Es incomprensible que no se hayan producido más careos entre los implicados en el asesinato de Marta y en la ocultación de su cadáver. Es, literalmente, incomprensible que se hayan tirado por la borda millones de euros en el peinado hidríco del Guadalquivir y se hallan ahorrado unos cuantos careos para poner los acusados, a cada uno de ellos, en su sitio y ante los hechos. También es incomprensible la actitud de la novia del asesino confeso, Miguel C.D., una niña, aunque no ingenua, y aún más incomprensible la actitud de su ‘mami’.

Son muchas cosas las que no se entienden. Que el asesino confeso Miguel C.D. le traslade la culpa al menor, a El Cuco, tiene un parte repugnante insondable. Al margen de si es cierto o falso, imputarle a un menor la responsabilidad de los hechos, ahora, después de confirmar que el cadáver de Marta no fue arrojado al río y que fue abandonada en un contenedor de la calle León XIII, huele a maniobra defensiva. Es fácil compartir las palabras del padre de Marta cuando afirma que los acusados “algo ocultan y viendo lo fríos y calculadores que son estos individuos, me temo lo peor”. “Se están cachondeando de la justicia y de mi familia”.

:: Cadena perpetua

El padre de Marta ha recordado que no recibió ningún compromiso por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni del líder del PP, Mariano Rajoy, sobre este asunto. Del Castillo ha finalizado diciendo que con la ley actual la pena máxima es de 30 años de cárcel y que son los familiares de Marta los que están cumpliendo una “cadena perpetua”. Antonio del Castillo ha informado de que han recogido más de 280.000 firmas para pedir un referéndum sobre la cadena perpetua

No se entiende el horror, decimos en Peatóm, que experimentan nuestros políticos al concepto “cadena perpetua” y los remilgos sobre su posible inconstitucionalidad. No se entiende su remilgos a la expresión “cadena perpetua” y los pocos que demuestran con los crímenes horrendos, más allá de cuatro golpes de pecho y caras compungidas. Tampoco se entiende la actitud de algunos penalistas. La privación de libertad y la cárcel tienen que estar orientados a la reinserción social y nadie lo discute, el pueblo no lo discute. Discuten ellos, y están solos, unos y otros, los políticos y algunos penalistas de postín, la necesaria proporcionalidad de las penas.

Menoscaban los políticos el papel reparador que la justicia debe ofrecer a las víctimas, lo que ocurre si las sentencias no son proporcionales al delito. Lo que está pasando es intolerable. Nadie discute que la cadena perpetua pueda ser revisable, periódicamente, y cuando se cumplan una abanico de requisitos. Lo que está en cuestión es la apuesta cerrada que hacen los políticos al anteponer los derechos de los verdugos sobre los de las víctimas. El afán de los españoles por ser escuchados, y las firmas recogidas solicitando un referéndum no pueden tomarse a beneficio de inventario, debiera ser escrupulosamente respetado y si la constitución no lo contempla, como es el caso, cámbiese la Constitución.

La única opción que le queda al pueblo español, para librarse del embudo jurídico y político de una clase política encanallada, es cambiar de políticos. Huele a podrido y no importa que parte del sistema se toque. La palabra ‘cadena perpetua’ no es nueva y tampoco es nuevo que la virtualidad reinsertora de los programas penitenciarios dista mucho de lograr los objetivos que se propone. Los programas carcelarios no son la purga de Benito. La función punitiva de la administración de justicia se está diluyendo en un mar de argumentos fantasiosos sobre la fuerza reinsertora de los programas carcelarios.

Para cualquier mortal, lo que queda claro, es el poco aprecio que tienen nuestros políticos por la vida de la víctima y el mucho, ¡que contrasentido!, que siguen teniendo por la vida y derechos de los verdugos. La sombra de ETA es muy alargada. Y las componendas que nuestra clase política se trae con dicha banda está lastrando la calidad de nuestras leyes, la correcta interpretación del papel de la Justicia y de nuestro sistema penitenciario.

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