Excarcelación. El caso Marta del Castillo es una prueba empírica, experimental, de la capacidad de hipocresía de nuestras fuerzas políticas y del celo, del extraordinario celo, que nuestras leyes e instituciones ponen en proteger al verdugo y dejar en el más absoluto desamparo y sin justicia a la víctima. El padre de Marta del Castillo ha afirmado sentirse “mal” tras la noticia de la excarcelación de Francisco Javier D.M., hermano del asesino confeso de su hija, y ha dicho que “cuando nos demos cuenta va a ser Marta la que tenga la culpa de todo y a la que se le imputen las cosas”. Francisco Javier D.M. ha pasado de cerebro de la trama ha su puesta en libertad. Y dado que, por muchas razones, parece obvio que sabe más de lo que sabe, su puesta en libertad puede ser utilizada para eliminar pruebas si es que no han sido eliminadas ya. Es un razonamiento que se hace el padre de María. Por su parte, el abuelo, pregunta quién, entre todos, defiende los derechos de su nieta.

Es obvio para todos los ciudadanos que los cuatro imputados en la muerte y desaparición de Marta del Castillo ocultan información, que saben más, mucho más y que están obstruyendo el esclarecimiento de los hechos. Es obvio para todos excepto para los implicados en desentrañar lo sucedido, al que cabría sumar la desidia del conjunto de fuerzas políticas que, en su conjunto, rechazan cualquier iniciativa, aunque sea popular o con formidable apoyo popular, porque ellos, y solo ellos, están en la verdad. Los políticos, por su parte, a escala nacional, están despreciando su importante trascendencia social que tiene el caso.

:: Falta de colaboración con la justicia

No es de recibo que un asesino confeso que sabe más de lo que dice, oculte sus fechorías, con tanto desparpajo, que no exista método alguno para obtener la verdad y tampoco procedimiento, lo que es el colmo, para proporcionar justicia a la víctima. Si al fresco que acabamos de describir se le une que la clase política, como un todo, se ha sindicado para impedir que el pueblo se pronuncie sobre la reintroducción de la cadena perpetua, aunque revisable, en el código penal, tenemos el retablo completo.

Cuando el padre se lamenta de no ser escuchado o de que los responsables de esclarecer lo ocurrido no puedan obtener mejor información, cuando existe un asesino confeso, la clase política se vuelve hacia él y de manera intimidatoria le recriminan: ¿está usted sugiriendo que debemos torturar a los detenidos? No es una pregunta tolerable. La diferencia entre obtener información con una buena investigación, una mejor instrucción del sumario y la tortura hay un trecho muy grande y los padres de Marta tienen derecho a ocupar el espacio que crea dicha diferencia. La clase política y sus comparsas bajo ningún concepto puede negarle a los padres de Marta el derecho a ocupar dicho espacio.

La diferencia existente entre obtener justicia y sentir y comprobar que todo indica que no será posible, no aparece el cuerpo de Marta, se está excarcelando a los implicados y no existe pena añadida, ejemplar, por obstrucción a la justicia (no colaboración en el esclarecimiento de los hechos), es un espacio que tienen derecho a ocupar los padres de Marta y los ciudadanos estamos con los padres de Marta.

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