Análisis. Los partidos políticos no están ni a las caídas. Ni dicen, ni hacen, solo desdicen y desdiciendo cubren el expediente y llenan titulares. Un colectivo de 96 economistas ha realizado un manifiesto para intentar poner freno a la destrucción de empleo. El manifiesto advierte que “ni las políticas de estímulo fiscal, ni las de fomento del empleo, serán eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo”.

Y si algo llama la atención es que es la sociedad civil, abrumada, se está movilizando y levantando las enaguas a toda la clase política. ¿Y qué le pasa a nuestra clase política? Pues que con la enaguas levantadas aflora toda la verdad, son figurantes, es asexuada y está a verlas venir. Sin novedad. Los que se manifiestan, un total de 96 economistas, especialistas en economía laboral, coordinados por FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) proponen cuatro ámbitos de actuación urgente para acabar con la dualidad laboral, para mejorar la protección de los parados, para modernizar la negociación colectiva y para aumentar la eficacia de las políticas de empleo.

Dualidad Laboral. Proponen simplificar el menú de contratos. Un único contrato indefinido y eliminación de todos los contratos temporales, excepto los que están afectos a sustituciones de trabajadores por bajas temporales. Las indeminizaciones deberán aumentar de forma gradual en función de la antigüedad, hasta llegar como máximo a 20 días por año. Tampién se propone incentivar los contratos a tiempo parcial.

Protección de los parados. Propone nmejorar las prestaciones por desempleo, generando fondos específicos a beneficio del trabajador que quede en desempleo (modelo austriaco).

Negociación colectiva. Los agentes sociales deben aceptar la descentralización de la negociación colectiva, adaptándola a las peculiaridades de cada territorio, sector industrial y tipo de empresa. Único modo de mejorar la productividad.

Políticas de empleo. Deben mejorar las políticas dirigidas a los trabajadores con menor cualificación y coordinarse con las políticas de prestación por desempleo.

:: Ingenuidad y expertismo

Existe demasiada ingenuidad en las propuestas del manifiesto. Denota exceso de paternalismo y da por supuesto, muy alegremente, la eficacia de tanta tutela cuando no existe base empírica para sustentar tanta alegría. La liberalidad es la mejor política de empleo. Reducir los costes de contratación, de mantenimiento del contrato y de despido es la mejor política de empleo. Desburocratizarla y desreglamentarla es otro activo de importancia capital para mejorar la cantidad y calidad del empleo. El paternalismo y tutela del Estado obscurece y dificulta la actividad económica y empresarial.

La empresa en ningún caso debiera operar como intermediario recaudador. Las empresas no son agentes del Estado, son agentes privados. Los ciudadanos uno a uno o en grupo, como lo deseen, unos y otros, debieran establecer sus lazos, sin intermediarios, con las empresas. Y los ciudadanos, a su vez, debieran estar libres de tutelas para establecer uno a uno o en grupo, como lo deseen, establecer sus lazos con la administración sin tener a las empresas como intermediarios. Los ciudadanos debieran ser libres para liquidar sus impuestos y abonar sus cotizaciones, compromisos u obligaciones, con las distintas administraciones públicas. No es competencia de la empresa dicha actividad recaudadora.

Todo vínculo que pueda ser sencillo, directo y natural debe ser desintermediado urgentemente. La legislación está escrita desde la premisa de que el trabajador es un estúpido, un potencial sinvergüenza y un enano mental cuya cartera necesita ser administrada por un tercero (las empresas). Del mismo modo que da por seguro que el empresario, por serlo, es un delincuente, al que hay que vigilar, excepto que sea amigote o muy rico.

El otro elemento decisivo para hacer efectiva la ayuda mutua y la solidaridad con los que no tienen trabajo, están enfermos o son visitados por el infortunio es la mejora, mejora muy sustancial, de sus derechos civiles en tanto que ciudadanos y no en tanto que trabajadores. Entre dichos derechos está el ser merecedor, por español, y por pertenecer a la comunidad española, de garantías básicas constantes. Estamos en el siglo XXI.

Los expertos siguen ofuscados en identificar o equiparar ciudadano con el lugar que cada uno ocupa en la estructura productiva. Es un camino muy trillado, equívoco, fracasado, demasiado ensayado y sobremanera mezquino y deshumanizante. La lucha de clases no es el motor de la historia. ¿Capitalismo, socialismo… qué demonios es todo eso? El verdadero motor de la historia es la sabiduría moral y el conocimiento. Se nos debe respeto en tanto que ciudadanos responsables y no por el lugar que ocupamos en la estructura productiva. Ha llegado la hora de separar churras y merinas. Las empresas son actividades privadas y se deben al caudal de garantías que cada comunidad establece para su actividad, la que fuere, pero en ningún modo son actividades que deban permitir la ingerencia y tutela de terceros (el estado o las administraciones) o invasivas de los derechos de sus trabajadores a los que retienen sus impuestos y sus cotizaciones por mandato del Estado. Abolir y extirpar el disparate, la aberración burocrática, es una misión cívica de primer nivel.

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