Madrid. El Consejo General del Poder Judicial considera “positiva” la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que refuerza el papel de los secretarios judiciales para permitir que los magistrados “dediquen todos sus esfuerzos” a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Un informe aprobado por la comisión de estudios y que el pleno del órgano de gobierno de los jueces verá el próximo miércoles dice que “el juicio que merece esta línea de reforma (…) es, en general, positivo, dado que contribuirá a despejar dudas e incertidumbres sobre la materia, y dotará de mayor homogeneidad a la actuación de los Tribunales y de las Oficinas Judiciales”. El informe, redactado por la vocal progresista del CGPJ Margarita Robles y que cuenta con un voto particular de Concepción Espejel, propuesta por el PP, añade que la reforma —que de momento es un Anteproyecto de Ley que el Gobierno remitirá próximamente al Parlamento— permitirá superar “la desaconsejable dispersión o diversidad de prácticas que en ocasiones se venía produciendo”.

El objetivo de la futura ley es que los jueces puedan dedicarse con exclusividad a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para lo que es preciso “descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales, (…) y a ello tiende el nuevo modelo de la Oficina Judicial”, señala la exposición de motivos de la norma. “En ella, se atribuirán a otros funcionarios aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional y, por otra parte, se establecerán sistemas de organización del trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia de forma que su actividad profesional se desempeñe con la máxima eficacia y responsabilidad”, añade. Así, la reforma se orienta primordialmente “al fortalecimiento de las potestades que en materia de impulso procesal corresponden al secretario judicial”.

Aunque a éste ya le correspondía la ordenación del proceso, la reforma constituye, según el informe, “una mejora técnica en líneas generales, en cuanto viene a expresar, de forma determinada y precisa, las actuaciones que corresponden a cada autoridad”. Sin embargo, la ponente considera que “dada la separación de funciones existente entre jueces y tribunales, por una parte, y secretarios judiciales, por otra”, en el texto del anteproyecto “no vienen suficientemente articulados los mecanismos intraprocesales que permitan resolver las diferencias que entre ellos puedan surgir” a la hora de ver quién es competente para decidir sobre un asunto.

Una parte de la reforma que el informe considera “fundamental” es la atribución al secretario judicial del proceso de ejecución de las resoluciones judiciales, cuestión sobre la que el CGPJ ya se manifestó a favor en su día a través del Libro Blanco de la Justicia. A raíz del llamado “caso Mari Luz”, el juez de Sevilla Rafael Tirado atribuyó a su secretaria judicial —Juana Gálvez— y a los funcionarios de su Juzgado parte de la responsabilidad de no haber ejecutado la sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de la niña por abusos a su propia hija.

Por otra parte, en su voto particular, Espejel discrepa de la atribución al secretario judicial del señalamiento de los juicios y las vistas alegando, entre otras cosas, que una desavenencia entre éste y el juez en torno a este asunto “podría desencadenar un panorama de suspensiones de nefastas consecuencias para el buen desenvolvimiento de la actividad de los órganos judiciales”.

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