dentro de cinco años, según figura en la memoria económica del borrador de la normativa, a cuyo contenido tuvo acceso Ical. De estos fondos, según las estimaciones, 753,11 millones de euros procederían de la Junta de Castilla y León, y 183,67 millones, de la Administración General del Estado, en función de la previsión de transferencia de fondos adicionales hasta 2015, a partir de la memoria del análisis de impacto normativo, económico, de género e igualdad de oportunidades de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El resto, 195,14 millones, llegarían a través de aportaciones de las corporaciones locales.

El impacto económico de la futura Ley está calculado en función de los nuevos derechos que implicará la normativa; el número de personas dependientes que entrarán a formar parte del sistema hasta 2015- aproximadamente sumarán 90.000 personas con derecho a prestación-; y el compromiso adoptado en el marco del Diálogo Social hace un año, que contempla la creación de al menos 3.400 nuevas plazas para personas dependientes hasta el citado año, así como nuevas plazas de centros de día y la extensión de la ayuda a domicilio.

En concreto, a raíz de este acuerdo, se prevé que la Junta invierta 240 millones de euros en los próximos cinco años en estos servicios, lo que implicará, además, que la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, vea incrementado su presupuesto en un 39,7 por ciento, al pasar de los 670 millones con los que contó en 2008 a los 936,78 de 2015. Es decir, en 266,21 millones de euros en cifras absolutas.

El incremento de la inversión está justificado, además de por el aumento de derechos de la Ley, por el nuevo escenario social, determinado por fenómenos como la inmigración, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de exclusión social y los retos derivados de la igualdad de oportunidades, así como los nuevos ámbitos de competencia de la Comunidad y la implementación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, integrados en los servicios sociales.

:: Nuevos derechos

La normativa, que sustituirá a la Ley que se aprobó en 1988, reconoce, además de los derechos contemplados en la Ley de Dependencia, los de información, orientación y asesoramiento; valoración, planificación de caso y seguimiento, el Ingreso Mínimo de Inserción —que estará vigente hasta que se apruebe la Renta Garantizada de Ciudadanía—; ayudas para necesidades básicas de subsistencia urgentes, medidas específicas para la protección de menores en situación de riesgo o desamparo, y la atención temprana a niños y niñas con discapacidad o riesgo de padecerla.

También, cubrirá la teleasistencia, la ayuda a domicilio, atención en centros de día y de noche, atención residencial, prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, prestación económica de asistencia personal, servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal y prestación económica vinculada cuando no sea posible el acceso a un servicio público concertado.

El anteproyecto contempla la participación social y la solidaridad, a través de iniciativas que impulsen la labor del voluntariado, de las asociaciones ciudadanas y de los grupos de autoayuda. La participación ciudadana se concretará en órganos consultivos y de cooperación. Prevé la creación del Consejo Regional de Servicios Sociales y del Comité Consultivo de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.

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