Por Pablo Pinés. Los últimos meses están viendo como las protestas contra Bolonia en España han crecido en intensidad y notoriedad, y ya no tienen sólo un caracter antisistema, sino que incluso algún rector ha llegado a manifestarse en su contra. Y es que aprovechando la adaptación a ese nuevo marco europeo en España el gobierno está llevando a cabo una auténtica reforma universitaria de tal calado que fácilmente se podría decir incluso que lo de Bolonia es una simple excusa. No es que una reforma universitaria sea necesariamente mala, pues los universitarios bien sabemos que hay mucho que mejorar en la universidad, simplemente que no se ha hecho de la forma correcta, ni se ha dialogado por parte del gobierno lo suficiente y, sobre todo, las medidas y sus intenciones no gustan a casi nadie.

Desde el regreso de la democracia, pero sobre todo finales de los años 80 y principios de los 90, gracias a los fondos europeos, España vivió una explosión universitaria sin precedentes, aumentó enormente el número de estudiantes y se crearon facultades y universidades en todos los rincones del país. Pero la tendencia demográfica, y la estupidez de un sistema que permite tener dos carreras iguales en facultades separadas por apenas 30 kilómetros indicaba que eso no podía durar, y así fue. Esta necesidad de racionalizar el excesivo despliegue de centros universitarios y reducir los costes asociados, junto con el objetivo europeo de “convertir la universidad en un motor de crecimiento y foco de saber”, explican muchas medidas que de otra forma no se entienden.

El proceso de adaptación a Bolonia realmente implica poco más que la adaptación a los créditos ECTS, sus nuevas metodologías pedagógicas, y el suplemento europeo al título. Con eso, nuestro sistema de carreras de 3+2 años (3 para primer ciclo y 2 para el segundo ciclo) se podría convertir fácilmente, siendo el primer ciclo lo que en otros paises se llama “bachelor”, y el segundo ciclo “máster”. Y bastaría para conseguir ese objetivo de movilidad, de hecho la facilitaría.
Sin embargo, aquí el ministerio, tras darle muchas vueltas y cambiar muchas veces de dirección, ha decidido que se debe seguir un modelo de 4+2. Esto tiene implicaciones más profundas de lo que parece, puesto que, salvo el caso de las carreras que habilitan para profesiones reguladas, como la mayoría de las ingenierías (con la injusta excepción de la Ingeniería Informática), tanto diplomaturas como licenciaturas pasarán a convertirse en grados de 4 años.

Esto significa que los diplomados podrán hacer másteres, lo cuál es muy interesante para las universidades puesto que estos estudiantes hasta ahora no podían, y perjudica a los licenciados, puesto que sus cinco años pasarían a convertirse en cuatro años, lo que significa que la calidad de su formación se reducirá, y los títulos viejos se reconocerán con títulos que tendrán menos valor, en lugar de con grado+máster, que es como debería ser. Y eso sin hablar de los casos de quienes se vean atrapados en el cambio de plan de estudios, que generalmente significa que estos estudiantes tendrán que estudiar muchos créditos para obtener el título (entre el plan viejo y el plan nuevo). Ya se sabe que los cambios de plan de estudio rara vez benefician al alumno, y más bien suponen el riesgo de perjudicarlo enormemente. Por cierto, el coste por créditos de los másteres es sensiblemente más caro, y así es que vienen costando desde 800 hasta incluso 3000 euros al año.

:: Escepticismo

A mayores, el ministerio, en uno de esos cambios de parecer que tuvo estos últimos años, decidió suprimir el modelo de catálogo de carreras, en el que las universidades pedían alguna de las titulaciones existentes y las autoridades competentes (actualmente, las autonomías) decidían si se lo daban o no, a uno en el que las universidades elaboran sus propuestas libremente y luego una agencia del gobierno, la aneca, verifica que cumplen los mínimos para ser acreditadas. En el caso de las profesiones reguladas estos títulos tendrán que cumplir unas directrices de contenidos mínimos, pero para el resto las condiciones son mucho más libres.

Una de las características más nuevas del sistema implica que estos títulos nuevos tendrán que ser suficientemente atractivos para asegurar un nivel mínimo de matriculación (25 alumnos para los grados y 15 para los másteres por año en el caso de Galicia, si no recuerdo mal), y estar diseñados de forma que resulten acordes a la realidad socioeconómica y aseguren un buen nivel de empleabilidad, esto es, que estén al menos en parte diseñados para las necesidades de las empresas. Conjuntamente con la voluntad de aumentar la participación del sector privado en la financiación de la universidad, lo que implicaría mayor involucración de las mismas en las decisiones que se tomen dentro de la universidad, por ejemplo a través de los Consejos Sociales, esto es lo que ha hecho que frecuentemente se acuse a Bolonia de “mercantilizar la universidad”.

También se mezcla el tema de Bolonia con el de la renovación pedagógica, ya que los créditos ECTS significan contabilizar también el trabajo del alumno, en contra del actual modelo que sólo contabiliza las horas de clase presencial. SIn embargo, a pesar de los errores que a veces cometen los profesores en las experiencias piloto para la adaptación (y sé de lo que me hablo, las he sufrido), generalmente no es tan difícil, y desde luego no sirven para justificar ninguno de los demás cambios.

Con todos estos ingredientes vemos lo que significa, en esencia, la reforma que se está llevando en España a cabo con la excusa de Bolonia: reducir los costes de las actuales carreras que se convertirán a grados (reducir una carrera de 5 a 4 años significa ahorrar mucho dinero, y en las carreras que pasan de 3 a 4 años basta con convertir el cuarto año en uno de prácticas profesionales); aumentar la recaudación de las universidades permitiendo a los diplomados el acceso a los másteres y obligando a muchos licenciados a acceder a ellos para tener el mísmo tipo de formación (sirva como ejemplo que los segundos ciclos de las ingenierías reguladas se convertirán en másteres), con el mayor coste que supone este tipo de formación, y también poner a las universidades al servicio de las necesidades de las empresas a cambio de que estas aumenten su participación en los presupuestos de las mismas.

Por cierto, un detalle que no está del todo claro a dia de hoy sobre las nuevas titulaciones, pero que por la información que se tiene actualmente será así: si una titulación que sólo se enseña en un centro deja de impartirse, porque no cubre el mínimo de alumnos, pierde la acreditación de ANECA, o la razón que sea, eso deja en muy mala situación a sus titulados y estudiantes, como es obvio, pues se extingue, con lo que eso significa.

Con esto creo que queda claro por qué tanta gente está en contra de esta reforma universitaria, y porque ha habido tan poco información y tan poco clara. Sinceramente soy muy escéptico respecto a que sirva para mejorar el bajo nivel internacional de nuestras universidades (sólo 2 de ellas están dentro del Top 200 mundial, y en los puestos bajos), y más bien creo que sólo servirá para rebajar aún más su nivel, empeorar la situación de mala gestión que se produce en muchas universidades y que intentan solucionar con estas medidas, y en definitiva, demostrar que una vez más nuestros políticos no saben aprovechar los vientos de Europa para impulsarnos hacia el futuro.

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