Madrid. Las protestas de jueces y secretarios judiciales por las sanciones impuestas a raíz del “caso Mari Luz” y las “presiones políticas” en torno a este asunto han paralizado hoy la actividad de los tribunales y elevado el clima de tensión entre estos sectores y el Gobierno, que les acusa de “corporativismo”.

Así, si desde el ámbito judicial se denuncia la “injerencia” de los políticos por reclamar un aumento del castigo al juez Rafael Tirado —multado con 1.500 euros por no ejecutar una sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de Mari Luz por abusar de su hija—, el Ejecutivo dice que son los jueces los que “presionan” al Poder Judicial, que debe revisar el caso, para que no lo haga.

En la Administración de Justicia hay “un movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad”, ha declarado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que ha advertido a los participantes en las protestas: “si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de Derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona”.

Justicia no discute el éxito del paro de tres horas de los secretarios judiciales y cifra en un 73,2% su seguimiento, mientras que las asociaciones que representan a este colectivo afirman que más del noventa por ciento de los convocados se ha sumado a la protesta.

Especialmente significativo, según las cifras facilitadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), ha sido el seguimiento en Sevilla, donde está destinada Juana Gálvez —suspendida de empleo y sueldo por dos años a raíz del ‘caso Mari Luz’— y donde sólo 6 de los 288 secretarios judiciales que allí trabajan no han secundado el paro.

En un comunicado conjunto leído frente a todas las sedes judiciales al término del paro, el CNSJ y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales han acusado al Ministerio de Justicia de encubrir la ausencia de reformas modernizadoras con la sanción a su compañera y han denunciado que la verdadera causa de lo ocurrido es la insuficiencia de medios.

Los efectos de la protesta en el servicio público se han visto amplificados por las juntas de jueces que, coincidiendo con este paro, estaban convocadas hoy en la práctica totalidad de los tribunales españoles, lo que ha hecho imposible la celebración de juicios incluso en algunos lugares en los que sí había un secretario judicial disponible.

Reacciones

La celebración de estas juntas, que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha llegado a calificar de “huelga encubierta”, ha terminado con la aprobación de unos acuerdos en los que, además de reclamar más medios humanos y materiales, los magistrados han denunciado las presiones políticas que en su opinión sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Especialmente duro ha sido el Tribunal Supremo, donde 46 magistrados de todas las tendencias ideológicas han suscrito un manifiesto en el que tildan de “intolerables” e “inaceptables” las manifestaciones “de relevantes sujetos públicos” y piden al CGPJ que no atienda a las demandas de una sanción “ejemplarizante” para el juez Tirado.

También los jueces de la Audiencia Nacional —donde según Justicia el paro de los secretarios judiciales ha tenido más seguimiento, con un 90,8%— han denunciado “las constantes injerencias de los responsables políticos” en las decisiones del CGPJ y han dicho que las críticas a éste persiguen “ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios” de los Juzgados.

Desde el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, también mostró su disconformidad con la multa impuesta a Tirado, el portavoz de Justicia, Federico Trillo, ha admitido hoy que hubo “excesos de opinión” en las críticas a la sanción cuando “desde la política no debe hacerse una valoración de las decisiones internas en la órbita disciplinaria”.

Muy distinta ha sido la reacción de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), que en nombre de los ciudadanos afectados por las protestas ha señalado que “no es de recibo” que los funcionarios de Justicia “pretendan convertirse en intocables ante las negligencias en su labor”. “El poder judicial parece más preocupado por su estatus como poder dentro de la estructura del Estado que como servicio público a los ciudadanos”, ha asegurado su portavoz, Dacio Alonso

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