Madrid. El Consejo General del Poder Judicial analizará hoy con las asociaciones de jueces y los jueces decanos los problemas de la Administración de Justicia y el “desánimo” que se ha extendido en la carrera judicial tras las consecuencias disciplinarias y políticas del llamado ‘caso Mari Luz’.

Las reuniones, convocadas por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, tendrán lugar un día antes del paro de los secretarios judiciales del martes en protesta por la sanción impuesta a su compañera del Juzgado de Sevilla cuyo titular, Rafael Tirado, no ejecutó una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Coincidiendo con ese paro de tres horas, el mismo martes hay convocadas juntas de jueces en los tribunales de toda España, con las que se pretende mostrar un “rotundo rechazo” a las “constantes injerencias” políticas en el ámbito disciplinario del CGPJ.

Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mostrando su desacuerdo con la sanción de 1.500 euros impuesta a Tirado por su actuación en el caso, han sido recibidas por los jueces como una intromisión inaceptable.

La Judicatura defiende que las facultades disciplinarias competen exclusivamente al Poder Judicial y que el Gobierno no tiene que adelantar cuál debe ser su actuación. Los representantes de las asociaciones de jueces dan por hecho que la reunión tiene que ver con esa “sensación de malestar” evidente y con las juntas de jueces convocadas. Desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Antonio García, considera “oportunísima” la convocatoria en un momento en que las “intromisiones absolutamente irresponsables” de algunos políticos han “desbordado cualquier línea roja”.

La APM pondrá sobre la mesa las carencias estructurales del sistema judicial, aunque García espera que en el encuentro no se produzca ninguna “llamada a capítulo” para intentar prevenir algún tipo de situación “caótica”, y está convencido de que los jueces decanos actuarán con la máxima responsabilidad.

Tampoco el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, cree que el Consejo pretenda dar un toque de atención a los jueces, sino pedir un voto de confianza para escuchar sus reivindicaciones.

Tanto JpD como la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) tienen la intención de trasladar al CGPJ que debe ser el “abanderado” de ese clima de desánimo en la carrera. Lorenzo del Río, portavoz de la AJFV, ve en la reunión un “acercamiento” del nuevo Consejo que, a su juicio, “debe abanderar” ese sentimiento de los jueces ante el “déficit” de la administración de Justicia que “en ningún caso” es imputable a la carrera judicial.

Se trata, según Gimeno, de trasladar al CGPJ que debe ser él mismo el que se defienda de las “injerencias” políticas y responda con contundencia. Un rechazo ya expresado por los jueces decanos durante su reunión en Cádiz el pasado 9 de septiembre y que han reiterado la semana pasada los presidentes de las Audiencias Provinciales en un comunicado en el que decían recoger el sentir generalizado ante la “crítica desproporcionada” de algunos políticos.

La coincidencia del paro de los secretarios judiciales con las juntas de jueces en muchos tribunales ha causado cierta preocupación en el CGPJ, cuyo presidente ha enviado un escrito a los de los Tribunales Superiores de Justicia advirtiéndoles de que las juntas no deben afectar al servicio público. De cara al paro de los secretarios, Justicia ha fijado unos servicios mínimos de entre el 30 y el 50% que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha calificado de “inaceptables”, y ha interpretado como un intento de “boicotear” su protesta.

En cualquier caso, los jueces y las asociaciones que les representan quieren desvincularse del paro de los secretarios, rechazan que pueda existir un “paro encubierto” y mantienen que las juntas convocadas, en principio, no deben suponer un perjuicio para los ciudadanos.

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