Análisis. El último pleno del Ayuntamiento de León deparó a los leoneses un espectáculo grotesco donde los haya, que pone al descubierto los tics totalitarios que habitan en el consistorio. Los ectoplasmas del socialismo unificador sobrevolaron por el pleno y después tomaron asiento encarnándose en los ediles de la bancada de gobierno. Su concepción de la administración transparente queda perfectamente retratada en la decisión que adoptaron: “la figura del interventor municipal pasará a ser designada como personal de confianza”. Con dos.

La libre designación y el concurso son dos figuras igualmente legales, para nombrar o elegir a un interventor, sí, pero no es menos cierto que la figura del interventor independiente, profesional, es parte integral y sustancial de una institución que pretende la transparencia. Propósito que no forma parte del programa del actual equipo de gobierno. Equipo que se regodeo en dicho pleno, por boca del edil de personal, Ibán García del Blanco (PSOE), en afirmar que es “más sano democráticamente que el interventor sea un cargo de confianza”. Con otros dos.

Lo más sorprendente, lo más revelador de lo que les estoy contando es que el concejal de la oposición, Pérez Cubero (PP) mientras defendía la conveniencia de elegir interventor mediante concurso, reconociera en un momento de su intervención, que su partido, en el pasado, también había incurrido en el mismo error. Testimonio que usó nuestro ínclito Francisco Fernández, para solicitar que constara en acta “que el PP también ponía gente a dedo”. Con otro par.

La figura del interventor contribuye a la pulcritud de las instituciones locales en todos sus procedimientos. En el caso que nos ocupa de los procedimientos financieros. Se espera de ellos que lo que firman y rubrican sea, efectivamente, actos realizados con la debida pulcritud. Pulcritud con los administrados y con las leyes y procedimientos en vigor.

El interventor sirve para separar las decisiones de gasto y pago. Nuestro modelo de administración es de estilo francés y se inspira en la tradicional desconfianza hacia el gestor para lo que aplica un mecanismo corrector, compensador. Los políticos gastan, los interventores pagan. Por eso es tan importante y lo es mucho más cuando la sombra de la sospecha pesa sobre quienes nos administran. Las sospechas en el caso de León están sobradamente fundamentadas: IBI, Lagun Air, despidos, privatizaciones… Se comprende bien, a la luz de los hechos, que las relaciones entre nuestros concejales, entre el Alcalde y el interventor hayan entrado en conflicto.

Los interventores están obligados a mantener las mínimas formalidades en los procesos financieros y era fácil conjeturar que la curva de conflictos entre la alcaldía, la distintas concejalías y la intervención subirían de tono en poco tiempo. El conflicto entre los que tienen que velar por la pulcritud de los procedimiento y los que gastan estaba en todas las hipótesis a la luz de lo que ya hemos visto.  Administrar escasos recursos, como es lógico, ha entrado en contradicción con el  barullismo, el antojo y el instinto neandertal, atávico, antiguo y a contrapié,  por el que se deja iluminar la actual administración municipal. Le acaban de dar una puntapié a la transparencia. Le han dado con tanta fuerza que la han enviado al último barbecho de la provincia.

El político y sus administradores intenta convencer, sistemáticamente, al interventor para que cierre los ojos ante esta y aquella irregularidad. Dicho de manera cruda: si el interventor accede a la irregularidad sobrevivirá como tal, si se opone, será remozado de su puesto. En las administraciones locales existen las figuras del interventor y del secretario como garantes del control interno. Y son esas garantías las que el actual equipo de gobierno se quiere pasar por la entrepierna para no tener límites en sus tropelías y barullos. Para que se entienda a la perfección de qué estamos hablando traigo a esta reflexión una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 2007, que confirma la pena impuesta a los concejales que votaron la reducción del 90% del complemento específico del puesto de la Secretaría Municipal. Lean. Los apartados destacados reflejan el clima que se puede crear entre unos y otros, en este caso, entre la secretaría y los políticos municipales, con poder ejecutivo:

Las relaciones entre alcalde y secretario municipal se tensaron a raíz de la intención del primero de que la Secretaria no formara parte de la mesa de contratación, pretendiendo que actuara como tal un auxiliar administrativo. En conversación privada le manifestó que fuera buscando otro ayuntamiento.

En esta situación de enfrentamiento se incluyó en el orden del día del pleno una propuesta del grupo mayoritario de reducción del noventa por ciento (90%) del complemento específico establecido para el puesto de secretario municipal (de 232.180 ptas. a 23.218) … Al realizar esta propuesta los acusados conocían que tal reducción exigía una previa valoración de la especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,… En el pleno se aprobó la propuesta con el voto favorable de todos los acusados.

… La decisión adoptada es injusta y arbitraria porque se modifica el complemento específico a una sola persona del ayuntamiento sin ninguna variación de sus funciones y en una cuantía de tal importancia que en la práctica supone su supresión, resultando la retribución más baja de la corporación, precisamente a quien ostenta la jefatura de personal, la fe pública y la misión de asesoramiento legal, y todo ello sin la necesaria motivación.

… En tanto la resolución prevaricadora proviene de un órgano colectivo, hay que declarar que todos los que prestaron su voto a la confirmación de la voluntad colectiva, tuvieron un efectivo codominio que los hace aparecer como coautores del delito.

… Existió un acuerdo arbitrario por parte de Alcalde y concejales que votaron a favor, con la finalidad de que la Secretaria se marchase del pueblo como así ocurrió.

Compártelo