León. En el Juzgado de los Social, nº 3, se vio en el día de ayer la demanda 748/08 de J.L.P.C contra el Ayuntamiento de León por amortización de su puesto de trabajo que el trabajador considera irregular. La vista, que fue aplazada porque la defensa así lo solicitó por la no comparecencia de uno de los testigos claves, la actual concejala de Comercio y Consumo, María Rodríguez Díez, invocó el derecho de indemnidad de su defendido para solicitar el aplazamiento. El derecho de indemnidad es un derecho fundamental y supone que del ejercicio de la acción judicial no pueden derivarse consecuencias perjudiciales para quien lo ejerce. En el caso que nos ocupa el trabajador J.L.P.C habría iniciado un recurso solicitando la declaración indefinida de su relación laboral. Supuesto que habría influido en la pérdida de su puesto de trabajo.

La defensa consideraba que el testimonio de la concejala de Comercio y Consumo era de importancia capital para lo que se juzgaba y por tratarse el Derecho de Indemnidad de un derecho fundamental que pudo haber sido vulnerado, se solicitó, asimismo, la presencia de la fiscalía.

Las amortizaciones de plazas con cese de actividad, porque se suponía que la función que desempeñaban los trabajadores afectados era prescindible y contribuía a aliviar la deuda municipal, está siendo recurrido judicialmente por los trabajadores afectados. A J.L.P.C. le fue rescindido el contrato por dichas razones y la raíz de tal falsedad, según los trabajadores, se fundamenta en que por Decreto de Alcaldía del 17/12/2007, la plaza que se suponía desaparecida, se provee con dos nuevos contratos a favor de R.G.G y P.A.G más otra interina (V.V.)

Los trabajadores encuentran falsedad en la política de amortizaciones. Falsedad que se amplifica al proceder los nuevos trabajadores del área de instalaciones deportivas, para las que, igualmente, se han creado nuevas plazas.

La política laboral del actual equipo de gobierno ha producido un reguero de demandas laborales inusitado y hasta la fecha, con graves consecuencias pecuniarias para el erario municipal. La política de empleo además de injusta no responde, a lo que parece, a la política de reducción de costes laborales. Tendría más que ver, eso se deduce de los hechos, con el reacomodo de personas cercanas o favorecidas por el actual equipo de gobierno.

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