El informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicado el pasado abril, se ponía al descubierto que había más de 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar. Entonces, provocó un gigantesco escándalo. En estos instantes la cifra, que se manejan 9 meses después es de 750.000 sentencias pendientes de ejecutar. El retraso crónico de las ejecutorias penales en menos de un años se ha doblado.¿Y cómo puede justificarse un atasco que ya supera los 750.000 casos, tanto en los juzgados especializados de ejecutorias penales como en los juzgados ordinarios de lo penal? Sólo en los juzgados de Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián se superan las 300.000 sentencias pendientes de ejecución. Algunas de esas sentencias no ejecutadas provocaron una gran alarma social. Casos como el del asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés a manos de un pederasta con una condena anterior que no llegó a ejecutarse; o el doble crimen de la localidad alcarreña de Alovera, en el que un sargento del Ejército sobre el que pesaba una orden de alejamiento y al que se le había retirado el permiso de armas, disparó contra su ex esposa y su actual compañero sentimental.

Pero el atasco en los juzgados penales es sólo la punta del iceberg del colapso que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, y que provoca que la misión de «juzgar y hacer cumplir lo juzgado», que la Constitución impone a los tribunales, no pase de ser, en esos cientos de miles de casos, una mera declaración de intenciones. Es en la jurisdicción civil, que dirime las disputas entre particulares por hechos no delictivos, como los conflictos mercantiles o de familia —pareja, menores, herencias…—, donde el caos alcanza cotas difíciles de superar. Los juzgados civiles de primera instancia acumulaban el pasado 31 de diciembre un millón de sentencias aún sin ejecutar, cifra que, según las asociaciones judiciales, podría haberse incrementado en más de un 30% a lo largo de este año.

En los 68 juzgados de lo Mercantil existentes en España la situación es, si cabe, aún peor, como consecuencia de la avalancha de concursos de acreedores provocada por la crisis económica. Los siete abiertos en Madrid —y dos más de refuerzo que tramitan en exclusiva los concursos de acreedores de Fórum Filatélico y Afinsa, las dos empresas intervenidas por la Audiencia Nacional en 2006 por estafa— soportan un volumen de trabajo superior al 1000%, porcentaje muy similar al de los seis juzgados de Barcelona. En Valencia, que sólo cuenta con dos juzgados, los procesos concursales han aumentado más de un 500%.

Si a esa saturación se añade que los juzgados mercantiles cerraron 2007 —cuando la actual crisis económica apenas empezaba a balbucear— con más de 18.000 casos pendientes de resolver, y que el desplome de la construcción y el mercado inmobiliario se traducirá, con toda seguridad, en un mayor aumento de los litigios, la alarma parece más que justificada.

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