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León. El 60% de la demanda de servicios funerarios en España está controlada por las compañías de seguros. Alrededor de 21 millones de personas en nuestro país cuentan con una póliza de deceso. Tres compañías controlan el 75% del mercado de seguros: Ocaso, Mapfre y Santa Lucía. Ésta última es la principal operadora en la provincia de León. Hasta el 2002 y durante 55 años la familia de José María Mayo, consejero delegado de Los Jardines, controló la representación de esta empresa en León. En este mismo año la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, Serfunle, pasa a convertirse en una empresa mixta. El 49% de sus acciones las controla desde entonces Mémora, filial de INTUR (sección del grupo Acciona), el 51% restante continúa en manos de los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre.

Seguros Santa Lucía rompe con Los Jardines

El contrato mercantil de representación que Seguros Santa Lucía mantenía con la familia Mayo fue restringido de forma unilateral por la compañía aseguradora. La misiva en la que Santa Lucía comunicaba su decisión a José María Mayo sólo argumentaba, según el mismo, conducta reprochable a Los Jardines. Tras la derogación de la relación contractual la compañía ofrece a los Mayo una indemnización que asciende a 200 millones de las antiguas pesetas. El gerente de los Jardines rechaza la oferta y lleva el asunto a los tribunales. La sentencia da la razón, en primera instancia, a Los Jardines. Sin embargo, José María Mayo recurre la decisión judicial que actualmente ha llegado al Supremo. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso. Las razones de Mayo para iniciar el proceso jurídico son económicas: cuando su familia gestionaba los servicios de la aseguradora, santa Lucía facturaba una media de mil millones de pesetas al año, 100 de los cuales eran beneficios. La indemnización (de 200 millones) propuesta por Santa Lucía era y es, a su juicio, ridícula.

A partir del 2002 la propia Santa Lucía se hace cargo de los servicios en la provincia de León. Según José María Mayo, desde entonces esta compañía habría desviado todos los servicios contratados por sus clientes a Serfunle SA en menoscabo de otras opciones. De esta manera, Los Jardines comienza a perder clientes.

Supuestas irregularidades en los cobros

Otra de las irregularidades que denuncia Mayo es el cobro desigual, y otros supuestos fraudes que cometería Serfunle SA en colaboración con Santa Lucía. Los precios funerarios, por considerarse un servicio de interés público, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia. Sólo se pueden rebajar estas tarifas por razones previamente establecidas, de carácter social, benéfico o cultural.

Según las pruebas aportadas por José María Mayo, Serfunle SA rebaja las tarifas a Santa Lucía y en ocasiones las aumenta para particulares.

El cliente de las aseguradoras contrata unos servicios por un capital determinado. José María Mayo sostiene que cuando, presuntamente, se le aplican descuentos a la aseguradora (por debajo de los precios publicados en el BOP), la compañía debería devolver la diferencia entre el capital facturado y el contratado.

Por todas estas supuestas irregularidades Mayo asegura que, en cuatro años, su empresa Los Jardines facturó cero euros; mientras que Serfunle SA ingresó una media de 900.000 euros al año.

:: Opinión: Las aseguradoras no dan la felicidad

El crudo tema del contubernio en torno a los muertos tiene sumido en un mar de dudas al contribuyente de esta ciudad. Amén del dantesco panorama dibujado a raíz de las denuncias y reclamaciones presentadas por el consejero delegado de la funeraria Los Jardines, José María Mayo, claras muestras de lo que una libre competencia jamás puede permitir, esta historia pone sobre la palestra la falta de información recibida por una ciudadanía que, a fin de cuentas, mantiene en alza la buena marcha del negocio. Si ya de por sí el establecimiento de un monopolio hiere mortalmente los derechos fundamentales del consumidor, abocándole a un mercado único sin base ni razón en estos tiempos, mucho peor resulta cuando del mismo se derivan factores tan lesivos como el oscurantismo y el incumplimiento de tarifas.

En este caso pocos son los agentes que intervienen y varios los habitantes afectados, podría decirse que todos en un momento u otro. Al frente del meollo, en pleno epicentro del huracán, Serfunle S.A., compañía mixta fundada en 2003 que viene a ser algo así como la confederación de tres ayuntamientos, León, San Andrés y Villaquilambre (poseedores del 51 % del accionariado) y la empresa privada Mémora Servicios Funerarios S.L. (49 %), sociedad dependiente de la todopoderosa Acciona. Una aseguradora, la de mayor volumen de clientes en el sector, sitúa su nombre, Seguros Santa Lucía, en la órbita de la citada compañía en cuanto al presunto aprovechamiento de defunciones se refiere. El escándalo nace porque una y otra, la encargada de velar por el normal cumplimiento de las normas que rigen un deceso y la responsable de cuidar el desembolso efectuado en esta materia por sus asegurados, obtienen beneficios mutuos de cooperación a la vez que, según Mayo, no informan y manipulan precios en claro detrimento del consumidor.

Los hechos, según copias de facturas denunciadas que ninguna de las partes acusadas ha querido aclarar, conllevan una supuesta extrema gravedad e incluyen conceptos de ineludible comprobación por parte del ciudadano, esté o no en posesión de una póliza de seguros. Dentro de las irregularidades cometidas, según Los Jardines S.A., destacan los más de 250.000 euros, dinero de los leoneses, regalados por Serfunle a Santa Lucía durante 2004 a cambio de una subida desproporcionada a los particulares, es decir, a los vecinos de esta capital que no hayan adquirido compromiso con una compañía aseguradora. Cabe clarificar que semejante discriminación que denuncia el consejero delegado de Los Jardines contraviene de pleno derecho la Ley de Haciendas Locales, por la cual queda fuera de lugar aplicar descuentos sobre tarifas públicas a no ser por razones sociales, culturales, benéficas o de interés público (se entiende que Seguros Santa Lucía no se adscribe a ninguna de estas prerrogativas). Si a ello unimos que el referido incremento de precios a particulares en ocasiones alcanza cantidades por encima de lo estipulado en el Boletín Oficial de la Provincia, el lance adquiere tintes de enorme trascendencia para el usuario. Otras anomalías salpican presuntamente, y según Los Jardines, a Santa Lucía (en realidad a todas las entidades ocupadas en cubrir decesos), como la escasa o nula información recibida por el cliente en la voluntaria elección del tanatorio o la diferencia entre la cantidad desembolsada en el capital asegurado y el coste real del servicio prestado por la compañía, cuyo importe pertenece al usuario y parece que no recibe. Se puede decir que existe una ignorancia espontánea de la gente en este ámbito, pero nunca debería ser aprovechada por quienes tienen la encomienda de hacer más fácil la tesitura. La turbiedad supuesta de una gestión que los leoneses, como el resto de moradores del planeta, se ven en la trágica necesidad de abordar, no debe incitar al conformismo y sí a una revisión de sus contratos y derechos antes que el luctuoso momento impida una lúcida visión del entorno que les rodea. Cuando menos, hasta su aclaración.

→Información elaborada por: Gerardo Iglesias y Natalia G. de la Riva

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