Madrid. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, las primeras cuentas en tiempos de crisis económica para el Gobierno de Zapatero, que aún no tiene confirmados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlas adelante.

El Gobierno ha prometido que los presupuestos serán austeros en este momento de deterioro económico, si bien mantiene su compromiso de gasto social —pensiones, dependencia y desempleo—, así como de aumentar las partidas que ayuden a reactivar la economía.

La austeridad se notará en prácticamente todas las áreas, según ha asegurado el Ejecutivo, que se ha comprometido a que el gasto no supere los 159.370 millones de euros, el 4,5% más que en las cuentas de 2008, al incluirse la partida adicional de 1.500 millones que será necesaria para cubrir el pago de las prestaciones por desempleo del año que viene.

La crisis, además, ha obligado al Gobierno a revisar a la baja en julio su previsión de ingresos para el año que viene, que dejó en 156.486 millones.

Estos ingresos menores que el gasto previsto harán que los presupuestos del año que viene sean los primeros que el Gobierno socialista elabora con previsión de déficit, de 981 millones de euros (el 0,34% del PIB).

Poco se sabe por ahora de cuáles serán las partidas más y menos agraciadas en las cuentas de 2009, aunque el presidente del Gobierno ya ha adelantado algunos datos. Así, el pasado 7 de septiembre, y en el tradicional acto socialista de apertura del curso político, José Luis Rodríguez Zapatero anunció que las pensiones subirán el año que viene el 6%, el mismo porcentaje en que aumentarán las partidas destinadas a las infraestructuras de transporte, según apuntó el propio jefe del Ejecutivo en un acto en Valladolid el pasado domingo.

Estos dos anuncios son un ejemplo del compromiso que, en los últimos meses, ha repetido el Gobierno: que los presupuestos serán austeros de acuerdo con la crisis, aunque generosos en las partidas sociales para ayudar a los más afectados por el deterioro económico, y también en las que sirvan para dinamizar la economía, mejorar la productividad y cambiar el modelo de crecimiento.

Pero para que estas cuentas se aprueben, el Gobierno necesita el voto favorable del Congreso, y por ahora ningún partido con representación parlamentaria ha confirmado su apoyo explícito.

En las últimas semanas, Pedro Solbes se ha reunido con la mayor parte del arco parlamentario, y tras ellas sólo el PNV, el BNG y Nafarroa Bai han mostrado su disposición a apoyar las cuentas, aunque aún tienen reservas.

Al Gobierno le bastarían los votos de estos tres partidos —que suman nueve, y se necesitan siete— para que las cuentas salieran adelante en el Congreso, aunque podría encontrarse con el veto del Senado, que ya devolvió los presupuestos de este año.

CiU sigue viendo “muy difícil” dar su apoyo, según señaló recientemente su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, quien, no obstante, abrió una pequeña posibilidad al señalar que su grupo votaría a favor si los presupuestos prevén medidas eficaces contra el impacto de la crisis económica y social, lo que incluiría a su juicio una mejora de la financiación catalana.

Y es que el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica estará claramente presente en la negociación presupuestaria, a pesar del deseo de Solbes de separar ambas cuestiones.

Tras su aprobación mañana por el Consejo de Ministros, los presupuestos irán al Congreso previsiblemente el próximo martes para iniciar su tramitación parlamentaria.

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