Unos 64.000 docentes catalanes estaban llamados por los sindicatos para ir a la huelga, la tercera en poco más de un año, para protestar por la política educativa de la Generalitat y, en concreto, por la futura Llei d’Educació, en tramitación en el Parlament. Según los sindicatos, y por tipos de centro, entre el 70% y el 80% de los profesores de Primaria secundaron el paro. En la educación Secundaria la huelga fue seguida por más del 70% del profesorado. En ESO y Bachillerato el 69% y en las guarderías el 48%.
Y no es causa menor de las protestas, aunque no se hable de ello, por ser políticamente incorrecto, el artículo 2.8 apartado a) de la citada Ley que en el título preliminar establece “el cultivo del sentimiento de pertenencia como miembros de la nación catalana”
La fuerza de la convocatoria quedó patente con la cantidad de manifestantes concentrados en la Plaza Universitat de Barcelona. Los sindicatos han cifrado en más de 80.000 personas los asistentes a la manifestación. La Guardia Urbana ha bajado esta cifra a 23.000. La disparidad de cifras destaca por el hecho de que los sindicatos aseguran que la movilización de hoy es la más importante que ha vivido la escuela en los últimos años, mientras que la Guardia Urbana da un número de participantes muy inferior a la de otras ocasiones.
La marcha comenzó a mediodía. Los gritos pidiendo la dimisión del conseller Maragall han sido los más coreados por los miles de maestros que se han concentrado en la manifestación, algunos de ellos acompañados por sus hijos, así como por los cientos de estudiantes que se han sumado a la marcha. A la manifestación se unieron estudiantes antibolonia en protesta por la represión policial de ayer.
Encabezaron la marcha los secretarios generales de UGT, Josep Maria Álvarez, y de CC.OO., Joan Carles Gallego, así como los dirigentes de los sindicatos de enseñanza. Al finalizar la marcha, que ha transcurrido sin incidentes destacables con la excepción de algunos momentos de tensión entre Mossos d’Esquadra y estudiantes, los sindicatos han leído un manifiesto en la plaza Sant Jaume.
:: Maragall no alterará sus planes
Maragall ha subrayado que esta protesta no alterará sus planes de gobierno, aunque se ha propuesto “recuperar la confianza” del colectivo de maestros porque dice estar “preocupado”. Ha anunciado su “determinación a seguir gobernando el cambio de la educación en Catalunya desde hoy con la misma convicción, firmeza y con el mismo contenido”. “Es natural que la estrategia de cambio genere recelos. ¿Pero es esto motivo suficiente para pararla? No”, ha concluido.
:: Huelgas precedentes
El rechazo al proyecto de Ley de Educación ya llevó a los sindicatos más representativos -USTEC-STEs, CC.OO., ASPEPC, UGT y CGT- a convocar una primera huelga de maestros el 14 de febrero de 2008, que tuvo una importante repercusión en la escuela y que sacó a la calle a unos 50.000 docentes y estudiantes. La movilización consiguió que el departamento de Educación modificara algunos de sus planteamientos iniciales del proyecto de ley que, pese a eso, fue aprobado por el Ejecutivo y llevado al Parlament sin contar con el consenso de los sindicatos.
La central mayoritaria, USTEC, junto con ASPEPC y CGT, convocaron un segundo paro el 14 de noviembre que tuvo un seguimiento mucho menor, entre otras razones por la división sindical, ya que CCOO y UGT optaron por no llamar a la huelga y limitarse a organizar una concentración ante el Parlament pidiendo un cambio en la política educativa de la Generalitat.
Los representantes de los docentes acusan a Ernest Maragall de “incapacidad” y “negligencia” a la hora de “resolver los problemas reales que tienen planteados hoy los centros educativos públicos, como la masificación de las aulas, el déficit en las construcciones escolares necesarias, el profesorado insuficiente y las restricciones y arbitrariedades en la adjudicación de plantillas”, entre otros motivos. Y no es un motivo menor, aunque no se hable de ello, por ser políticamente incorrecto el artículo 2.8 apartado a) de la citada Ley que en el título preliminar establece “el cultivo del sentimiento de pertenencia como miembros de la nación catalana”.






















