Ley del Aborto. Los Obispos han emitido un sereno y clarificador, amén de exigente, comunicado, antes de que se haya aprobado la Ley del Aborto, en el que acusan al Gobierno de utilizar la salud “como excusa para eliminar a los que van a nacer”, de “negar o devaluar al ser humano para intentar justificar su eliminación” y adviertiendo a los políticos católicos que no deben “darle su voto”.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha precisado que la Iglesia “nunca organiza protestas, nunca ha promovido acciones que no sean iluminar la conciencia de los católicos para configuración de un juicio moral adecuado”. “Los católicos no deben cumplir dicha ley y objetar. “Ante una ley que llama derecho a la violación del derecho fundamental de la vida, es legítima la objeción de conciencia”. Martínez Camino sentenció que el Tribunal Constitucional ha dictado en varias ocasiones que “la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.

Mártinez Camino ha condenado que el Estado “imponga una determinada educación moral a todos los ciudadanos”, sobre todo cuando es “una moral basada en el abortismo y la ideología de género”. Los obispos comienzan denunciando uno de los aspectos “más sombríos del anteproyecto socialista: “En las primeras 14 semanas, la gestante decide sobre la muerte del que va a nacer: la violación del derecho a la vida, tratada como si fuera un derecho”.

“Decidir abortar es optar por quitar la vida a un hijo ya concebido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad. Es una decisión sobre un hijo indefenso y totalmente dependiente de quien lo lleva en su seno. Es, según el Concilio Vaticano II, un ‘crimen abominable’, ‘un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida’”. “El propio Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad”.

En segundo lugar, los prelados españoles aseguran que el anteproyecto utiliza “la salud como excusa para eliminar a los que van a nacer”, porque “hasta la vigésimo segunda semana, ambiguas indicaciones médico-sociales: la medicina y la sanidad, falseadas, al servicio de la muerte”.

:: Insuficiente razón

La jerarquía católica denuncia, además, que “frente a la evidencia de que donde hay un cuerpo humano vivo, aunque sea incipiente, hay un ser humano y una dignidad humana inviolable, se establecen plazos de gestación y de presencia humana de los que no es posible dar razón suficiente”. Y, por lo tanto, lo que se hace es “negar o devaluar al ser humano para intentar justificar su eliminación”.

:: ‘No se apoya a la mujer’

También desmontan los obispos el argumento del supuesto feminismo del anteproyecto de ley del aborto. A su juicio, “no se apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus graves consecuencias”. Al contrario, se facilita a las gestantes la eliminación de sus hijos, en lugar de proteger la maternidad y la familia para “evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto”.

“Privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado, porque deja al arbitrio individual la vida de los que van a nacer, en vez de reconocerla como un fundamental elemento constitutivo del bien común que merece protección y promoción”. “Se comete la injusticia de imponer una determinada educación moral sexual, que, además, por ser abortista y “de género”, tampoco será eficaz ni como verdadera educación ni como camino de prevención del aborto.

La Conferencia episcopal pide “leyes justas que no confundan la injusticia con el derecho” y advierten a los políticos católicos que no deben aprobar el anteproyecto de ley socialista. “El Anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto. Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón”.

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