Garoña. El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha confirmado que el Ejecutivo regional ha presentado ante la Audiencia Nacional el recurso contra la orden de cierre de la central nuclear de Garoña. Uno de los argumentos que la Junta de Castilla y León aporta en el recurso, de 80 páginas, insiste en que es la primera ocasión en la que el Gobierno adopta una decisión en esta materia contraviniendo los informes emitidos por el CSN, el máximo órgano en materia de seguridad nuclear que funciona en España.

“Es inaudito y muy poco serio que el Ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero ignore la opinión de los expertos que habían garantizado la seguridad y la viabilidad de la central de Garoña hasta el año 2019″, indicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. El recurso también alude a la argumentación pobre e inconexa de la orden ministerial cuando ésta hace referencia a cuestiones de política energética, eso sí, sin aportar ningún tipo de cobertura normativa, “de ahí que el recurso planteado sostenga que además se incurre en algunas actuaciones administrativas que llaman a la preocupación como vicios de procedimiento y desviación de poder”, ha añadido De Santiago-Juárez.

“De manera equivocada, el Gobierno mezcla los conceptos de vida de diseño y vida útil y, lo que es más grave, basa una decisión en el cálculo que se hizo en su momento sobre la vida estimada de los materiales de la central”, explicó el consejero de la Presidencia y portavoz. quien añadió que “en cualquier caso es un asunto del que sólo pueden opinar los expertos del CSN y, además, no existe normativa alguna que supedite las autorizaciones de funcionamiento al plazo de vida útil, lo que impide al Gobierno tomar la decisión que ha adoptado”.

En concreto, se hace referencia de nuevo a los plazos contenidos en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que señalan de manera inequívoca que la central puede funcionar al menos hasta el año 2019, es decir, durante otros diez años, de manera completamente segura. En la orden emitida el pasado 3 de julio por el Ministerio de Industria se omite tanto el preceptivo informe de la Comunidad Autónoma como el evacuado por el CSN.

Sobre el acuerdo de cese de actividad de la central, el recurso llama la atención sobre la falta de respeto a la tramitación normativa exigida. Así, se ha omitido por parte del Gobierno central el trámite de audiencia a la Comunidad que debería haber tenido la posibilidad de remitir un informe sobre un hipotético cese de explotación y de la misma manera tampoco se incluye un informe del CSN, preceptivo en un caso de este tipo, tal y como indica la legislación vigente en la materia.

“Creemos que todas estas razones son suficientemente potentes para que la Justicia arregle el desaguisado que ha organizado el Gobierno de la nación”, insistió el consejero de la Presidencia y portavoz, quien añadió que “la central de Garoña es segura, tal y como acredita el Consejo de Seguridad Nuclear, y mientras eso sea así debe seguir funcionando y garantizando el empleo para más de 1.000 familias de la zona de influencia de la central”.

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