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León. El 7 de Junio de 1996 se promulga un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento para la liberalización de la actividad económica en España. El artículo 22 de esta norma se refiere concretamente a la liberalización de la prestación de servicios funerarios, que hasta entonces había sido monopolio municipal. El decreto también recoge los consejos del Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con la necesidad de que las empresas funerarias obtengan una autorización reglada y de “numerus apertus” para trabajar en el ámbito local.
En 2005 se aprueba un conjunto de medidas para impulsar la productividad económica. Respecto a los servicios funerarios se recomienda modificar las normas de la policía sanitaria mortuoria y las condiciones de información a los familiares de los fallecidos para que se adecuen al marco de la liberalización.

Una de las reivindicaciones del sector y del Tribunal de la Competencia es que las licencias concedidas en un municipio faculten a las empresas para operar en todo el territorio nacional. A día de hoy, las autorizaciones expedidas por un ayuntamiento facultan a las funerarias a desarrollar todas sus competencias empresariales en su circunscripción y sólo para trasladar cadáveres en el ámbito estatal, algo a medio camino entre el monopolio público anterior y la pretendida liberalización.

Tras la promulgación de estas leyes surge Panasef, la patronal en la que se agrupan las principales funerarias del país. Más de la mitad de ellas en manos de dos grupos empresariales: Funespaña e Intur. En la práctica, ambas sociedades se han hecho con el control del sector gracias a la creación de empresas municipales de capital mixto, de las que poseen gran parte del accionariado. Pero en el mercado funerario existen otros elementos cuyo trabajo determina la actividad del sector: las aseguradoras, los hospitales y los geriátricos.

Según un estudio del observatorio de la competencia del Instituto de la Empresa, 21 millones de españoles cuentan con un seguro de decesos, con lo que las aseguradoras canalizan el 60% de la demanda. Según otro informe de Mapfre, estas pólizas atienden a más de doscientos mil fallecidos, de los trescientos ochenta mil que mueren al año en el país. Tres compañías gestionan el 75% de las pólizas de óbito: Mapfre, Santa Lucía y Ocaso, las dos últimas cuentan además con su propia empresa funeraria.

Los últimos agentes que participan en el negocio son los hospitales y los geriátricos. En el sistema sanitario español la mayoría de las muertes se producen en estos centros. La picaresca ha creado lo que el Instituto de la Empresa denomina “guardabarreras” o agentes que regulan el acceso de las empresas al mercado. Los empleados de estos centros poseen información rápida y directa sobre las defunciones que, en ocasiones, supuestamente cambiarían por incentivos económicos.

En León y su alfoz Serfunle SA —sociedad de capital mixto formada por los ayuntamientos y Mémora, una filial de INTUR— es ahora mismo la única empresa que oferta asistencia funeraria. Los Jardines denuncia, entre otras irregularidades, la falta de atención de Mémora al cementerio municipal. Según José María Mayo las instalaciones sufren graves deterioros.

Por otra parte, Seguros Santa Lucía tendría cerca de 35.000 pólizas de deceso contratadas en la provincia. Sus asegurados superan a los usuarios del conjunto de empresas de seguros del ámbito provincial.

El gerente de Los Jardines, José María Mayo, que permanece encerrado en las instalaciones de su firma emplazadas en San Andrés del Rabanedo, denuncia que la alianza entre la empresa mixta Serfunle S.A., las aseguradoras y “un oscuro personaje que responde a la definición de ‘el comisionista’ y al nombre de Gilberto de León”, han acabado no sólo con la facturación de su empresa, sino también con la libre competencia del sector en León.

:: Opinión | Un bollante negocio, proclive al capricho

La situación de desamparo del ciudadano leonés raya la extravagancia cuando de atender su necesidad mortuoria se refiere. Al menos eso se deduce tras examinar las causas que han llevado a nuestro querido Consistorio al protagonismo de un episodio más propio de Milenio 3 que de un sensato análisis sobre gestión municipal, tal es la necrofagia mercantilista desprendida. Una de las bases de este asunto, el meollo de la cuestión según las múltiples denuncias vertidas por el consejero delegado de Los Jardines S.A., tiene en la confabulación de los principales Ayuntamientos de León (la tan traída y llevada Mancomunidad Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre), la empresa privada Mémora (controlada por la omnipotente Acciona a través de Intur) y la aseguradora de decesos con mayor paquete de clientes de la provincia, Seguros Santa Lucía, su principal motor de funcionamiento. Es decir, el presunto monopolio y los que lo han conformado. La producción y puesta en marcha de un proyecto de miles de euros y sus actores estelares.

De ser verídicas las copias de facturas exhibidas por José María Mayo en su web-denuncia, la coyuntura huele a plan previamente establecido, a una técnica de mercado varios años en práctica cuya consecuencia final será previsiblemente la asunción total del negocio funerario por parte de la empresa privada, en este caso Acciona. La presunta conversión de monopolio público en oligopolio privado a cambio de vaya usted a saber qué. Mientras, en tanto no se consuma la operación que denuncia Mayo, la empresa privada recibe donaciones, subvenciones y demás prebendas bajo la disculpa de su naturaleza mixta. ¿Quién o qué cosa ha pagado solar y edificio del tanatorio de Eras? ¿Quién o qué cosa lo hará en Navatejera? ¿Qué pone Acciona, empresa privada, en todo esto? ¿Qué pone Acciona, empresa privada, a cambio de local y terreno gratis? La rentabilidad económica devorando la rentabilidad social y el reguero de cadáveres como daño colateral, otro más, del sistema, denuncia José María Mayo con su encierro. No es nueva la experiencia, sería dotar a nuestros munícipes de una capacidad para la inventiva que no tienen.

Puede decirse que a raíz del Real Decreto-Ley 7/1996 promulgado por Rodrigo Rato y José María Aznar sobre Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, que en teoría finiquitaba el monopolio municipal a favor de la libre competencia, parece que los buitres empezaron a planear sobre los muertos. Fue a partir de ahí cuando los Ayuntamientos crearon la Ordenanza Municipal que supuestamente les vino en gana y establecieron alianzas presuntamente dudosas con empresas privadas, cuando éstas empezaron a heredar el monopolio y constituyeron incluso una patronal, PANASEF, erigida por los dos grandes grupos del ramo, Funespaña e Intur de Acciona, denuncia Los Jardines S.A. Curiosamente, dicha colectividad se halla asesorada en su órgano de gobierno por dos ilustres cerebros de la Mancomunidad leonesa, Carlos Hurtado Martínez y Carlos G. Díez Espinosa, tal y como publica la propia página web de la entidad. Éste último, Díez Espinosa, gerente de Serfunle S.A.

Para dar de comer aparte, de ahí lo de la necrofagia, es lo de las aseguradoras, antes poseedoras de una red de proveedores con los que resultaba fácil llegar a acuerdos para controlar costes y hoy, -denuncia Los Jardines S.A.- en plena liberalización, armándose de valor y buen respaldo bancario, en constante regateo con la empresa que más les interesa… y en nuestra ciudad únicamente hay una, Serfunle S.A. (Servicios Funerarios de León Sociedad Anónima). Preside la misma el alcalde de León, Francisco Javier Fernández Álvarez; secundan a éste los alcaldes de San Andrés y de Villaquilambre, cuyos nombres sólo sonaran en época de elecciones.

León a la cabeza del mapa no sólo en número de empleados municipales.

Información elaborada por Gerardo Iglesias y Natalia G. de la Riva

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