Operación Gürtel. El Juez Garzón como parte de la investigación interna para determinar quién filtraba datos a los medios de comunicación, ha optado, por difundirlo urbi et orbe (Pulse aquí). La red de corrupción liderada por Francisco Correa pagaba a funcionarios públicos y autoridades para obtener tratos de favor, según se desprende del auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El auto establece que Francisco Correa es el líder de la red, seguido de Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los tres enviados a prisión la pasada madrugada. El diseño de la estrategia de ocultación que permitió a Correa llevar el control del “entramado societario sin que él figurara” consistió en “la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en la creación de estructuras fiduciarias opacas”. Hasta 23 sociedades formaban parte del entramado, según el auto.

Según lo investigado en las diligencias 275/08, “en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio”. El magistrado, que ordenó el ingreso en prisión de Correa al apreciar la existencia de riesgo de fuga, afirma que éste trató de salir de España el pasado día 7 para instalarse en Panamá —país en el que estaba intentando obtener la residencia de forma “fraudulenta”—, lo que fue el detonante de las detenciones.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que “quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo “al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras”. La ‘operación Gürtel’, la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional sobre una trama de corrupción que salpica a algunos municipios ‘populares’ alcanza ya a 37 personas. Estos son algunos de los principales implicados.

Francisco Correa. Este empresario detenido es el presunto líder de la trama de corrupción. Ha intentado durante años hacerse un hueco en el entorno del PP. Con amigos y enemigos en el partido, la investigación demuestra que se jacta de una presunta buena relación con sus dirigentes para conseguir contratos. En las grabaciones, llega a decir que llevó dinero al tesorero del partido a la sede de la organización y a su casa. Fue uno de los 25 testigos de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.

Pablo Crespo Sarabis. Fue el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia hasta 1999. Coincide en varias empresas con otros de los imputados en el caso, entre otras, con Special Events o Pasadena Viajes (contratadas por varios ayuntamientos del PP, entre otros los de Boadilla de Monte y Majadahonda). Fue uno de los primeros detenidos en la operación de la Audiencia Nacional contra la trama de corrupción que actuaba vinculada al PP.

Arturo González Panero. El ya ex alcalde de Boadilla del Monte es frecuentemente citado en las grabaciones de Francisco Correa, al que implica directamente. Desde que es alcalde (1999), el rico municipio del noroeste madrileño ha disparado su población y el precio de su suelo. Desde entonces también se han disparado los rumores sobre supuestas adjudicaciones irregulares y un presunto enriquecimiento no relacionado con su cargo.

Guillermo Ortega. El ex regidor de Majadahonda, otro rico municipio del noroeste madrileño, era hasta hace dos días gerente de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Mercado Puerta de Toledo. Su gestión está llena de denuncias, sobre todo relacionadas con la venta de una parcela municipal a muy bajo precio. Su jefa de gabinete cuando estaba al frente de la Alcaldía es la mujer de Francisco Correa, que fue detenida el viernes.

María del Carmen Rodríguez. Esposa del presunto cabecilla de la trama y ex jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda. Ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no tiene trato con su marido porque está en proceso de separación desde hace cuatro años, y que desde 2001 está desvinculada de sus empresas. Garzón ha optado por dejarla en libertad con comparecencias mensuales, pese a que las fiscales han pedido que comparezca semanalmente.

Alvaro Pérez Alonso. Responsable de Orange Market, una empresa que fue contratada en repetidas ocasiones por el PP de Valencia y por el Gobierno de la Generalitat de esa comunidad autónoma. Conocido como ‘El Bigotes’ está casado con una ex ‘mammachicho’ y está emparentado con Adrés Pajarés. Presumía de trajes a medida, casas lujosas, habanos y motos exclusivas.

José Luis Ulibarri. Presidente de Grupo Begar, un ‘holding’ empresarial con participación en más de una treintena de sociedades que abarcan desde la construcción a la comunicación, terreno en el que Ulibarri destaca como uno de los mayores empresarios castellanoleoneses. Su última aventura es Televisión Castilla y León, una nueva sociedad que acaba de ponerse en marcha. Su grupo facturó el pasado año 680 millones de euros. Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. “Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de “12.000 kilos”. El proyecto no cuajó. En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario. El proyecto siempre tuvo la oposición de la Confederación Hidrográfica del Jucar por no poder garantizar los recursos hídricos.

Ramón Blanco Balín. Ex consejero delegado de Repsol y ex directivo del Banco Zaragozano, NH Hoteles, Ercros, Barclays Bank o la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), entre otras. Actualmente, es socio o apoderado de más de 40 empresas, informa Europa Press.

Pablo Collado Serra. Mientras que los ‘populares’ gobernaron en Baleares, ocupó el puesto de gerente de la Fundación Baleares Sostenible. Antes, fue presidente de Joves Empresaris de Baleares y de la Asociación de Jóvenes Empresarios a nivel nacional. Collado trabaja para una de las empresas investigadas, Easy Concept.

José Javier Nombela. Es asesor del concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. En Facebook aparece como amigo de multitud de dirigentes ‘populares’, como el actual vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Manuel Delgado Solís. Ex alto cargo de la Universidad Complutense de Madrid cuando Gustavo Villapalos, vinculado al PP, ocupó el Rectorado.

Jacobo Gordon. Ex socio y amigo de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Ha sido administrador de la sociedad inmobiliaria Castano Corporate.

Guillermo Martínez Lluch. Director de Bancaja en Miami y consejero de Bancaja Eurocapital.

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