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EL GOBIERNO RECLAMA UN PLAN A LA JUNTA
Plan para adelgazar la administración regional
Peatóm | 11·02·2010 | 00:00

Reestructuración administrativa. El Gobierno dará un plazo de tres meses a la Junta de Castilla y León y al resto de comunidades autónomas para que aprueben un plan de reestructuración del gasto público que incluirá una revisión “exhaustiva” de todos los programas y políticas de gasto, así como una racionalización de las estructuras del sector público regional, del administrativo y del empresarial con el objetivo de “mejorar la eficiencia y reducir el gasto público”.Este es uno de los planteamientos que figura en la propuesta de un acuerdo marco con las comunidades autónomas sobre sostenibilidad de las finanzas públicas que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero. En el borrador del texto, el Gobierno pretende también ligar el cumplimiento de los objetivos de déficit a algunas de las transferencias de fondos que deba hacer el Ejecutivo central a las comunidades autónomas, vía presupuestos generales del Estado.

El Gobierno pretende que las comunidades elaboren en tres meses un plan de “racionalización” de la estructura del sector público regional y de sus empresas públicas

El texto, que se pretende aprobar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Ministerio quiere convocar “en el plazo más breve posible”, enumera una serie de compromisos que asumirán todas las administraciones. El Ejecutivo central se compromete a aprobar, antes del 1 de mayo, un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial estatal, lo que “conllevará las supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos que resulten necesarias”.

De forma similar da a las comunidades autónomas tres meses desde la aprobación del acuerdo marco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que podría ser este mismo mes de febrero, para hacer lo mismo y aprobar un plan de racionalización de los sectores públicos, administrativo y empresarial”. Fuentes de la Junta de Castilla y León mostraron sus dudas acerca de la capacidad que pueda tener el Gobierno central para condicionar la estructura administrativa o empresarial de los Ejecutivos autonómicos y auguraron que esta cuestión será uno de los ejes de la discusión del próximo Consejo de Política Fiscal. Del mismo modo, el borrador del acuerdo marco refleja que el Gobierno de España “tendrá en cuenta” el cumplimiento de la senda de reducción del déficit que se acuerde para “graduar” algunas transferencias de fondos a las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado.

:: Una senda restrictiva con el empleo público

En el primer apartado se refiere a un esfuerzo “de consolidación fiscal y austeridad del gasto” que se concreta en un programa de reducción del déficit público al 3 por ciento para el conjunto de las administración en 2013 y que debe ser del 1,1 por ciento para las comunidades autónomas y del 0,2 por ciento para las corporaciones locales. Del mismo modo, se plantea mantener la deuda por debajo del promedio de los países de la eurozona. Para lograrlo, el Gobierno plantea una política de contención de los gastos de personal, que debe materializarse en:
1. Una senda de austeridad en materia de retribuciones
2.
Una senda restrictiva en la configuración de las ofertas de empleo público
3.
Y una política de racionalización de los recursos humanos
4. Una tasa de reposición de empleado públicos inferior al 10%

La Junta asegura que existen dudas acerca de la interpretación de este planteamiento de la tasa de reposición ya que, en la actualidad, existe una ley que regula esta tasa de reposición, mientras que la propuesta del Gobierno se recoge en un plan que no tiene fuerza legislativa. El Ministerio de Economía obliga también a las comunidades a reforzar la información que transmiten al Gobierno y así, se les requiere un informe trimestral en el que se analice el cumplimiento de los plazos para el pago a las empresas que contraten con la administración.

Asimismo, refuerza los controles sobre la ejecución presupuestaria y deberán aportar la totalidad de los gastos realizados y pendientes de aplicar al presupuesto de cada ejercicio. En concreto, se pide a las comunidades el importe del saldo inicial, los cargos, los abonos y el saldo final de los gastos pendientes de aplicar al Presupuesto.

El plan contempla también la creación de tres grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Uno, para efectuar un seguimiento de toda esta información. Otro, que deberá elaborar propuestas sobre la mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las comunidades autónomas y proponer mecanismos de colaboración para “optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y mejorar la calidad de los servicios públicos, principalmente en los ámbitos de sanidad y dependencia”. Un tercer grupo se encargará de elaborar propuestas para reducir el absentismo laboral del personal al servicio de las administraciones públicas.


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