Enfermería. La rueda de prensa del gerente del Complejo Hospitalario del Gregorio Marañón, Antonio Barba, —que mucha gente, además de la profesión de enfermería, considera infame por dañina, corporativa e insidiosa— ha recibido su justo merecido por parte del Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería que iniciará acciones legales contra su persona. Ha sido anunciado por su Presidente González Jurado. Los enfermeros, lógicamente, y con gran sentido común, consideran “inmorales e indecentes” las declaraciones de Antonio Barba cuando califica de “terrorífico error profesional” el hecho que motivó la muerte de Rayán, el bebe prematuro de la primera víctima de la Gripe A, Dalila.

El Consejo General de la Organización considera que la condición de un “terrorífico error profesional” solo puede ser afirmado de forma categórica por un juez y tras concluir una investigación. A muchos ha sorprendido el argumentario insidioso utilizado por Antonio Barba para derivar todas las responsabilidades hacia una joven enfermera (de 22 años), como si el error médico fuera algo impensable y descartable, en la práctica hospitalaria. Hubiera sido mejor para todos, pensamos en Peatóm, que la información sobre el luctuoso incidente se hubiera proporcionado de forma más técnica, menos interesada y bastante menos tripera (falsamente emotiva).

González Jurado aseguró que cualquier profesional de Enfermería que trabaje en la Unidad de Neonatología de un hospital debe estar debidamente cualificado para practicar actividades de “alto riesgo” como la que provocó la muerte de Rayán. En el marco de una multitudinaria rueda de prensa, el máximo responsable del personal de Enfermería en España anunció que han abierto una investigación para determinar la “concatenación de errores” que provocó la muerte del bebé de Dalilah.

González Jurado advirtió de que “cuando las enfermeras salen de la facultad tienen toda la responsabilidad de sus actos”, pero matizó que “sólo están preparadas para ofrecer unos cuidados generales y, por tanto, no pueden dar seguridad clínica en actividades de alto riesgo” como las que implica la atención a recién nacidos. “Hemos de hablar de presunto error”, ha añadido, “porque aún ha de determinarse si son hechos aislados o concatenados con otras circunstancias”.

Para dicha formación, González Jurado, explicó que es necesario que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud termine de desarrollar la especialidad de Enfermera Pediátrica y otras que recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) —una de sus continuas reivindicaciones—, así como un periodo de residencia, similar al sistema MIR de los médicos, que permita a las enfermeras hacer prácticas antes de iniciar su etapa profesional.

:: Punto y aparte para el mundo de la enfermería

A su juicio, lo sucedido es una “tragedia griega” que “va a suponer un punto y aparte para todo el mundo de la Enfermería”, por lo que tras concluir su investigación se pedirá depurar todas las responsabilidad “la tenga quien la tenga”. Ante las posibles consecuencias jurídicas que puedan derivarse de la investigación, el presidente del Consejo General de Enfermería informó de que hace nueve años hubo un “caso gemelo” en Canarias, donde una enfermera “con amplia experiencia profesional” cometió un error similar al actual y lo reconoció ante un juzgado. En su caso, la enfermera fue condenada a un año de prisión y tres de inhabilitación.

Esto demuestra, como explicó, que “no es un hecho excepcional” y, por tanto, se debe trabajar para “minimizar cualquier riesgo” propio de una actividad sanitaria como ésta.

Sin embargo, en el caso de la enfermera del Gregorio Marañón, González Jurado pidió “esperar a que acabe la investigación” y, hasta entonces, acogerse a la presunción de inocencia de esta profesional, que está “sufriendo muchísimo” y recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya que “en una situación como ésta, es una persona muerta”.

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