Corrupción. Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, ha demitido. Se ha presentado como una dimisión temporal, transitoria, hasta que pueda demostrar su inocencia. Está imputado por cohecho y delito fiscal. En su defensa afirma que en los papeles que le incriminan —parte de la Operación Gürtel—, y que hacen referencia a L.B. (Luis el cabrón), el tal cabrón no es él sino Luis Delso, un empresario madrileño.

Su dimisión se ha presentado como un acto de lealtad al partido y el PP reitera que sigue confiando en su inocencia. El senador por Cantabria está imputado provisionalmente por el Tribunal Supremo. El propio Luis Bárcenas se comprometió ante Mariano Rajoy a presentar su dimisión si el Supremo, finalmente, decidía imputarle y solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta para investigarle.

El suplicatorio no se ha producido y Luis Bárcenas ha presentado la dimisión. También ha decidido disponer de sus propio equipo jurídico, distinto del del Partido Popular, y ha contratado a un asesor para organizar sus relaciones con los medios de comunicación. Según el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón, Luis Bárcenas podría haber recibido 1.353.000 euros en concepto de pago por los contratos adjudicados a las empresas de Correa.

Aunque oficialmente la dimisión de Bárcenas no se vincula con la decisión que tiene que adoptar el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, fuentes jurídicas no han descartado que en los próximos días e incluso esta misma semana Monterde decida solicitar dicho suplicatorio. Esa posibilidad es también una de las tesis que manejan los dirigentes populares, que desde un primer momento han dejado claro que quieren que el caso se resuelva cuanto antes y a ser posible antes de las vacaciones de verano. El Juez Francisco Monterde podría, igualmente, archivar el caso si no halla indicios suficientes para imputarles de los delitos de cohecho y fraude fiscal.

La red de corrupción, formada por Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez (’El bigotes’) y Antoine Sánchez, pagaba a funcionarios públicos y autoridades —con trajes, dinero, regalos, coches—para obtener tratos de favor en la concesión de eventos. Según lo investigado en las diligencias 275/08, “en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio”.

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