Madrid. El pleno del Congreso debate una moción de la diputada de UPyD, Rosa Díez, en la que solicita la disolución de los ayuntamientos que están gobernados por representantes de ANV. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha garantizado que el Gobierno llegará contra ANV “tan lejos como le permita la Ley” y que hará todo lo que esté en su mano para, dentro del Estado de Derecho, actuar frente a ETA y a quienes apoyan a los terroristas, mientras que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha destacado que su partido estará abierto al acuerdo con cualquier fuerza política si el objetivo consiste en propiciar la disolución de los ayuntamientos que gobierna ANV. El PP pedirá en el Senado la disolución de los municipios gobernados por ANV.

:: El PP propondrá la disolución en el Senado

El Senado debatirá y votará el próximo miércoles, en la última sesión plenaria de 2008, una moción del PP en la que se insta al Gobierno a disolver los 42 ayuntamientos que gobierna ANV. La moción, que será defendida por el portavoz de Interior del PP en el Senado, Luis Peral, es, a su juicio, “una medida necesaria tanto por razones de seguridad pública como de higiene democrática”. El PP en la Cámara Alta plantea al Ejecutivo que apruebe, en el plazo más breve posible, un real decreto que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, disuelva las corporaciones locales gobernadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Además, el PP propone que se adopten las medidas necesarias para transferir a las diputaciones forales correspondientes las cantidades previstas para los municipios gobernados por ANV dentro del Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros. Los 42 municipios de ANV podrían llegar a recibir, en función de su padrón poblacional, casi 32 millones de euros, según estimaciones del Partido Popular.

Para esta formación política, “la lucha contra el terrorismo de ETA, en la que están comprometidos todos los partidos democráticos, requiere no sólo la adopción de medidas policiales y judiciales, sino también que los representantes políticos de dicha organización terrorista sean expulsados de las instituciones políticas del País Vasco y Navarra”. La moción del PP recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de septiembre de 2008 declaró la ilegalidad de ANV y su disolución.

El artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local establece la facultad del Consejo de Ministros de disolver, mediante real decreto, las corporaciones locales “cuando den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. Por ello, los populares consideran “necesario y posible” que se disuelvan los ayuntamientos gobernados por ANV, así como que se les cierre a estos consistorios el acceso al Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros.

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