→ Ver entregas (I), (II), (III) y (IV).
León. La funeraria Los Jardines es una empresa formada por varios socios. El control de la empresa lo ejerce la familia Mayo, que posee la mayoría de las acciones. Por otra parte la empresa Cinco Delegar SL, de la que Gilberto de León es el socio mayoritario, posee el 29% de los títulos de Los Jardines. Cuando Serfunle SA empieza a gestionar los servicios funerarios en León y su Alfoz, José María Mayo —consejero delegado de Los Jardines— afirma que su todavía socio, Gilberto de León, comienza a prestar servicios a la empresa mixta.
Presunta venta ilegal
En 2005 José María Mayo contrata a un equipo de detectives para investigar la presunta venta ilegal de una sepultura en el cementerio de la capital leonesa. Según Mayo, Gilberto de León habría cobrado, en los despachos de Serfunle, una comisión de 6.000 euros por esta operación. Los supuestos compradores (en realidad eran investigadores) pagaron 478′61 euros a Serfunle SA por la tramitación de la compraventa, según las facturas que Mayo ha presentado ante la Mancomunidad. El BOP del 6 de marzo de 2008 establece que la trasmisión de los derechos funerarios mortis causa se puede realizar en tres supuestos: en favor del cónyuge o descendientes, en favor de parientes colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad, o en favor de cualquier otra persona o institución. Por otra parte las transmisiones inter vivos sólo se pueden llevar a cabo en favor del cónyuge o descendientes, o en favor de parientes colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad; fuera de estos dos supuestos no se puede realizar transmisión de derechos funerarios en el cementerio del Ayuntamiento de León.

Según se observa en los vídeos grabados en el trascurso de la investigación —y que Mayo ha colgado en su página web—, Gilberto de León presuntamente habría actuado como intermediario en la operación de compra-venta ilegal. Esta información se puede encontrar en la página web de los Jardines: http://www.los-jardines.com/videos.html
Pompas Fúnebres Leonesas SA y la Mancomunidad
José María Mayo también ha denunciado que otra de las empresas de Gilberto de León, Pompas Fúnebres Leonesas SA, presuntamente estaría trabajando para la Mancomunidad sin cumplir los requisitos que la ley prevee para ejercer la actividad funeraria. El decreto 6/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, establece en su artículo 23 que “las empresas funerarias deberán asumir la prestación de los siguientes servicios: informar y asesorar sobre sus servicios, efectuar la recogida, conducción y traslado de cadáveres, suministrar el féretro, caja de restos o urna cineraria, prestar los servicios de velatorio y de tanatorio, propio o concertado, aplicar las técnicas y prácticas de tanatopraxia, realizar cualquier otra función, actividad y servicio propio o complementario de la actividad funeraria de acuerdo con los usos y costumbres del lugar”. Según afirma Mayo en una comunicación enviada al alcalde de León, la empresa de Gilberto de León no cumple con ninguno de estos requisitos porque “resulta que no presta ningún servicio más allá de la intermediación y la captación de servicios”. El consejero delegado de Los Jardines califica de “comisionista” el trabajo de Gilberto de León, una figura “expresamente prohibida por la Ordenanza que en su día aprobó este Ayuntamiento”.

En las facturas que Serfunle SA presuntamente pagó a la empresa Pompas Fúnebres SA (como la que aparece sobre estas líneas), aparecen conceptos sobre los que José María Mayo ha pedido explicaciones como la “gestión funeraria a otras empresas” o la “tramitación expediente a otras empresas” (ver factura superior). Sin embargo, nadie ha podido ofrecerle todavía una justificación razonable a estos términos desde el punto de vista de la contabilidad.
En el artículo 24 del Decreto de la Policía Sanitaria Mortuoria se especifica que “las empresas funerarias contarán con personal adecuado, instalaciones y material necesario para prestar sus servicios, debiendo disponer como mínimo de: organización administrativa y personal idóneo; exposición y almacén de féretros con existencias de féretros comunes, de traslado y de medidas especiales, incluidos los infantiles; catálogo de servicios adecuados a los usos y costumbres del lugar; vehículos acondicionados para cumplir su función, sin que puedan ser utilizados para otros fines; medios precisos para la desinfección de vehículos, enseres, ropa y demás material; gestión de los residuos generados de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación que sea de aplicación”. Mayo argumenta que Pompas Fúnebres SA no tiene coches, ni personal, ni instalaciones —por lo tanto no puede cumplir con los requisitos de este artículo 24—, y que además factura diferentes cantidades en concepto de flores (como puede verse en el documento anterior, donde “1C Hermana y Sobrinos” se referiría a “una corona de flores”).
En Julio de 2007, Cinco Delegar SL —propiedad de Gilberto de León y socia de Los Jardines— plantea una demanda en la que solicita la disolución y apertura del proceso de liquidación de la sociedad propietaria de Los Jardines, Funerarias Leonesas SA. El juez desestima íntegramente esta petición.
:: Opinión: “El hombre que nunca estuvo allí”
Dentro del intrincado caso de los tanatorios leoneses, más digno de un serial incluido en la programación de Calle 13 que de un serio análisis sobre el funcionamiento municipal, cobra especial relevancia la figura del extraño señor de negro que tramita compras y ventas en las oficinas de Serfunle sin advertir nadie su presencia. Nos referimos al esclarecido protagonista de la mayoría de quejas vertidas por el consejero delegado de Funerarias Leonesas S.A. (Los Jardines) y asimismo al desconocido ciudadano sobre cuyas andanzas el Ayuntamiento hace mutis por el foro. El sujeto en cuestión, de nombre Gilberto de León Recio, parece ser que presuntamente factura servicios a la Mancomunidad desde una peregrina sociedad que no posee empleados ni coches ni salas y además incumple la ley de Policía Sanitaria. Por si fuera poco, supuestamente, su domicilio social es hoy un solar. Ni que decir tiene que, al igual que el resto de actores de esta mala película de serie B, no cree en la explicación pública como forma de deshacer entuertos.
Las múltiples acusaciones vertidas contra D. Gilberto incluyen, como atracción estelar, una serie de vídeos grabados con cámara oculta por unos investigadores en el edifico de Serfunle. En ellos se pueden ver la presunta compraventa ilegal de una sepultura y al aludido metiéndose el dinero en el bolsillo. Al final, fotocopia desde allí mismo para no levantar sospechas hacia su persona y asunto resuelto, dinero caído del cielo procedente del cementerio. Lo que se han de comer los gusanos que lo disfruten los humanos. Francisco Saurina dijo que “verificaría lo sucedido y se depurarían responsabilidades mediante un expediente sancionador, si es que las hubiere”. Al parecer no las hubo y tampoco en las derivadas de conceptos ignotos como tramitación expediente (consistente en pagar alquiler de sala a otra empresa) o bonificación agencia, igualmente abonadas a este etéreo… ¿comisionista?

Los miembros de la Mancomunidad, Mémora, Cámara de Comercio y FELE, pese a que todo esto se halla a la vista de cualquier contribuyente en la página de Los Jardines a través de gran cantidad de pruebas documentales, visuales y auditivas, se presentan incapaces de desmentir, demostrar o razonar tan lúgubre asunto. ¿Quién es realmente Gilberto y qué vínculo posee con los municipios de León, San Andrés y Villaquilambre? A esta y otras muchas preguntas acerca de este tema, alguien, un día u otro, más pronto que tarde, tendrá que contestar. O a lo mejor no y nos quedamos sin saberlo. Total, por estos lares, empezamos a estar acostumbrados.
Información elaborada por: Gerardo Iglesias y Natalia G. de la Riva






















