Derechos ciudadanos. El Pleno de las Cortes de Castilla y León, que se celebra los próximos 23 y 24 de febrero, aprobará la Ley de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración, una norma “pionera” en el ordenamiento español y que incluye una carta de derechos y un sistema de garantías. En concreto, esta norma, que fue aprobada por el Ejecutivo regional el pasado mes de diciembre, busca garantizar que la actuación de la administración de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad. Con la aprobación de esta ley se cumple también lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Estatuto de Autonomía, que se refieren, respectivamente, a los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y al derecho a una buena administración, y se cumple el compromiso del presidente Juan Vicente Herrera en el Debate de Política General de este año.
¤ FLOJERA
Los políticos españoles flaquean en transparencia. En transparencia sin vías de escape. La carta de Derechos Ciudadanos frente a la administración se quedará en una proclamación, en otra más, de muy escasa efectividad. Los artículos relacionados con el el derecho de acceso a documentación administrativa (art.22) y la garantia de accesso (art.23), brillan por su flojera. Buenas intenciones y flojera en los objetivos.
Esta norma establece una carta de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración y un sistema de garantías a través de la gestión pública. Además, señala las medidas de planificación, racionalización y mejora que son propias de la Administración del Siglo XXI y de las que depende su capacidad para ser motor de desarrollo económico. Como explicó la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, esta Ley es “pionera” en el ámbito del ordenamiento española ya que, aunque hay dos casos similares, no incluyen una carta de derechos, como sí ocurre en el caso de Castilla y León.
En cuanto al ámbito de aplicación, abarca a todos los órganos que actúan bajo la dirección de la Junta de Castilla y León y se entiende por ciudadano, en sentido amplio, toda persona física o jurídica que entre en relación con la administración, lo que incluye, además de a los castellanosleoneses, a los extranjeros residentes y a todos los ciudadanos de estados miembros de la Unión Europea.
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