Por Oscar Elía Mañu · GEES. Uno de los aspectos cruciales de las elecciones del domingo en el País Vasco son las repercusiones directas para la lucha contra ETA. El futuro de la banda dependerá en buena medida del Gobierno que salga de las urnas: un gobierno situado frente a ella o un gobierno que continúe décadas de colaboracionismo. Colaboracionismo que viene de lejos: desde la llegada de la democracia, las reuniones, planes conjuntos y pactos entre ETA y el PNV se han sucedido sin interrupción. En 1977 y 1979, pistoleros y peneuvistas pactaban agendas políticas contra la Constitución y el Estatuto, con sangre de por medio. Después, el PNV ha acudido al rescate de la banda cuando la democracia la cercaba; tras la caída de la dirección etarra en Bidart en 1992, o tras el crimen de Miguel Ángel Blanco en 1997.

Otras veces la colaboración es indirecta: el entramado burocrático, institucional y administrativo vasco da cobertura económica, administrativa y legal al mundo etarra. Las subvenciones millonarias del Gobierno vasco a asociaciones culturales o sociales etarras, la parálisis de la Policía Autonómica, las iniciativas a favor de asesinos presos son buenos ejemplos. Pero sin duda, la gran cobertura que el nacionalismo no violento ofrece a ETA es la cobertura moral e ideológica. El nacionalismo —la reducción de la vida política y social al proyecto de construcción de una nación—, es una falsa religión: con dogmas, ritos, mitología y presencia en todas las manifestaciones de la vida vasca; deporte, cultura, fiestas populares y educación. Una religión oficial presidida por una cosmología según la cual el pueblo vasco, poseedor de todas las virtudes humanas y sociales posibles, y situado sobre un paradisíaco solar, fue desposeído de éste y sometido a la peor represión, por un invasor español revestido de sus peores vicios.

El Gobierno vasco proporciona esta comprensión institucional y esta justificación intelectual a ETA. Este es aspecto fundamental que aún hay que abordar: Una agenda constitucional real para PSOE, PP y UPyD empezaría por la desnacionalización de la administración vasca: desde ETB hasta la Ertzaintza, desde Salud hasta Cultura y Educación. Durante treinta años el nacionalismo ha construido un proyecto secesionista desde la administración y, ahora, la misma legitimidad respalda a quienes quieran desmontar esta especie de régimen político que además ampara al totalitarismo más atroz y criminal de Europa.

Para todo el nacionalismo, esto es una catástrofe de pesadilla. Para unos, porque caería el amparo burocrático e ideológico del gobierno nacionalista, su aislamiento social y político se agudizará, y con ellos sus recursos materiales y humanos. ETA parece haber intuido lo peligroso de la situación, actuando contra un PSE tentado de pactar con el PP, y advirtiendo al PNV de lo peligroso de ceder a los socialistas más de lo aconsejable. Otros consideran patrimonio peneuvista exclusivo un régimen en el que no está claro donde empiezan y terminan las Sabino Etxea, la Ertzaintza, la Kutxa, Confebask y hasta el Athletic de Bilbao.

La decisión corresponde a Rodríguez Zapatero, que nunca ha mostrado escrúpulos respecto a ETA. Antes de la tregua de 2006, el PSOE había negociado y pactado con ETA la voladura constitucional y estatutaria y la asimilación de Navarra. Tras el alto el fuego de abril de ese año, se echó atrás, incumplió lo prometido, y en 2007 ETA volvió a su actividad criminal. En medio de todo ello quedan oscuros episodios de la lucha antiterrorista aún no aclarados, como el de la legalización de ANV, el caso del bar Faisán o la manipulación de los “informes de verificación”. Pero lo peor y más preocupante de todo esto es el hecho de que nada obligaba a Rodríguez Zapatero a emprender ese camino; si lo hizo, fue por convencimiento ideológico y moral, encarnado pedestremente en su “ansia infinita de paz”.

¿Han cambiado tanto las cosas como para que tras el 1 de marzo quienes pactaban con ETA la marginación de la derecha, pacten con ella la eliminación de la banda?; ¿para que quienes desguazan la Constitución con los enemigos declarados de España pasen ahora a defenderla? Nada parece indicar este cambio, y todo indica lo contrario: Época ya ha denunciado la existencia de nuevos y oscuros contactos PSOE-ETA. En cualquier caso, la decisión última corresponde a Rodríguez Zapatero. A él corresponderá el mérito de acabar con la asfixia de las libertades en Euskadi y acelerar el fin de ETA. O deberá cargar con la culpa de convertirse, una vez más, en cómplice de esta situación.

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