Madrid. España necesita una ley de acceso a las documentaciones e informaciones públicas que incluya la gestión del dinero público por parte de las administraciones y de las empresas privadas, así como los ingresos y gastos de los cargos públicos y de los partidos políticos, según varios expertos.

Ángel Expósito, director del diario ABC, Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Rock, columnista del diario mexicano El Universal y Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, han solicitado la creación esta ley en un seminario programado en la 64 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Madrid.

Rock ha explicado que en la ley debería aparecer el patrimonio financiero y el estado de salud de los cargos públicos porque es la mejor forma de luchar contra la corrupción. En México se conoce la agenda del presidente y se va a pedir a los diputados transparencia en sus cuentas bancarias para combatir el narcotráfico, según el columnista.

Por su parte, Expósito se ha mostrado a favor de publicar la financiación de los partidos, pero no de los presupuestos destinados a la Casa Real, puesto que este es un dato que “ya se conoce”. La directora ejecutiva de Access Info Europe ha explicado que la mayoría de los países europeos tienen ya esta ley (ochenta y cinco en todo el mundo) y en muchos de ellos se publican las donaciones que reciben los partidos políticos si son superiores a mil euros.

Al tiempo, ha denunciado que el PSOE prometió la creación de la ley en España dentro de su programa electoral, pero aún no lo ha llevado a la práctica. Expósito ha añadido que esta situación ha sido culpa de los políticos, pero también de la sociedad, porque está “dormida” y los periodistas no han fomentado el debate.

El responsable de ABC ha confesado que ha enviado una carta a varios directores de periódicos españoles para pedir juntos al Gobierno la creación de la ley, pero únicamente El País y el Periódico de Catalunya han mostrado interés sobre la cuestión. La descentralización administrativa es otra de las causas que justifican la ausencia de la ley, según Expósito, ya que si es complicado conseguir datos de un Gobierno, aún lo es más si provienen de las administraciones autonómicas o de los alcaldías.

En su informe ‘Cuando lo público no es público’, Darbishire critica que las administraciones dispongan de tres meses para proporcionar información al ciudadano y, además, habitualmente no contesten. Esta ejecutiva ha puesto como ejemplos una carta enviada al Ayuntamiento de Madrid que fue devuelta sin abrir y una petición al Ministerio de Cultura para saber cómo se gasta el dinero de los Derechos de Autor de los escritores.

El ministerio contestó a Darbishire que su petición “no es parte de un archivo administrativo”, y este es otro problema para la directora, porque la ley permitiría el acceso a documentos públicos, pero también debería contemplar que una base de datos es un documento. Esta duda tampoco se despeja en el borrador de acceso a los documentos públicos que el Consejo de Europa está preparando y que debería finalizar en otoño, pero que ha sido rechazado por los parlamentarios del Consejo el pasado viernes.

El documento no cumple los mínimos, según Darbishire, ya que no pone límite de tiempo a las Administraciones para responder y no se aplica ni al poder legislativo, ni al judicial, ni a las empresas privadas con fondos públicos. Asdrúbal Aguiar ha añadido que no se debe obligar al ciudadano a justificar su interés en esos datos públicos, tal y como ocurre en algunos países, y tampoco debe primar el secreto de Estado cuando los datos están relacionados con una vulneración de los derechos humanos.

Catorce Estados de América Latina (entre los que no están Argentina y Brasil) permiten el acceso público a esta información y Chile lo llevará a cabo el próximo año. La primera ley de este tipo nació en Suecia en 1766, pero no se ha empezado a desarrollar a nivel global hasta los últimos quince años.

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