Violencia de Género. El Gobierno regional no se opone al debate de seis enmiendas socialistas al proyecto de ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, que habían sido vetadas por la mayoría del Grupo Popular en la Mesa de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, por entender que suponían un aumento de los créditos presupuestarios del ejercicio, lo que supondrá que se fije, previsiblemente la primera semana de mayo, el inicio del debate en la ponencia. La mayoría popular en la Mesa de la Comisión de Familia e Igualdad pidió la conformidad de la Junta para las seis enmiendas, mientras que la oposición socialista, contraria a la valoración realizada por el grupo mayoritario, presentó un recurso de reconsideración ante la Mesa de las Cortes. Estas trabas iniciales en la calificación han retrasado el debate de la ley, que se podrá iniciar ahora después de que la Junta no haya respondido en el plazo reglamentario y, por tanto, se dan por admitidas.

Así se podrán debatir las enmiendas que se refieren a los derechos de acceso a la vivienda, al empleo y formación ocupacional, a una renta garantizada de ciudadanía cuando se carezca de recursos, a una renta de emergencia o a indemnizaciones por lesiones. Los socialistas piden que se establezca un cupo de viviendas de protección pública a víctimas de violencia y ayudas a la contratación a empresas que empleen a estas mujeres.

En su conjunto la oposición socialista registró 102 enmiendas en las que expone un modelo para erradicar la violencia de género similar al existente en Andalucía, Cataluña y Aragón que entienden que “está dando buenos resultados”. Por su parte, el Grupo Popular ha planteado once, de las que destacan las relativas a que la Consejería de Educación vele por que los centros escolares desechen contenidos sexistas y discriminatorios de los libros de texto, así como por la atención específica para las mujeres que residen en los pueblos y sufran agresiones de género.

El consejero de Familia, César Antón, y las portavoces en la comisión del PP, Ángeles Armisén, y del PSOE, Natalia López-Molina, han aportado por que la ley se apruebe en las Cortes con el mayor grado de consenso posible.

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