Cataluña. La nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) aprobada con los votos del PSOE, ERC, IU y CiU, excepto Ciutadans y el PP, ha puesto la puntilla a la sentencia de muerte a la lengua española, dictada hace tiempo, en el territorio de Cataluña. La clase política catalana ha hecho valer el Estatut, impulsado por el PSOE y ratificado por las Cortes Españolas. La nueva Ley ha sido aprobada en la Comisión de Educación y Universidades del Parlamento Catalán y será sometida al pleno a primeros de junio.

Su aprobación ha sido muy numerera, mediática y cargada de simbología de afirmación nacionalista. Se ha leído el articulado con mayor significación política e independentista, se ha aprobado, se ha retransmitido el acto y ha constituido la prueba de fuego de que el nacionalismo catalán no juega y que el socialismo de acuellas tierras, dirigido por charnegos con complejos (no por catalanes y españoles), hace sus propios cálculos eugenésicos. La clase política catalana está cavando las trincheras jurídicas y legales porque avista un pronunciamiento independentista. El que anuncian públicamente cada vez que pueden, sin ambages ni medias palabras y con pristina claridad. Las cosas sí pasan.

Una cosa es la clase política y otra bien distinta el pueblo catalán como expresión del grado de deterioro institucional que padece España y al que la clase política que tenemos, acanallada, no quiere poner remedio. La clase política catalana, liderada, por el Gran Charnego, José Montilla, presidente del Generalife Catalán, se ha puesto el Estatut por montera y la Constitución por rastrojo (entre todos la mataron), entretanto un Tribunal Constitucional zaherido no encuentra tiempo —y casi es mejor— para dictaminar sobre la Constitucionalidad del Estatut.

¿Quién defiende los derechos civiles de la mayoría de la población de Cataluña (hispanoparlantes) de la desventura de un Estatut que fue aprobado en referéndum, escasamente por un ciudadano de cada tres, que se dice pronto? Las administraciones locales de Cataluña no les defienden, la Generalitat los persigue y el Estado Español, entero, está aconchabado con los verdugos. Conclusión: nadie les defiende. ¿Les defiende el resto de pueblo español? El pueblo español no defiende nada ni a nadie, lleva años pasando, dedicado a la hipoteca, al todoterreno y a las vacaciones en paraísos sexóticos. Ahora está ocupado —ocupación pasajera— haciendo cola en las oficinas del INEM, pero porque quiere no porque exista crisis.

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